El proceso de reinserción de cerca de 250 guerrilleros de una disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) de Colombia corre riesgo de fracasar por un vacío jurídico que condujo a la detención de uno de sus líderes.
La captura de David Meza, alias "Gonzalo", ex jefe militar de un grupo del EPL que dejó las armas el 30 de octubre de 1996, produjo una desbandada de ex combatientes de ese grupo, que decidieron ocultarse para evitar correr igual suerte.
Los ex insurgentes cultivaban en la hacienda "Nueva Granada", del departamento de Antioquia (noroeste), plátano para exportación y frutas para consumo interno.
El EPL, que tras su legalización en 1991 adoptó la estructura de partido político y el nombre de Esperanza Paz y Libertad, denunció este martes que Meza fue capturado por unidades del Departamento Administrativo de Seguridad en Apartadó, este domingo.
En una carta enviada al presidente Ernesto Samper, el comisario político del grupo de ex combatientes, Jesús Sánchez, manifestó que él y sus compañeros se sienten traicionados por el incumplimiento del gobierno en los acuerdos firmados.
Mario Agudelo, diputado del EPL por el departamento de Antioquia, dijo a IPS que tras la captura de Meza el grupo de "reinsertados" decidió ocultarse y dejar el proyecto agrícola que habían organizado a cargo de sus mujeres y niños.
En opinión de Agudelo, la captura de Meza "es un golpe para un proceso de paz que para el bien del país es preciso fortalecer".
El DAS argumentó que la detención de Meza obedece a dos órdenes de captura de la Fiscalía del 8 de febrero, por homicidio con fines terroristas y secuestro.
Dirigentes del EPL afirmaron que no han tenido contacto con los ex guerrilleros que decidieron ocultarse, pero por informaciones de campesinos de la región conocieron que éstos no se proponen retomar las armas y lo único que piden en que se les solucione su situación jurídica.
El sector mayoritario del EPL, brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista que surgió en 1967, inició su proceso de desmovilización en 1990 con 2.000 guerrilleros y lo concretó el 1 de marzo de 1991.
Ese sector contó con dos delegados en la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria había sido una de las propuestas centrales de esa agrupación.
Otro sector del grupo disidente, al que pertenecía Meza, inició su desmovilización en julio de 1996 y la terminó un mes más tarde con un acuerdo que fue negociado directamente por la Consejería Presidencial para la Reinserción.
Una minoría comandada por Francisco Caraballo, actualmente en la cárcel, decidió continuar la lucha armada.
Los ex guerrilleros legalizados recibieron tierras y créditos para trabajarlas.
Según Luis Valencia, investigador de la Universidad de los Andes, si el gobierno no garantiza las condiciones para que estos desmovilizados puedan retornar a sus tierras se corre el riesgo de que retomen las armas, como ocurrió con los integrantes del grupo Jaime Bateman Cayón.
Esa organización surgió en 1995 como consecuencia del fraccionamiento que sufrió la organización guerrillera M-19 (legalizada en 1990) en razón de que sus expectativas de reinserción no se cumplieron. (FIN/IPS/yf/dg/ip/98
