Los partidos de la coalición de gobierno de Chile anunciaron hoy que seguirán estudiando una posible acusación constitucional contra del ex dictador Augusto Pinochet para bloquear su juramento como senador vitalicio, a pesar de que el gobierno se opone a esa acción.
Los máximos dirigentes de la gobernante Concertación por la Democracia desecharon también rumores sobre reacciones militares de respaldo al general Pinochet, que podrían incluir una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional.
El secretario general de Gobierno con rango de ministro, José Joaquín Brunner, portavoz del presidente Eduardo Frei, calificó la eventual acusación constitucional contra el ex dictador de "inconveniente e injustificada", pero no cuestionó su legalidad.
Pinochet, de 82 años, gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, es comandante en jefe del Ejército desde agosto de 1973 y deberá entregar ese cargo al general Ricardo Izurieta antes del 11 de marzo.
Una vez que se retire, el ex dictador estará facultado para convertirse en senador vitalicio en su condición de ex gobernante, según una controvertida norma de la Constitución que hizo aprobar por referendo en septiembre de 1980.
Pinochet se despediría del Ejército el lunes 26 de este mes para jurar al día siguiente como parlamentario en la sede del Senado en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, según anuncios extraoficiales.
El gobierno confirmó el cambio en el Ejército para este mes, pero el propio ex dictador desmintió las fechas señaladas luego de que agrupaciones políticas, sociales y humanitarias anunciaran manifestaciones callejeras en su contra para esos mismos días.
Mientras se mantiene en la incógnita el día exacto en que Pinochet ingresará al Senado, la gobernante coalición de centroizquierda analiza las formas más expeditas de expresar su repudio a la transformación en parlamentario del ex dictador.
La acusación constitucional tendría un indudable impacto político al abrir un juicio parlamentario contra el ex dictador, pero su efecto legal será nulo, ya que el oficialismo no cuenta con votos para aprobarla en las dos cámaras.
En la Cámara de Diputados, donde se inicia el trámite de las acusaciones, la acusación sería aprobada con el voto a favor de los 70 parlamentarios oficialistas, que cuentan con una cómoda mayoría en el total de 120 legisladores.
Pero en el actual Senado de 46 miembros, entre los cuales ocho son designados, la gobernante Concertación por la Democracia cuenta solo con 21 votos, lo cual garantiza el rechazo final a la probable acusación por parte de la derecha.
No obstante, la aprobación por parte de los diputados implicaría que Pinochet quede suspendido, según corresponda, en su cargo de comandante del Ejército o de su condición de senador vitalicio, hasta el pronunciamiento final del Senado.
La idea de la acusación no cuenta con unanimidad en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), al que pertenece el presidente Frei, fuerza mayoritaria de la coalición oficialista, que integran también los partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD).
El PDC tomará una decisión final el próximo lunes en una reunión extraordinaria de su Consejo Nacional, en tanto el PS y el PRSD aparecen dispuestos a impulsar la acusación y el PPD condiciona su apoyo a una acción unánime de los cuatro partidos.
El libelo acusatorio se fundamentaría en acciones promovidas por Pinochet bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), que implicaron presiones contra el poder civil, como así mismo en su responsabilidad en graves crímenes contra los derechos humanos.
Dirigentes de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) acusaron a los partidos oficialistas de lanzar una "campaña de injurias" contra Pinochet y crear "conflictos artificiales" que dañan las relaciones cívico-militares.
Sergio Onofre Jarpa, ex ministro de Pinochet y líder del naciente movimiento Chilefuturo, llamó al gobierno a "poner orden" en la coalición oficialista para impedir un negativo "enfrentamiento legal" con las Fuerzas Armadas que comprometaría "la seguridad nacional".
El cuerpo de generales del Ejército se reunió este lunes y no emitió ninguna declaración, pero hace una semana su vicecomandante, general Rafael Villarroel, expresó la molestia de la institución por las críticas oficialistas hacia Pinochet.
Según el gobierno de Frei, la acusación constitucional alteraría el proceso de transición abierto en 1990, en el cual "todos han actuado con el máximo de responsabilidad y de prudencia dentro del marco institucional".
"Mos encontramos a pocos días de que culmine un proceso de transición institucional en el Ejército", recalcó el ministro Brunner aludiendo al traspaso de la comandancia de Pinochet al general Izurieta.
El senador Sergio Bitar, presidente del PPD, negó este martes que la acusación parlamentaria afecte la seguridad nacional y subrayó que en ningún caso se acusa al ejército, sino que se procura establecer la responsabilidad individual del ex dictador.
"Si no nos atreviéramos a presentar la acusación seríamos considerados un país de cobardes", dijo Bitar, en tanto el presidente del PDC, diputado electo Enrique Krauss, señaló que el oficialismo no teme a una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional.
El Consejo, presidido por Frei, está compuesto por ocho miembros, incluyendo los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros, y entre sus facultades está la de advertir a los poderes del Estado situaciones de amenaza a la institucionalidad. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/97
