Las autoridades argentinas que realizan desde hace 10 días una inédita reforma en la policía para terminar con la corrupción y el crimen organizado en esa institución, admitieron el viernes que debieron reforzar la custodia en 115 instituciones judías.
El interventor de la policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Lugones, que asumió el 22 de diciembre y ya ordenó la remoción de unos 300 comisarios, no descartó que la profanación de tumbas en cementerios judíos guarde relación con la reforma.
La colectividad judía argentina fue blanco de cruentos ataques en 1992 y 1994. La embajada de Israel, primero, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) después, fueron destruidas en dos atentados que tuvieron un saldo total de 116 muertos y alrededor de 500 heridos.
Desconocidos ingresaron en la madrugada del 25 de diciembre en el cementerio judío de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, y destruyeron con mazas y barretas 35 lápidas, sin dejar inscripciones nazis ni robar ningún objeto.
El segundo hecho ocurrió el jueves, 1 de enero, en el cementerio israelita de Ciudadela, otra localidad bonaerense. El ataque tuvo las mismas características que el de la semana anterior.
El secretario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Rogelio Cichowolsky, señaló que este tipo de ataques consiguen gran repercusión a un bajo costo operativo, y manifestó el temor de la colectividad por nuevos atentados, que podrían ser más graves.
A su vez, Lugones dijo que fue dispuesto un "alerta permanente" para custodiar 115 instituciones de la colectividad judía, se reforzaron las medidades de seguridad y se recolectan pruebas para encontrar a los responsables de los hechos.
"Es una posibilidad que no descartamos", comentó, ante la hipótesis de participación de policías en las profanaciones, mientras la colectividad judía argentina, la más numerosa de América Latina, prepara un acto de desagravio para el domingo 11.
Varios han sido los atentados contra cementerios judíos y en casi en todos los casos, los detenidos fueron policías o civiles que recibieron dinero de uniformados para realizar los destrozos.
En octubre de 1996 fueron profanadas 96 tumbas en el cementerio judío de La Tablada, a pocos días de la remoción del jefe de la policía bonaerense Pedro Klodczyk, hoy procesado por diversos delitos y sospechoso de proteger a policías involucrados en la voladura de la AMIA.
Cuatro de los cinco sospechosos procesados como partícipes necesarios en el atentado contra la AMIA eran miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Lugones se hizo cargo de la intervención de la fuerza por decisión del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y con el propósito de llevar adelante una reforma policial sin precedentes que genera fuertes resistencias entre oficiales y suboficiales acostumbrados a una estructura proclive al delito.
Uno de los mentores del proyecto de reestructuración es el ex ministro de Justicia León Arslanián, que presidió la Cámara Federal encargada del procesamiento y la condena de los ex comdandantes de la dictadura militar (1976-83) por graves violaciones a los derechos humanos.
Arslanián tampoco descartó la posibilidad de que algunos policías resistan la reforma con un atentado semejante al asesinato del periodista José Luis Cabezas, muerto hace un año. En ese caso también hay policías bonaerenses procesados.
El ex ministro explicó que algunos policías se resisten a la intervención de un civil en su fuerza porque se trata de una institución militarizada desde hace muchos años, y que se maneja con códigos propios de la corrupción y el autoritarismo.
La reforma consiste básicamente en descentralizar la fuerza mediante la creación de 18 departamentos, la remoción de oficiales, la disolución de las brigadas -principales fuentes de corrupción-, un sustancial aumento de presupuesto y la duplicación de los salarios de los agentes. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
