La aprobación de una ley que restituye a personas y partidos políticos bienes confiscados por el régimen militar en Chile fue posible gracias al afán de la derecha de mejorar el ambiente en que el ex dictador Augusto Pinochet asumirá su cargo de senador vitalicio en marzo.
La ley, que permanecía "empantanada" en el Senado, fue aprobada este jueves por esa rama legislativa y entrará en vigencia en marzo, luego de que cumpla un último trámite en la Cámara de Diputados, donde también será votada favorablemente.
Las propiedades inmuebles, los bienes de comunicación y otros bienes confiscados por la dictadura de Pinochet (1973-90) a los proscritos partidos de izquierda y a sus dirigentes ascienden a unos 50,4 millones de dólares.
Entre los particulares favorecidos por la ley está la familia del presidente socialista Salvador Allende, quien se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973 tras una ardua resistencia a los militares golpistas que instalaron el régimen dictatorial.
La devolución de los bienes fue aprobada por unanimidad en el Senado, gracias a las gestiones del general retirado Santiago Sinclair y del vicealmirante también en retiro Ronald Mc Intyre, quienes representan en la cámara alta al Ejército y la Armada.
Ambos senadores designados convencieron a sus colegas de los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, de la oposición derechista, para que sumaran sus votos a los de los parlamentarios de la coalición oficialista de centroizquierda.
"Decidimos jugar con criterio de grandeza para calmar los ánimos, bajar el tono de la discusión y terminar con la espiral de violencia verbal desatada tras el anuncio de la acusación constitucional contra el general Pinochet", dijo Sinclair.
El ex dictador, de 82 años, entregará el mando del Ejército el 10 de marzo al general Ricardo Izurieta para integrarse como único senador vitalicio al Parlamento surgido de las elecciones del 11 de diciembre último, que se instalará al día siguiente.
Aún no está claro si Pinochet jurará junto a los demás diputados y senadores que asumirán el 11 de marzo, o si lo hará el mismo día 10 con el fin de eludir manisfestaciones en su contra del público y parlamentarios oficialistas.
La llegada al Parlamento del ex dictador que clausuró el Poder Legislativo en 1973 y que es responsabilizado violaciones masivas de los derechos humanos es considerada "una afrenta para la democracia" para sectores de centro e izquierda.
En la Democracia Cristiana (DC), partido del presidente Eduardo Frei, aún se debate la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Pinochet, que sería respaldada por los otros tres partidos de la coalición gobernante.
Pese a que la acusación sería rechazada en el Senado, donde la derecha tiene mayoría, la sola posibilidad de su presentación movió al veterano general a postergar su retiro del Ejército, anunciado originalmente para el 26 de este mes.
En la Corte de Apelaciones de Santiago se lleva a cabo desde el martes último la investigación judicial por una querella criminal que el Partido Comunista (PC) presentó contra Pinochet bajo acusaciones de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.
Los anuncios de contramanifestaciones del PC y otros partidos, así como el prpósito de varios parlamentarios de increpar permanentemente a Pinochet cuando acuda al Senado, crean un ambiente conflictivo en torno al futuro del ex dictador.
Sinclair y Mc Intyre se reunieron con senadores de la DC y los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia para negociar la luez verde a la ley que restituye los bienes confiscados a cambio de un trato más contemplativo para el ex dictador.
No existe un pacto escrito, pero sí "un compromiso de honor y de caballeros de que se garantice al general Pinochet el respeto y la consideración que le da el derecho que tiene a permanecer en el Senado como cualquier otro de sus pares", explicó Sinclair.
Los partidarios del ex dictador habáin bloqueado hasta ahora la restitución de las propiedades confiscadas tras el golpe de 1973, como una forma de defender la legitimidad del pronunciamiento militar y de los actos de la dictadura.
El PC será paradójicamente uno de los partidos más beneficiados por la ley aprobada con los votos de la derecha, ya que recuperaría la sede de su Comité Central y las instalaciones de una redioemisora y del diario El Siglo, su vocero oficial.
Otros partidos que recuperarán bienes son la DC, el PS, el Partido Radical Socialdemócrata, así como la Unión de Centro- Centro Progresista y Renovación Nacional, como virtuales herederos de colectividades derechistas ya disueltas.
Entre las personas naturales corresponderá igualmente devolver a los deudos del empresario Darío Saint-Marie las instalaciones del diario Clarín, un rotativo sensacionalista que tenía una alta circulación hasta 1973.
Un equivalente a aproximadamente la mitad de los 50,4 millones de dólares podrá ser restituído apenas entre en vigencia la ley en marzo, ya que corresponde a inmuebles y otros bienes que están aún en poder del Estado como sedes de entidades públicas.
La otra mitad consiste en propiedades traspasadas a particulares durante la dictadura y se estima que la regularización de estos casos implicará un plazo de por lo menos cinco años.(FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/98
