Políticos, analistas y medios de comunicación de Ecuador rechazaron hoy la propuesta del gobierno de llevar a consulta popular la negociación de paz con Perú, e instaron al presidente Fabián Alarcón a afrontar los riesgos de la gestión diplomática emprendida.
Según Alarcón, el compromiso alcanzado el lunes en Río de Janeiro por las delegaciones negociadoras de Ecuador y Perú, que los obliga a lograr un acuerdo definitivo antes del 30 de mayo, debe contar con el respaldo del pueblo ecuatoriano.
"El presidente pretende imprimir mayor fuerza al proceso de negociaciones con una consulta popular", explicó Patricio Vivanco, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Vivanco informó que el Poder Ejecutivo solicitó al TSE que prepare un referéndum sobre el conflicto fronterizo, que se remonta a finales del siglo pasado y ha provocado tres guerras entre Ecuador y Perú.
Pero también señaló que la consulta popular pedida por Alarcón podría ser obstaculizada por la cercanía de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo, y por el impacto del fenómeno climático de El Niño, que dificultaría la votación en las provincias de la costa.
El ex jefe de Estado Osvaldo Hurtado (1981-1984), presidente de la Asamblea Nacional, coincidió con Vivanco, al advertir que "una consulta podría verse contaminada políticamente debido a la cercanía de la campaña electoral".
Alarcón "debe tomar decisiones y correr el riesgo sin cálculos políticos", afirmó Hurtado.
Vivanco recordó que la decisión de convocar un referéndum es exclusiva del Presidente. En caso de que Alarcón se decida por este mecanismo, la consulta se llevaría a cabo el domingo 22 de febrero.
Para el embajador de Ecuador en Perú, Horacio Sevilla, una consulta popular sería un elemento de incertidumbre, que complicaría el proceso negociador.
Según Sevilla, en los círculos políticos y diplomáticos de Perú, "se ve con temor que se lleve a cabo una consulta popular", pues podría cambiar radicalmente las condiciones de la negociación.
"El gobierno debe tomar una decisión histórica por sí mismo y dejar su inseguridad para otra ocasión", dijo Francisco Huerta, analista político y ex ministro de Salud.
Según Huerta, una consulta popular a las puertas de las elecciones podría reperesentar para el pueblo la oportunidad de rechazar la gestión del actual gobierno, con el consiguiente efecto negativo sobre negociaciones que prosiguen desde la finalización del conflicto armado de 1995.
Alarcón, elegido presidente provisional por el parlamento, en reemplazo del destituido Abdalá Bucaram, ha recurrido a la consulta popular para obtener apoyo a decisiones importantes.
Así logró la confirmación popular de la destitución de Bucaram, de su priopio nonbramiento como mandatario interino y la instalación de una Asamblea Nacional.
Dado el resultado de esa consulta, "la legitimidad del gobierno no está en discusión, aunque parece que el presidente aún teme por la fragilidad de su nombramiento", dijo Huerta.
A mediados de febrero, de acuerdo con los documentos firmados en Río de Janeiro, se instalarán cuatro comisiones binacionales para negociar de forma separada los problemas limítrofes y de cooperación mutua entre Ecuador y Perú.
Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, los cuatro países garantes del Protocolo ecuatoriano-peruano de 1942 y del acuerdo de paz de 1995, prestarán asesoría técnica y diplomática en el tramo final anunciado, para favorecer las negociaciones.
El asunto más polémico y difícil de negociar es la determinación de la frontera común, causa de las tres guerras.
Ecuador denunció el Protocolo de 1942, que estableció los actuales límites fronterizos, con el argumento de que contiene errores de nomenclatura geográfica que lo hacen inejecutable.
Sin embargo, existe voluntad para llegar a un acuerdo en éste y otros temas, como el pretendido acceso de Ecuador al río Amazonas, "que responde a una política de Estado y no de un gobierno determinado", según puntualizó el diario El Comercio, de Quito.
"El país quiere una paz digna y justa: eso debería bastarle a un gobierno responsable", concluyó el matutino. (FIN/IPS/mg/ff/ip/98
