El Ejército de Colombia presentó al gobierno estadounidense un informe sobre 40 procesos abiertos a oficiales y soldados acusados de violación de derechos humanos, en un intento por obtener ayuda militar por cerca de 70 millones de dólares.
El informe se debió a presiones del gobierno estadounidense, que anunció la suspensión de la asistencia militar a Colombia para operaciones antinarcóticos por las denuncias de violación de derechos humanos por parte de integrantes del Ejército.
El ministrio de Defensa, Gilberto Echeverry, afirmó que se trata de un documento reservado, en el que se identifica a los supuestos responsables y se da cuenta del estado en que se encuentra la investigación y del lugar y fecha en que ocurrieron los hechos investigados.
Pero los procesos incoados hasta ahora se refieren a menos de 10 por ciento de las denuncias formuladas en 1997 contra miembros de las Fuerzas Armadas por delitos contra los derechos fundamentales.
Según una fuente de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, esa institución del estado recibió el último año 463 denuncias contra oficiales y soldados, de las que fueron sólo 50 fueron investigadas por la justicia.
Los procesos identificados en el informe al gobierno estadounidense vinculan a miembros del Ejército con delitos de tortura, atentados contra la vida, secuestro, desaparición y homicidio.
Los hechos investigados ocurrieron en 70 por ciento del área geográfica en que operan unidades del ejército destinadas a la lucha contra el narcotráfico.
Algunos casos se verificaron entre enero y marzo, en ocasión de una marcha de campesinos productores de coca del sur del país. Organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a la defensa de los derechos humanos aseguran que el Ejército mató a 13 personas en ese trimestre.
Estados Unidos condicionó en agosto de 1997 la ayuda a las Fuerzas Armadas para la lucha antinarcóticos a la firma de un acuerdo en el que el gobierno de Colombia se comprometió a investigar las denuncias de violación de derechos humanos y a castigar a los responsables.
Colombia también admitió en el mismo convenio que Estados Unidos vigile y suspenda la ayuda si no se aplican las sanciones correspondientes.
Según el acuerdo, los recursos antinarcóticos que el gobierno estadounidense envíe deben ser utilizados exclusivamente para combatir el narcotráfico.
No obstante, cinco meses después de la firma del documento, la ayuda no ha sido reanudada, debido a la demora del informe del Ejército.
Estados Unidos resolvió condicionar su asistencia militar al combate contra las drogas a instancias de su embajador en Colombia, Myles Frechette, que vinculó a una división del ejército colombiano con la formación de escuadrones de la muerte.
Así mismo, Human Rigths Watch, una ONG con sede en Washington y Amnistía Internacional, habían pedido al gobierno y al Congreso de Estados Unidos que suspendieran la ayuda militar al Ejército colombiano por su presunta relación con grupos paramilitares de derecha.
Las ONH responsabilizan a los paramilitares de 70 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Según Manuel Vivanco, director de Human Rigths Watch, la presentación a Estados Unidos del informe del Ejército es positiva, "porque los altos mandos estan reconociendo públicamente" excesos cometidos en algunas operaciones.
Lo importante es que se determinen sanciones administrativas y penales contra los militares implicados, advirtió Vivanco.
Para el inspector general (jefe) de las Fuerzas Armadas, general Rafael Hernández, la presentación del informe demuestra la intención de los militares de promover "una cultura de defensa de los derechos humanos".
Esa prioridad de las Fuerzas Armadas se confirmaría en la cantidad de denuncias de violaciones, que se redujeron de 2.000 en 1996 a 463 en 1997, observó Hernández.
Agregó que las Fuerzas Armadashan creado en su interior 147 comités de defensa de los derechos humanos. (FIN/IPS/yf/ff/hd/98
