Tras haber reivindicado los crímenes del régimen militar, el marino retirado argentino Alfredo Astiz, símbolo de la represión ilegal durante la dictadura, se presentó el lunes 19 a declarar ante la justicia civil.
Los familiares de los desaparecidos prometen profundizar esa veta hasta verlo tras las rejas, pese a las leyes de amnistía vigentes para los violadores a los derechos humanos.
Protegido físicamente por custodios policiales -pero no de los insultos de los manifestantes que le llegaban a través de las vallas de seguridad- Astiz se presentó este lunes ante la Cámara Federal, que lo debe interrogar sobre el destino final del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desaparecido desde 1977.
El propio Astiz forzó la citación al admitir en una entrevista periodística realizada el día 13 que el de Walsh fue "uno de los operativos jodidos" en los que no le tocó participar. Se refería así al secuestro del periodista que ideó una agencia de noticias clandestina durante los primeros meses de la dictadura.
Las Madres de Plaza de Mayo, que se acercaron hasta el mismo tribunal a presentar una denuncia por el secuestro de tres madres en 1977 en un operativo en el que sí intervino Astiz, forcejearon con policías para ingresar al edificio, desplegaron un cartel que rezaba "asesino, hijo de puta" y tras su presentación marcharon alrededor de la sede judicial.
Las tres madres fueron secuestradas junto a dos religiosas francesas luego de que Astiz se infiltrara en la organización.
Por el secuestro de las monjas Astiz fue condenado en Francia a reclusión perpetua y no puede salir del país sin ser detenido por Interpol, pero en Argentina fue liberado de proceso por las leyes de amnistía conocidas como de punto final y obediencia debida.
Por su parte las Abuelas de Plaza de Mayo, que también se acercaron a insultar a Astiz, advirtieron que ellas tienen cómo llevarlo a la cárcel.
Se refirieron a los delitos de robo y desaparición de menores, que no están incluídos entre los crímenes amnistiados por las leyes que protegen al capitán de fragata pasado a retiro por pedido de Francia.
Las leyes fueron sancionadas en 1987, pero este mes, poco antes de declaraciones de Astiz al semanario "trespuntos", un grupo de legisladores había reclamado su derogación.
Las declaraciones de Astiz convencieron aún más a los promotores del proyecto sobre la necesidad de dar algún tipo de castigo a los militares represores.
Los juristas están divididos entre quienes creen que no se puede quitar un beneficio concedido -aplicado sobre más de 1.000 uniformados- y quienes piensan que las leyes son nulas porque van contra un artículo de la constitución, por lo cual apoyan su derogación.
Los que están a favor de la derogación creen que el principal motor de esa medida, que implicaría avanzar en causas que fueron interrumpidas de manera abrupta, es la voluntad política y el consenso de la población, y en cambio no ven que haya trabas desde el punto de vista jurídico.
No obstante, los grupos de familiares, que siguen reclamando castigo para los culpables, aprovecharon las declaraciones de Astiz y pidieron al juez español Baltasar Garzón, que conduce un juicio en Madrid por la desaparición de ciudadanos de ese país en Argentina, que incluya en el expediente la entrevista a Astiz y lo cite a declarar.
Otro grupo de madres realizó su presentación por apología del crmen, atentado contra la democracia y asociación ilcita, un abogado de la Liga por los Derechos del Hombre llevó su querella por los mismos delitos, y los jueces que investigan la muerte de otro periodista, ocurrida en 1995, también anticiparon que citarán a declarar al marino.
Los familiares de Walsh, conscientes de que los militares que actuaron durante la represión clandestina gozan de inmunidad, habían iniciado una querella ante la Cámara Federal en septiembre último "para conocer la verdad" sobre lo sucedido al escritor y en el caso de que haya sido asesinado saber dónde están sus restos.
Como Astiz mencionó a Walsh en la primera entrevista, la Cámara ordenó de inmediato que comparezca para que diga lo que sabe. Por cada párrafo de la entrevista, Astiz tendrá que dar explicaciones ante diversos jueces.
En una de las respuestas, el capitán de fragata retirado reconoció que se secuestraba a recién nacidos. Esa declaración, que admite la existencia del delito, será tomada por las Abuelas de Plaza de Mayo, que pedirán cuentas al militar sobre los menores que permanecen desaparecidos o fueron adoptados de manera ilegal.
En la misma causa de Walsh será citado en febrero el almirante Eduardo Massera, integrante de la primera junta militar dictatorial, condenado por graves violaciones a los derechos humanos e indultado por el presidente Carlos Menem en 1990 junto a los demás jerarcas militares del régimen.
El interrogatorio a Astiz forma parte de una avalancha de querellas que se precipitó luego de que el marino declarara que la Armada lo preparó para destrur, matar y poner bombas, que no se arrepiente de nada, que hubiera torturado si la Marina se lo pedía y que es la persona mejor preparada del país para matar a un político o a un periodista.
Astiz fue sancionado por la cúpula de la Armada con 60 días de arresto por sus declaraciones públicas sin autorización y se estudia la posibilidad de degradarlo, pero hasta el momento casi no estuvo encerrado.
El fin de semana declaró ante un tribunal militar que lo indagó sobre el presunto delito de sedición. Astiz había dicho que todos los días camaradas suyos le piden que encabece un alzamiento y que él se niega.
Legisladores y analistas políticos sospechan que la entrevista de Astiz con el semanario fue una maniobra organizada por el Massera, que está enfrentado con el actual jefe de la Marina.
Astiz, que es frecuentemente insultado por las calles, goza hoy de libertad, además de tener una pensión como militar retirado y una casa que le cede la Marina. Si es degradado, perderá todos esos beneficios. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/98)
