El gobierno de México mostró una doble vara en política internacional tras la matanza en el estado de Chiapas a fines de diciembre.
Si la violencia está fuera de sus fronteras, condena y hasta promueve iniciativas de paz. Pero si el problema es en casa, rechaza los pronunciamientos de países u organismos extranjeros.
Así lo señalaron políticos de oposición, analistas y miembros de grupos no gubernamentales, que señalaron contradicciones en las respuestas del gobierno a las numerosas condenas expresadas desde el exterior contra la matanza y a los pedidos para que se aclaren los hechos.
El gobierno de Ernesto Zedillo no está dispuesto a considerar señalamientos de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales en los que se le "exija, demande o inste" a actuar en relación con la matanza de 45 indígenas en Chiapas, indicó la cancillería en un comunicado.
"Ello constituye un inaceptable acto de injerencia en asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención", apunta la nota.
La diplomacia mexicana parece olvidar cuál fue su posición frente a la violencia que años atrás vivieron países de América Central o las críticas que dirigió a la dictadura del chileno Augusto Pinochet, dijeron portavoces del opositor Partido de la Revolución Democrática y de grupos humanitarios nacionales.
Autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea demandaron al gobierno de Zedillo investigar "rápida y plenamente" la matanza de los indígenas del estado de Chiapas, cometida a fines de diciembre por un grupo paramilitar al parecer vinculado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional.
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, condenaron la matanza y pidieron una investigación expedita y profesional.
La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), dio incluso al gobierno mexicano un plazo de seis meses para concluir las investigaciones y adoptar medidas para proteger a los indígenas de Chiapas.
En algunos países de Europa, simpatizantes de la guerrilla zapatista realizaron los últimos días manifestaciones frente a las embajadas de México, mientras en el país latinoamericano se organizaron marchas y ayunos y anuncian próximas jornadas de protesta para demandar se aclaren los hechos.
El gobierno afrontó en 1997 severos cuestionamientos en materia de derechos humanos de parte de organizaciones humanitaria locales e internacionales, que afirman que en México reina la impunidad y la tortura es un práctica cotidiana.
En uno de episodios más conocidos, el gobierno y Amnistía Internacional se acusaron mutuamente en octubre de difundir mentiras en torno a una cita que se habría concertado, pero nunca se realizó, entre el presidente Ernesto Zedillo y el director máximo del organismo humanitario.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, el relator especial sobre torturas de la ONU, la relatora sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, también de la ONU, y Human Rights Watch realizaron en 1996 visitas de investigación a México.
El gobierno de Zedillo es soberano y actuará en forma responsable para investigar y sancionar a los culpables de los crímenes cometidos en Chiapas o en cualquier parte del país y para garantizar el respeto a los derechos humanos, expresaron portavoces oficiales.
En las últimas décadas México fue promotor de negociaciones de paz en América Central, zona afectada por guerras internas, e incluso prestó su territorio para numerosos diálogos. Además, criticó actos de violencia registrados en el extranjero e instó a adoptar soluciones.
Tras la matanza de Chiapas, las autoridades detuvieron a varios indígenas, declararon tener interés en reiniciar la negociaciones de paz con la guerrilla zapatista, en suspenso desde 1996, y aumentaron la presencia militar en Chiapas.
Las investigaciones y las sanciones son cuestiones que solo competen a los mexicanos, reiteraron las autoridades.
"El gobierno debería recordar que los derechos humanos ya no son de injerencia exclusiva de un país, sino universal", señaló Rafael Alvarez, visitador del grupo humanitario mexicano Augustín Pro.
Según la guerrilla, la oposición política y un sector de la Iglesia Católica, la matanza de Chiapas fue un episodio más en la "guerra de baja intensidad" y en los esquemas de violación de los derechos humanos que las autoridades promueven en Chiapas.
Las autoridades sostienen, en cambio, que se trató de un crimen que tiene como origen problemas intercomunitarios e interfamiliares. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/98
