Cuando hay niños de por medio, se debe mantener buenas relaciones, inclusive si son tan difíciles como las que sostienen los gobiernos y el comité de las Naciones Unidas que vela por los derechos de la infancia.
El estado de esas relaciones volverá a medirse este lunes, cuando el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño inicie la primera sesión de un año que se anuncia crucial para el futuro del organismo.
Despues de seis años de existencia dedicada al control de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1998 el comité debe comenzar a recibir por segunda vez los informes de los estados partes.
El grado de respeto a la Convención que se desprenda de esos informes dará una idea del acierto del comportamiento del comité ante los gobiernos, en momentos en que algunas organizaciones independientes le reclaman mayor confrontación.
Pero un seminario de evaluación de los trabajos del comité, realizado al término de la última sesión del organismo, en octubre pasado, respaldó la actitud asumida ante los gobiernos por los 10 expertos independientes que integran el comité.
El seminario fue convocado por la organización no gubernamental Defence for Children International (DCI) para discutir el método del comité y determinar si "la luna de miel se acabó".
Bulge Ogun Bassani, subdirectora regional para Europa de UNICEF, encontró que el comité realiza "un trabajo muy efectivo" y abogó por un "diálogo constructivo" con los gobiernos.
Los miembros del comité defienden la continuidad de ese estilo de relación con los estados partes. La brasileña Marilia Sardenberg, una de los 10 expertos, propugnó "un método constructivo y no confrontativo".
Bassani describió que "los gobiernos se sienten arrinconados, como niños". Los que trabajan con "ellos saben que difícil es". Para allanar esas dificultades, la funcionaria de UNICEF sugirió sostener reuniones con los gobiernos a puertas cerradas.
En cambio, Ben Schoneveld, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT-SOS), reprochó al comité que en algunos casos no transmita mensajes claros aunque efectúe recomendaciones.
Cuando se examinó el informe de Bangladesh, en mayo pasado, "no hubo un mensaje claro" del comité ante los serios problemas que tiene el gobierno del país asiático con las comunidades nativas. "Los niños torturados no pueden esperar", afirmó Schoneveld.
La abogada Marie-Francoise Lucker-Babel, de la sección suiza de DCI, lamentó que el comité omitiera un pronunciamiento en términos claros sobre la planificación familiar en China, donde la libertad de aborto, dijo, se extiende hasta tal extremo que "es una especie de infanticidio".
La objeción más generalizada al método de trabajo del comité se refirió a su falta de definición de las prioridades para los niños, observó Yuri Hirano, de la Federación para la Protección de los Derechos Humanos de los Niños de Tokio.
Hirano elogió el trabajo del comité pero desaprobó que el organismo no haya aportado criterios específicos para determinar "los mejores intereses" de los niños, que se anteponen a los de la sociedad y de los padres.
Pero a pesar de las críticas, "la universalidad lograda por la Convención es en parte obra del comité", defendió Sardenberg al destacar que ningun tratado internacional ha logrado tantas ratificaciones, de 191 estados sobre un total de 193.
Estados Unidos debe aún ratificar y Somalia tiene que firmar y ratificar, aunque el país americano ya anticipó que lo hará a la brevedad. La Convención protege los derechos de unos 2.000 millones de niños.
En su primera sesión de este año, del 5 al 23 de enero, el comité examinará los informes de Maldivas, Libia, Irlanda y la Federación de Estados de Micronesia.
La mayor expectativa de la primera sesión se centra en el dictamen del comité sobre la situación en Libia, donde enfrentará el tema del embargo económico sobre el país árabe y su incidencia en el estado de la infancia.
En las últimas semanas, organismos y funcionarios de la ONU analizaron críticamente los efectos de bloqueos y represalias económicas sobre los derechos humanos de las poblaciones de los países afectados.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU lo hizo al discutir en noviembre el informe sobre Iraq. A su vez, el relator especial de la ONU para Burundi, Paulo Sergio Pinheiro, objetó el embargo sobre el país africano.
Sin embargo, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño eludió una referencia directa al embargo económico y financiero dictado por Estados Unidos contra Cuba cuando el organismo trató en junio pasado el informe del país caribeño. (FIN/IPS/pc/mj/hd/98
