Un juez inició hoy en Chile la investigación por una querella criminal contra el general Augusto Pinochet, que resolvió prolongar hasta el último plazo legal su retiro del mando del Ejército.
La secretaria general del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, compareció este miércoles ante el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, para declarar como testigo en la demanda que su partido presentó hace ocho días contra Pinochet.
El ex dictador, acusado por el PC de cuatro delitos contra los derechos humanos, entregará el mando militar al general Ricardo Izurieta el 10 de marzo, para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
La ratificación oficial de la fecha del retiro de Pinochet, de 82 años, se produjo en la noche del martes, tras una reunión de éste con el nuevo ministro de Defensa, Raúl Troncoso, quien asumió el cargo el viernes último.
El veterano general, que gobernó Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, gozará así de fuero militar (inmunidad) hasta el último día de su prolongado período como jefe máximo del Ejército.
Pinochet había planeado originalmente su retiro para el 26 de este mes, pero la posibilidad de que diputados oficialistas presentaran una acusación constitucional en su contra lo hizo postergar el momento hasta el 10 de marzo.
La acusación aún no ha sido descartada por los cinco diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que la promueven, pero su eficacia fue puesta en tela de juicio por parlamentarios de ese mismo partido y de otras fuerzas de la gobernante Concertación por la Democracia.
El hecho de que Pinochet continúe vistiendo uniforme hasta la víspera de su juramento como senador refuerza la argumentación del presidente Eduardo Frei, militante del PDC, de que la acusación constitucional implicaría un enfrentamiento con el Ejército.
Como jefe militar, Pinochet goza de un fuero especial, y al jurar como senador vitalicio adquirirá inmunidad parlamentaria.
El fuero militar le permite negarse a declarar ante un juez o hacerlo por oficio e igualmente solicitar la intervención de la justicia castrense o de la Corte Suprema en caso de discrepancias con un juez civil en el curso de algún proceso.
El ex dictador está protegido por la ley de amnistía que él mismo promulgó en 1978, así como por compromisos asumidos por la actual coalición gobernante en el proceso de transición iniciado en 1990, que impiden investigar actos administrativos del régimen militar.
Sin embargo, los comunistas presentaron una querella criminal contra Pinochet, a quien acusan de genocidio, homicidio, asociación ilícita e inhumación ilegal, por unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos atribuidos a la dictadura.
El juez Guzmán acogió a tramitación la demanda, lo cual implica el comienzo de la investigación judicial, aunque no significa necesariamente que la justicia avale los cargos del PC contra Pinochet.
No obstante, los comunistas calificaron la resolución judicial de "un hecho histórico", ya que es la primera vez que los tribunales chilenos acogen una querella contra el militar que en 1973 derrocó al presidente constitucional Salvador Allende.
A fines de la década de los 70, el entonces dirigente del PDC Patricio Aylwin -quien encabezó entre 1990 y 1994 el primer gobierno de transición- se unió a otros abogados para solicitar una investigación judicial por la adquisición de propiedades por parte de Pinochet.
La iniciativa no prosperó, porque tanto la Corte Suprema de Justicia de aquella época como la Junta Militar de Gobierno, que ejercía funciones legislativas, dijeron carecer de atribuciones legales para pronunciarse sobre el retiro del fuero al general Pinochet.
El hecho de que la Corte de Apelaciones acogiera ahora una querella contra el ex dictador es visto por analistas políticos como un signo del lento comienzo del "post-pinochetismo" y una muestra de la democratización que está alcanzando la Justicia.
Pinochet, que llegará al Senado según una controvertida norma constitucional promulgada por él mismo, intenta blanquear su imagen de ex dictador para pasar a la historia como un estadista que refundó al Chile moderno, según el sociólogo Tomás Moulian.
Pinochet simboliza una dictadura denunciada por la violación masiva de derechos humanos, como lo ilustran la querella del PC y la posible acusación constitucional de los diputados del PDC.
El retiro del ex dictador del Ejército fue una virtual novela de suspenso para los chilenos desde que el 30 de diciembre, el presidente Frei confirmara la fecha del 26 de enero para la entrega del mando al general Izurieta.
Pinochet desató una intensa controversia política cuando atacó publicamente y amenazó con revelar "yayitas" (actos ilícitos) de los parlamentarios y líderes oficialistas que califican su llegada al Senado de "afrenta para la democracia".
El día 13, mientras arreciaba el debate en torno de la acusación constitucional, el ex dictador anunció que no se retiraría el 26 de este mes. Esa declaración determinó la renuncia de Edmundo Pérez al Ministerio de Defensa y su reemplazo por Troncoso.
Pérez, un empresario del PDC frecuentemente elogiado por Pinochet, negoció en enero el retiro del vetarano general y el ascenso a de Izurieta, lo cual implica la jubilación de otros cuatro generales de mayor antigüedad que el futuro jefe del Ejército.
La postergación de la salida del Ejército de Pinochet hasta el 11 de marzo obligó al gobierno a dictar una resolución administrativa especial para prolongar seis meses la presencia de esos cuatro oficiales en el servicio activo.
Los problemas políticos e institucionales que marcan la transición en el Ejército y el próximo ingreso de Pinochet en el parlamento demuestran tanto la complejidad de la transición como el trato excepcional de que gozan las Fuerzas Armadas en la legislación chilena, según en diario La Tercera.
Medios de prensa calificaron de crisis cívico-militar los hechos que determinaron la dimisión del ministro Pérez. El gobierno cuestionó este martes ese diagnóstico, aunque admitió que la semana pasada hubo "turbulencias políticas". (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/98
