Unos 500 millones de dólares en inversiones aparentemente legales corresponden al lavado de dinero efectuado por organizaciones narcotraficantes en Perú, según el juez Victor Prado, miembro de la Corte Superior de Lima.
"No es una suma de proporciones gigantescas, como las que existe en Estados Unidos y Europa, pero de acuerdo a las proporciones de nuestra economía es suficiente para desquiciar la actuación de nuestro tejido social e institucional", dijo Prado.
Mediante agentes infiltrados en la red de narcotraficantes, se promueve el descubrimiento y destrucción de las empresas legales montadas para proveer insumos a la producción de droga y las creadas para lavar el dinero de la coca y facilitar su circulación.
Este dinero se orienta preferentemente hacia cierto tipo de actividades comerciales, como estaciones de gasolina, salas de juego, discotecas, empresas inmobiliarias, restaurantes de lujo y compañías de promoción de artistas, que suelen tener ingresos muy fluidos.
Las investigaciones han detectado, inclusive, el ingreso de dinero del narcotrafico en una de las empresas aerocomerciales más importantes de Perú, cuyo mayor accionista y fundador se encuentra escondido, intentando librarse de una condena de prisión.
Aunque la producción de cocaína estuvo en relativo retroceso en Perú en los dos años pasados como consecuencia de la baja de precios de la droga en el mercado norteamericano y del éxito de la acción policial, este país ocupa el tercer lugar en el mundo, después de Colombia y Bolivia.
Pero la coyuntural crisis del narcotrafico no se refleja aún en una disminución de su influencia negativa en las instituciones que deben combatirlo, a las que ha infiltrado mediante mecanismos de corrupción.
La represión del narcotráfico se realiza en tres grandes áreas: el primero es la captura de quienes producen, transportan o venden la droga, el segundo es la provisión de insumos para su producción y el tercero se desarrolla en el campo financiero, para detectar y anular sus inversiones legales.
El aparato de defensa legal y la acción corruptora de autoridades que realizan las organizaciones de narcotraficantes se apoya en gran parte en el poder financiero de las empresas infiltradas en la economía formal para blanquear el dinero.
"En consecuencia, la lucha contra el lavado de dinero es una forma eficaz de combatir a uno de los instrumentos más importantes del narcotrafico", comentó Prado.
En 1996, el gobierno peruano incorporó a la legislación contra el narcotráfico un dispositivo similar al que le permitió notable eficacia en la lucha antisubversiva: la protección legal a los cómplices menores dispuestos a obtener una reducción de sus condenas proporcionando información.
Según fuentes policiales, los narcotraficantes suelen resist)rse a delatar a sus jefes, por temor a la violenta represalia, pero pueden ser inducidos a proporcionar datos sobre las bandas a las que no pertenecen ellos mismos.
"De acuerdo con sus peculiares códigos, al delatar a un narco rival no se sienten traidores a su organización sino que piensan que están contribuyendo a eliminar a competidor", dijo a IPS un miembro de la División Antidrogas de la policía peruana, que pidió reserva sobre identidad.
Por otro lado, los mismos agentes encubiertos, a los que la policía pide que se mantengan dentro de las organizaciones criminales por un tiempo, proporcionan con facilidad información sobre las empresas que les proporcionan insumos químicos para la elaboración de pasta básica de cocaína o su refinación.
La División de Investigación y Control de Insumos Químicos tiene bajo vigilancia a 3.833 empresas de Lima y 960 de provincias, que trabajan con productos que podrían ser derivados al narcotráfico.
Dichas empresas están inscritas y registradas en el Ministerio de Industrias y los movimientos comerciales de una larga lista de productos deben ser reportados al detalle.
La penetración en el ámbito de las empresas creadas para lavar dinero»es más difícil, pero igualmente provechosa, según el juez Prado.
"Existen disposiciones que permiten el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributavia y la reserva bursátil cuqndo se investiga el lavado de dinero", informó el juez.
"La participación en empresas dedicadas a esta actividad tiene penas muy duras, que van de ocho a 18 años de prisión. Y si se descubre que la empresa estuvo vinculada de algún modo a actividades terroristas, la pena es prisión perpetua", añadió.
El especialista Luis Lamas Puccio, autor del libro "Lavado de Dinero", señala que Perú es uno de los pocos países de la región que posee un sistema informático cruzado sobre insumos químicos entre Aduanas, Ministerio de Industrias y la Policía Antidrogas.
Lamas Puccio destaca la decisión del gobierno peruano de aplicar en toda su extensión la Convención de las Naciones Unidas de 1988 sobre la represión del tráfico ilícito de drogas, pero estima necesario actualizar la legislación que reprime los delitos financieros vinculados al tráfico de estupefacientes. (FIN/IPS/al/ag/ip/98
