Las siempre complejas relaciones entre el gobierno de Chile y los gremios empresariales atraviesan por uno de sus peores momentos, en lo que viene a ser otro coletazo de la crisis asiática.
El presidente Eduardo Frei dijo este miércoles que la crisis no afectará la inversión social, respaldó a su ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, y advirtió que "no es tiempo de experimentaciones en la economía".
Añadió que Aninat seguirá día a día la evolución de la crisis para eventuales ajustes, con lo cual reiteró su confianza en el ministro, protagonista de una abierta polémica con la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
El impacto de la crisis financiera iniciada en Asia hizo rebrotar las contradicciones entre un empresariado que busca una consolidación definitiva del neoliberalismo y la propuesta gubernamental de mantener algún control estatal sobre el modelo de mercado.
La CPC, que reúne a las cámaras de grandes empresarios, planteó el lunes último un paquete de 46 medidas en los ámbitos fiscal, económico, financiero, cambiario y laboral para enfrentar la crisis.
"Desequilibradas, reiterativas y apresuradas", fueron los calificativos que esas medidas merecieron de parte de Aninat, quien además de ministro de Hacienda es jefe del equipo económico de Frei.
Aninat sugirió que la CPC y sus filiales aprovecharon las convulsiones creadas por los avatares bursátiles y financieros del sudeste asiático para reactivar antiguas demandas, en lo que calificó como "un pliego de peticiones".
Chile coloca 34 por ciento de sus exportaciones en los mercados del Asia-Pacífico y es por tanto uno de los países latinoamericanos más expuestos a los efectos recesivos de la crisis iniciada en octubre de 1997 en Tailandia.
En el curso de este año, la cotización del dólar se elevó a rangos sin precedentes, en tanto el precio del cobre, principal exportación chilena, cayó a los índices más bajos de los últimos cinco años.
En una reunión plenaria de empresarios, el presidente de la CPC, Walter Riesco, insistió en que el gobierno debe reducir el ritmo de expansión del gasto fiscal, realizar más privatizaciones y reducir los aranceles aduaneros de 11 a ocho por ciento.
Riesco planteó igualmente que el gobierno retire del Congreso un proyecto de reforma tributaria y que dé marcha atrás en las reformas al Código Laboral que apuntan a restablecer la negociación colectiva y otras aspiraciones sindicales.
La plataforma de la CPC incluyó también propuestas de una política cambiaria "más libre" y de eliminación gradual a los controles del Banco Central sobre los movimientos de capitales extranjeros que ingresan con fines no productivos.
Este último punto alude al encaje bancario, mediante el cual el Banco Central obliga a depositar por un año el equivalente a 35 por ciento de las inversiones de cartera, desalentando así la llegada de los llamados capitales golondrina.
Lo que al parecer irritó más al gobierno fue la aseveración de Riesco de que existe una "paralización" en el desarrollo de Chile y "una inactividad en muchos aspectos".
Por ello, según el líder empresarial, la crisis asiática "es una oportunidad para relanzar un programa que lleve a continuar con un desarrollo alto del país para erradicar todos los males, como es la extrema pobreza".
Mientras sectores de izquierda acusan al gobierno de mantener el modelo neoliberal heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), los empresarios y la derecha lo culpan de restablecer formas de estatismo.
La privatización de las últimas empresas públicas, la liberación de los mercados financieros, una mayor apertura al exterior y la desregulación del mercado laboral, son medidas exigidas reiteradamente por la CPC y la oposición derechista.
Aninat recordó que en las actuales condiciones de la economía chilena el Estado es generador sólo de 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que el 80 por ciento restante es responsabilidad del sector privado.
Bajo esta consideración, estimó desequilibrada la propuesta de los gremios empresariales, que hacen recaer la responsabilidad de caso todas sus medidas sobre el gobierno, sin profundizar en la contribución que puede hacer el sector privado.
La réplica de Aninat se produjo luego de que expertos del Fondo Monetario Internacional respaldaran la política fiscal y financiera y de que una clasificadora de riesgos estadounidense, la Standard and Poor's, confirmara a Chile como un país seguro para la inversión externa.
La polémica continuó este miércoles. Pedro Lizana, ex presidente de los empresarios industriales, sostuvo que la respuesta del ministro a la CPC fue "temperamental" y no favorece un "diálogo constructivo".
Cristián Larroulet, director del derechista Instituto Libertad y Desarrollo, dijo que la reacción de Aninat fue "inadecuada" y sostuvo que el empresariado busca promover "un clima de unidad nacional para enfrentar la crisis". (FIN/IPS/ggr/dg/if/97) = 01281959 NYC135
