Los informes internacionales sobre derechos humanos se vuelven inútiles en el caso de Brasil, al no aportar novedades y desconocer los esfuerzos en marcha, argumentó un funcionario brasileño.
José Gregori, secretario Nacional de Derechos Humanos, restó trascendencia al capítulo relativo a Brasil del informe anual del gobierno de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el mundo, divulgado el viernes.
Greogri reconoció los problemas mencionados en el informe del Departamento de Estado, la cancillería estadounidense, pero exigió ser oído.
Esos reportes se repiten, sus autores son anónimos y se ponen en posición superior, de jueces, sin escuchar a las partes involucradas, señaló Gregori, que desafió a los críticos de Brasil a ponerse en contacto con la Secretaria que él encabeza y con la realidad del país.
Brasil ocupa un lugar destacado en el informe del Departamento de Estado. Violencia policial, trabajo y abandono infantil, bajos salarios, discriminación racial y de las mujeres, lentitud de la justicia, son algunas de las llagas señaladas.
El salario mínimo brasileño, de 120 reales (107 dólares), se incluye entre los factores negativos para los derechos humanos, por ser "insuficiente para asegurar un nivel de vida digno" a la familia del trabajador.
El informe de este año hace una incursión mayor por las cuestiones laborales, sugiriendo una tendencia de la diplomacia estadounidense a incorporar cláusulas sociales a su política, e incluso en las negociaciones comerciales.
Brasil siempre se opuso a vincular el comercio a cuestiones sociales, como el nivel de salario y el trabajo infantil, y teme presiones en las negociación del Area de Libre Comercio de las Américas, que debe comenzar en la cumbre hemisférica de abril, en Santiago de Chile.
El informe de Washington destaca inequidades en Brasil en materia étnica y de género. Las mujeres ganan 54 por ciento del salario masculino, como promedio, y los negros menos de la mitad de los blancos, dejando a la mujer negra en la peor situación.
Las estadísticas oficiales del propio país son recordadas para apuntar que el analfabetismo entre los negros llega a 32 por ciento, ante 14 por ciento entre los blancos, y que 3,8 millones de niños en edad escolar, hasta los 14 años, trabajan muchas veces en condiciones de semiesclavitud.
La insistencia en estos problemas, ya reconocidos por el gobierno brasileño, contrasta con la omisión en el informe de las iniciativas ya adoptadas para enfrentarlos, dijo Gregori.
El gobierno brasileño inició un programa para sacar a los niños del trabajo, ofreciendo una ayuda de 44 dólares a las familias que los mantengan en la escuela. Más de 30.000 familias ya fueron favorecidas en las áreas en que el problema es más agudo: la zona cañera y del sisal (una fibra textil) en el nordeste, y de producción de carbón vegetal en el oeste.
Una legislació fué aprobada para ampliar esa "beca" a los municipios que adhieran a la iniciativa. El gobierno central aporta la mitad de los recursos necesarios.
La campaña "Todos a la escuela", promovida por el gobierno, intenta sustituir el trabajo por la enseñanza en el caso de 2,7 millones de niños.
Además, las autoridades federales impulsan un programa de promoción social de la población afro-brasileña, destacó Gregori. Al respecto, se discute la implementación de acciones afirmativas, como cuotas en las universidades para estudiantes negros.
Pero la violencia y su impunidad son los asuntos más repetidos en las denuncias de violación de derechos humanosen Brasil. El Departamento de Estado repite informes incluso más contundentes en esa área, como los de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El año pasado fue pródigo en denuncias sobre brutalidades cometidas por la policía brasileña. Videos divulgados por la televisión mostraron torturas y un asesinato perpetrado por policías en calles de Sao Paulo y Río de Janeiro, con fuerte impacto en la opinión pública.
En esa área poco se ha avanzado. El gobierno del estado de Sao Paulo logró reducir la cantidad de ejecuciones extrajudiciales practicadas por la policía, pero en Río de Janeiro hubo retroceso, según James Cavallaro, representante de Human Rights Watch en Brasil.
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El secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, general Nilton Cerqueira, creó premios en la forma de aumentos salariales para "actos de bravura" de sus agentes. Así, Cerqueira premia la participación de policías en tiroteos y a quienes dan muerte a supuestos criminales.
En consecuencia, segn los militantes de derechos humanos, aumentó el número de personas muertas por la policía de Río de Janeiro, que representan 10 por ciento del total de homicidios en el distrito, según el Departamento de Estado.
Los policías de Río "no disparan para inmovilizar, sino para matar", se lee en el informe.
El movimiento por derechos humanos lucha por llevar a la justicia común los delitos cometidos por policías militares, que son juzgados en tribunales también militares. El objetivo es reducir la impunidad, que está favorecida por juicios corporativos.
Como la seguridad pública y la policía militar son jurisdiciones del gobierno estadual, es difícil la interferencia del poder central. Las violaciones de derechos humanos, en consecuencia, se distribuyen de forma muy desigual por los estados brasileños. (FIN/IPS/mo/ff/hd/98
