A partir de la reivindicación de la represión ilegal hecha por el marino Alfredo Astiz, el jefe del bloque oficialista en el Congreso argentino admitió que aceptará debatir un proyecto para derogar las leyes de amnistía que beneficiaron a más de 1.000 uniformados.
El presidente de la bancada del Partido Justicialista, Humberto Roggero, admitió que tras las declaraciones de Astiz "el Congreso no puede pasar por alto la idea de derogar las leyes de punto final y obediencia debida" y exhortó a los legisladores de su bloque a reflexionar sobre la propuesta de la Alianza de oposición.
La iniciativa fue presentada por un grupo de diputados de la Alianza una semana antes de la publicación de una entrevista en el semanario "trespuntos".
Allí, el capitán de fragata retirado dijo que la Armada lo instruyó para destruír, matar y poner bombas y que era la persona técnicamente mejor preparada del país para matar a un político o a un periodista.
También reconoció delitos como el robo de recién nacidos, la tortura, los secuestros y fusilamientos, y se jactó de recibir todos los días a camaradas de la fuerza que le piden que encabece una sublevación, una confesión que fue considerada como expresión de malestar de un grupo de integrantes de la Armada.
El gobierno había rechazado la posibilidad de derogar las leyes de amnistía, y entre los propios integrantes de la Alianza se produjo un debate sobre la conveniencia del proyecto.
La diputada Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, consideró que no era factible el proyecto de dar marcha atrás con esas leyes.
Por pedido del presidente Carlos Menem, Astiz fue arrestado por 60 días.
Durante el último fin de semana declaró ante un tribunal militar en una causa que aún no está caratulada y este lunes se presentó ante la Cámara Federal, que le pidió infructuosamente que profundice sus dichos sobre el secuestro del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido desde 1977.
Astiz se limitó a decir que no recordaba nada pese a que durante el reportaje había mencionado el secuestro de Walsh como "uno de los operativos más jodidos" de la Armada.
La familia de Walsh, consciente de que no puede castigar a los responsables del crimen por las leyes de amnistía, había iniciado en 1997 un juicio para conocer la verdad sobre el destino final del escritor desaparecido, y en ese marco fue citado a declarar Astiz.
No obstante, cuando el interrogatorio se volvía más preciso, Astiz se amparó en las leyes de obediencia debida y punto final y se negó a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, aunque sí reclamó a la Cámara que interceda para frenar los insultos de familiares de las víctimas que le gritaron "asesino" y "violador", entre otros agravios.
El ministro del Interior Carlos Corach consideró este martes que Astiz es un "provocador" y que la Armada se va a enaltecer si lo separa definitivamente de la fuerza mediante su degradación.
Pero también advirtió sobre la imposibilidad de derogar las leyes de amnistía porque implicarían un golpe al Estado de derecho.
En ese sentido, algunos juristas entienden que no se puede eliminar un beneficio para que tenga efecto retroactivo, es decir derogar la ley y volver a juzgar a más de 1.000 uniformados que se beneficiaron con la norma propuesta para evitar nuevos motines como los que debió enfrentar el ex presidente Raúl Alfonsín (1983- 89).
Pero otros dicen que las leyes fueron anticonstitucionales y por lo tanto nulas.
Los que así piensan explican que el Congreso no puede atribuirse el poder de sancionar una ley que causa un severo perjuicio a la sociedad y que el principal escollo para la derogación de esas leyes no es jurídico sino político.
Como ejemplo, señalan que antes de finalizado el régimen militar (1976-83), la junta de comandantes pretendió legar una ley de autoamnistía que fue derogada por el gobierno de Alfonsín, con los mismos argumentos que hoy podrían ser utilizados para derogar las leyes de punto final y obediencia debida.
Este martes, Astiz debió declarar en una causa en la que se investiga la muerte del periodista Mario Bonino, ocurrida en 1993.
El cuerpo de Bonino fue hallado en el Río de la Plata en un aparente suicidio pero tanto la familia como el gremio de periodistas -que lo tenía como secretario de prensa- aseguran que fue un homicidio no esclarecido.
Astiz dijo qu el periodista José Luis Cabezas, asesinado hace un año, "no fue el primero que mataron en democracia sino el segundo", y se refirió a Bonino como a "ese que fue tirado al río encadenado al auto".
Tanto el juez como la familia se sorprendieron ante la revelación porque hasta ahora no se sabía cómo había ido a parar al río el cuerpo de Bonino.
Los abogados de la familia Bonino admitieron este martes que podrían pedir que se lo procese por encubrimiento si, como hizo el lunes, se niega a aportar datos sobre el crimen.
A pesar de que ahora niega su participación en ese hecho, Astiz fue encontrado responsable del crimen de dos monjas francesas, secuestradas junto con tres Madres de Plaza de Mayo en 1977 cuando reúnan fondos para reclamar por los desaparecidos.
Astiz se infiltró en la incipiente organización de las madres, y "entregó" a las cinco mujeres.
También fue acusado de matar a la estudiante sueca Dagmar Hagelin, a la que habría baleado en la calle confundiéndola con otra persona, pero las leyes de amnistía dictadas hace 10 años por el Congreso lo dejaron libre de todo proceso en Argentina.
No obstante, Astiz no puede salir del país sin ser detenido por Interpol porque tiene pedido de captura a raíz de un juicio en ausencia que le realizara un tribunal de París, en el que fue condenado a reclusión perpetua por la desaparición de las dos religiosas de esa nacionalidad.
En Argentina, las únicas causas abiertas son las que intentan conocer la verdad sobre el paradero de por lo menos 10.000 desaparecidos -Astiz dice ahora que fueron "sólo 6.500"- y las que investigan el paradero de menores robados al nacer o secuestrados junto con sus padres.
Los delitos de sustracción de menores no fueron includos entre los crímenes amnistiados, y Astiz admitió que se cometían sistemáticamente, por lo que las Abuelas de laza de Mayo se preparan ahora para que el juez federal que investiga el destino de los menores cite a declarar al marino. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/98)
