Los oficiales del Ejército peruano que torturaron a la ex agente de Inteligencia Leonor La Rosa hasta dejarla semiinválida saldrán en libertad antes de cumplir tres años de prisión.
Cuando era investigada por presunta infidencia, Leonor La Rosa fue torturada en febrero de 1997 por el comandante José Salinas y los mayores Percy Salcedo y Ricardo Anderson, quienes fueron sentenciados a ocho años de cárcel pero estarán libres el año 2000 "por buena conducta".
Incapaz de caminar por las lesiones sufridas en la columna vertebral, La Rosa espera en una clínica privada que el asilo que le ha sido concedido por el gobierno mexicano se extienda a su marido e hijos, por cuya seguridad teme.
La levedad de las sanciones a los torturadores de La Rosa se debe a que la tortura no es considerada delito por el Código Penal peruano, de modo que los tres oficiales sólo pudieron ser acusados de abuso de autoridad.
Perú es uno de los países que más denuncias tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que señlala la existencia de varios dispositivos legales y procedimientos judiciales inadecuados para la vigencia de los derechos civiles.
Además de examinar los 300 casos concretos de violación de derechos humanos denunciados contra Perú, la Comisión Interamericana pide al gobierno del presidente Alberto Fujimori la modificación de varios dispositivos legales.
Entre los cambios reclamados figuran la necesidad de tipificar la tortura como delito, así como la supresión de los tribunales constituidos por jueces enmascarados y la abolición de los procedimientos que dificultan el ejercicio del derecho de defensa de los acusados de subversión.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), organización no gubernamental peruana afiliada a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, con sede en París, inició una campaña para la reforma del Código Penal peruano que incluya a la tortura como uno de los delitos más graves y de mayor sanción.
El Defensor del Pueblo Jorge Santisteban expresó este lunes su respaldo a la campaña y recordó que la tortura es considerada por los organismos internacionales como delito contra la humanidad. "No se sanciona la tortura a pesar de que el 7 de julio de 1988 el Parlamento peruano ratificó el Convenio Internacional Contra la Tortura y el comité respectivo de las Naciones Unidas exhortó a Perú el 25 de julio de 1995 a modificar su legislación para que se reconozca su práctica como delito", dijo Javier Mujica, dirigente de APRODEH.
Además del de Leonor La Rosa, figuran entre los casos recientes y comprobados de tortura cometida por miembros del ejército peruano los de los 38 mozos que atendían el banquete en la embajada japonesa cuando esa sede diplomática fue asaltada por un grupo guerrillero el 17 de diciembre de 1996.
"Todos ellos fueron considerados en un primer momento como sospechosos de pertenecer al Movimiento Guerrillero Tupac Amaru y haber colaborado en la captura de 500 rehenes por dicha organización, y fueron torturados por miembros del Ejército", señaló Mujica.
"El error sobre su presunta complicidad fue despejado antes de dos horas, cuando se comprobó que los guerrilleros ingresaron a la embajada volando la pared de una residencia contigua y no tuvieron apoyo interno, pero los mozos seguían siendo torturados en busca de una imposible confesión", agregó.
"Ninguno de los torturadores fue detenido, separado y menos juzgado. Es decir, la complicidad e impunidad totales", comentó.
Un reciente informe de la organización humanitaria Human Rights Watch-Americas sobre los derechos humanos en América Latina señala a Perú como uno de los pocos países de la región en donde la tortura está virtualmente institucionalizada.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la asociación, estuvo en diciembre en Lima para entrevistarse con el ministro de Justicia, Alfredo Quispe, y exponer la preocupación de la comunidad internacional sobre el tema de la impunidad virtual de la tortura en este país.
Quispe rechazó que la tortura fuera una práctica institucionalizada en Perú y sostuvo que los casos conocidos habían sido sancionados por las autoridades respectivas.
Vivanco replicó que mientras la tortura sea considerada como abuso de autoridad y, por lo tanto, simple delito de función, "existirá impunidad virtual para este atroz crimen".
Añadió que a pesar de que el gobierno peruano sostiene haber derrotado militarmente a las organizaciones subversivas, mantiene los llamados "estados de emergencia" sobre gran parte del territorio nacional, con la consiguiente suspensión de derechos civiles fundamentales.
"Esa situación contribuye a relajar los mecanismos de control de la vigencia de los derechos humanos y aumenta el margen de impunidad de las violaciones cometidas, entre las que figura la tortura", concluyó. (FIN/IPS/al/dg/ip-hd/98
