Las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre la persistencia de violaciones de derechos humanos en Chile a través de torturas y otros abusos policiales fueron virtualmente respaldadas por Estados Unidos.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, difundido este viernes en Washington, el Departamento de Estado consignó que durante 1997 continuaron en Chile denuncias sobre maltratos en procedimientos policiales y en cárceles.
Las ONG que trabajan en el ámbito de los derechos humanos sostienen que en la policía de Carabineros subsisten métodos inaceptables, instaurados durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
La situación tendió a empeorar este año, con la muerte de un conductor de taxi y supuesto delincuente, torturado por cuatro efectivos del Servicio de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, que están bajo proceso.
La muerte del taxista Luis Palma, ocurrida el 12 de este mes, fue antecedida el día 8 por un espectacular operativo policial en la barriada popular santiaguina de La Legua, que hizo recordar las batidas dictatoriales de comienzos de la década de los 80.
Unos cien efectivos de Carabineros ingresaron a La Legua en persecución de delincuentes que se habían enfrentado a balazos con una patrulla policial durante un asalto, dando muerte a un agente de la SIP.
En la caza de los asaltantes, los policías invadieron viviendas de los modestos pobladores, golpearon a hombres y mujeres y retuvieron a varios de ellos como sospechosos, obligándolos a tenderse en el suelo.
Néstor Alvarez, uno de los detenidos, puesto luego en libertad al comprobarse su total inocencia, presentó el viernes una querella criminal contra la policía de Carabineros, ya que perdió un ojo a causa de los golpes de los agentes.
Alvarez, padre de un niño deficiente mental, sufrió la mutilación ocular por fuertes golpes en la cabeza y el cuerpo, que le fracturaron también la mandíbula y una muñeca.
"El ensañamiento con que actuó la policía nos hizo recordar las redadas represivas entre 1983 y 1985, durante las protestas populares contra la dictadura de Pinochet", señalaron habitantes de La Legua.
La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), que atiende a víctimas de la represión dictatorial y a presos por delitos calificados de terroristas, hizo el viernes un crítico balance de los derechos humanos en Chile en 1997.
Los abogados de Fasic resaltaron que la justicia chilena tiene una "deuda histórica" con los casos de presos políticos asesinados o desaparecidos durante la dictadura, no resueltos a ocho años de restauración de la democracia.
En Chile persisten normas, como la ley de amnistía de 1978, y además métodos judiciales que en la práctica protegen a uniformados y ex agentes del régimen de Pinochet vinculados a violaciones de los derechos humanos.
El caso más ostensible y reciente fue el rechazo de la Corte Suprema del exhorto formulado contra el ex dictador por la justicia de España, en la investigación sobre ciudadanos españoles desaparecidos y asesinados en Chile.
Verónica Reyna y Héctor Salazar, abogados de Fasic, dijeron que la resolución de la Corte Suprema "favorece las estrategias de la impunidad", beneficiando en este caso directamente a Pinochet.
El ex dictador, de 82 años, dejará el mando del Ejército el 10 de marzo para jurar al día siguiente o tal vez el 12 como senador vitalicio, según una norma constitucional promulgada por él mismo en 1980.
El repudio de sectores de centro e izquierda al ingreso de Pinochet al Senado reactivó la preocupación por los derechos humanos, no sólo como un tema del pasado, sino también actual, como lo muestran los abusos policiales.
Nelson Caucoto, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, señaló que en 1997 hubo 42 denuncias de atropellos a los derechos humanos, de las cuales correspondieron 31 (74 por ciento) a actos de carabineros.
Sólo en el primer mes de este año se sumaron otras ocho denuncias, según datos de la corporación actualizados al día 28, sin considerar el caso de Alvarez en La Legua y otras posibles infracciones policiales.
Los diputados Fanny Pollarolo y Jaime Naranjo, del cogobernante Partido Socialista, se reunieron con el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Dávila, para expresarle su inquietud por las torturas en cuarteles policiales.
El jueves último, el viceministro del Interior, Belisario Velasco, indicó que la justicia debe pronunciarse sobre casos de "violencia innecesaria" del efectivos policiales para que los mandos de Carabineros apliquen las sanciones que corresponda.
Al comentar las 42 denuncias sobre atropellos a los derechos humanos en 1997, Velasco señaló que cada año hay entre 50.000 y 60.000 diligencias policiales y que se generan situaciones de "cierta violencia" cuando hay resistencia de delincuentes.
El viceministro recordó que en 1997 murieron tres efectivos de Carabineros y otros 17 resultaron heridos durante procedimientos policiales.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Chile indica que el gobierno de Eduardo Frei respeta en general los derechos humanos, pero persisten problemas y "los casos más serios involucran denuncias de tortura, brutalidad y uso excesivo de fuerza policial". (FIN/IPS/ggr/ff/hd/98
