Bolivia busca un ciudadano notable, con solvencia moral y comprometido con los derechos humanos para estrenar la función de "ombudsman" o defensor del pueblo, cuya ley de creación aprobó el Congreso el fin de semana.
La figura del defensor del pueblo ha despertado el interés de los bolivianos debido a los buenos resultados alcanzados en varios países de Europa y América Latina en la defensa de los derechos ciudadanos.
La creación de esa instancia en Bolivia, donde los políticos y la justicia han perdido credibilidad, parece devolver a la gente la esperanza de que alguien con autoridad escuche a los desamparados y pobres, víctimas de la burocracia y los abusos del poder.
"El defensor del pueblo ha dado seguridad al ciudadano en los lugares en que funciona. Es una expresión de esas ganas que tiene la sociedad de tener una autoridad moral de la más alta credibilidad", afirma la socióloga Sonia Montaño, integrante de una organización defensora de la mujer.
Sin embargo, el defensor del pueblo nacerá con fuertes cuestionamientos de parte de sus principales impulsores, quienes dudan de la independencia que tendrá de los partidos, dado que será nombrado por el Congreso, donde están representadas las colectividades políticas.
El ex ministro de Justicia René Blattmann, autor del proyecto de ley que el Congreso aprobó con varias modificaciones, advirtió que el ombudsman será una suerte de "alto comisionado" del Congreso.
La ley indica que el defensor del pueblo no podrá elegir en forma directa a sus colaboradores, los cuales deberán tener la aprobación del Senado, que les asignará áreas específicas de trabajo, entre las que se destacan los derechos humanos, étnicos, de género y del consumidor.
Blattmann, quien renunció a ser postulado, afirma que esa relación con el parlamento restará credibilidad al nuevo instituto, y cuestiona la prohibición para quien ocupe el cargo de asumir puestos electivos hasta cinco años después de que finalice su gestión, de igual lapso de duración.
Entre los requisitos formales para ser ombudsman, el candidato deberá tener nacionalidad boliviana, 35 años como mínimo, no pertenencer a ningún partido político y no tener proceso judicial en su contra.
Según coinciden los dirigentes políticos, el candidato a ocupar el cargo deberá también ser una persona con sensibilidad social, mucha paciencia y voluntad para trabajar por los más necesitados.
"Debe tener una amplia libertad de criterio para que pueda luchar por los derechos humanos y los del consumidor, y una personalidad transparente y consistente", dijo el legislador Luis Vásquez, principal impulsor de los cambios en el proyecto de ley, los mismos que criticara Blattmann.
Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, considera que el defensor del pueblo debe actuar en forma coordinada con esa organización, que desde los tiempos de la dictadura militar en la década del 70 trabaja en la defensa de los derechos ciudadanos.
Para el legislador Juan del Granado, conocido defensor de los derechos humanos desde el parlamento, el ombudsman debe ser un "militante de los derechos ciudadanos" y una persona que sea parte de las históricas luchas de los bolivianos.
Del Granado, reconocido por ser el principal impulsor y abogado acusador en el juicio que llevó al ex dictador Luis García Meza (1980-1981) a la cárcel, es también uno de los aspirantes a ocupar el puesto de defensor del pueblo.
Otros candidatos son la ex presidenta Lidia Gueiler (1979-1980) y la presidenta del Capítulo Boliviano del Ombudsman y miembro de la Asocaición Iberoamericana del Ombudsman, Rosario Chacón. (FIN/IPS/jcr/dam/ip/98
