La "ley de las aguas", que establece el pago por el uso de ese bien público, empieza a promover una nueva organización administrativa en Brasil, basada en criterios ambientales.
La ley, aprobada hace un año ante la creciente escasez de recursos hídricos en varias partes del país, impone, además del principio de que los usuarios deben pagar, la creación de nuevos organismos de gestión.
Cada cuenca hidrográfica contará con su Comité para decidir políticas de uso, conservación y recuperación, una especie de "parlamento" en el que tienen asiento las alcaldias y otros gobiernos involucrados, sean estaduales o el nacional, los usuarios y representantes de la sociedad.
Esa estructura no coincide con la división política del país. Las cuencas se extienden siempre por muchos municipios y algunas ocupan partes de varios estados. En general los ríos, que son el centro de una cuenca, sirven de frontera entre esas unidades territoriales.
El Comité de Cuenca representa por tanto un nuevo poder que, aunque limitado a cuestiones ambientales, podrá intervenir en políticas de desarrollo, al fijar precios y autorizar o no una empresa a utilizar el agua local, sobreponiéndose a gobiernos municipales y provinciales.
Los agricultores del estado de Sao Paulo, por ejemplo, temen que el nuevo costo les reste competitividad al punto de hacer inviable su actividad. El agua es particularmente importante para el agroindustria del azúcar, concentrada en el interior de Sao Paulo.
Con la administración descentralizada por las cuencas hidrográficas, la nueva ley impulsa "una revolución en la gestión ambiental del país", evaluó el ministro de Medio Ambiente, Gustavo Krause.
A nivel nacional, un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, presidido por el ministro de Medio Ambiente y con representantes de 14 ministerios, decidirá sobre las cuestiones y conflictos relacionados con el agua, formalizando el cambio de enfoque en la cuestión.
Hasta ahora, el agua era principalmente un asunto energético en Brasil, un país en que casi toda la electricidad consumida proviene de los ríos. El Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica imperaba en esa área.
Eso respondía a una época en la que era inimaginable la escasez de agua en el país, con excepción del noreste, región sometida a periódicas y prolongadas sequías.
Brasil posee ocho por ciento de toda el agua dulce del mundo. Pero se trata de un recurso tan mal distribuido en el país como los ingresos. El 70 por ciento se concentra en la cuenca amazónica, donde vive sólo siete por ciento de la población.
En el área metropolitana de Sao Paulo, que acoge a más de 16 millones de personas -diez por ciento de la población brasileña-, las aguas superficiales suman una capacidad de abastecimiento de 82.000 litros por segundo.
El consumo ya alcanza 60.000 litros por segundo y deberá alcanzar 75.000 en el año 2000, pasando a 92.000 litros diez años después, según el secretario de Recursos Hídricos del estado, Hugo Marques da Rosa.
Un consumo de 20 por ciento del potencial hdrico ya indica escasez. Por ese patrn internacional, Sao Paulo est al borde del colapso. As ya lo siente la poblacin local, sometida a frecuentes racionamientos de agua.
La situación no es mucho mejor en el interior del estado, hacia donde se expande el desarrollo industrial. Por eso el gobierno estadual se apresura a elaborar su propia legislación, gravando el uso de agua a partir del año 2000 y en organizar su aplicación.
Ya se definieron 20 comités de cuencas, encargados de evaluar los problemas locales y definir planes de recuperación de manantiales, cuyos costos serán cubiertos por el pago de los usuarios. El modelo se basa en la experiencia de Francia, que hace 30 años cobra por el uso del agua.
La mayor resistencia a pagar por un recurso que siempre se consideró una dádiva de la naturaleza parte de los agricultores. El secretario Marques Rosa les ofrece postergar el cobro al año 2004, para evitar aumento de precios de alimentos básicos.
Ceará, en el noreste, fue el primero de los 26 estados brasileños en instituir el cobro y la concesión de uso del agua, escasa desde siempre en la región. Ya hay dos comités de cuenca implantados, informó Wilson Pinto, vocero de la Secretaría de Recursos Hídricos local.
En su opinión, el mayor conflicto generado por la aplicación de la nueva ley es con los hacendados, en cuyas propiedades los gobiernos construyeron numerosas presas para combatir la sequía. "Quieren ser dueños de un bien público, construido por el poder público", explicó Pinto.
La nueva política exigirá también un combate al desperdicio a que está acostumbrada la población en general, especialmente en grandes ciudades de manantiales insuficientes, como Sao Paulo.
Un habitante de esa metrópolis consume en promedio 200 litros de agua por día, según la Compañía de Saneamiento Básico del estado. La Organización Mundial de la Salud estima que son suficientes 40 litros diarios para cada persona. (FIN/IPS/mo/ag/en/98
