BRASIL: Bancos estaduales, nuevo reto fiscal

Para completar el saneamiento del sector financiero, el gobierno de Brasil enfrenta este año el reto de reestructurar el sector bancario controlado por gobiernos estaduales y arruinado por su uso con sen tiudo político.

El problema es básicamente fiscal. Por lo menos quince bancos deberán negociar su destino el gobierno central antes del 31 de marzo. La mayoría quebró porque eran utilizados por sus dueños como fuente de recursos fáciles para sus proyectos.

Los gobiernos estaduales se endeudaron más allá de sus posibilidades de pago, dejando a sus bancos también en situación de insolvencia.

El gobierno brasileño evitó, en los tres últimos años, el cierre de grandes bancos privados en quiebra, promoviendo su adquisición por otros grupos financieros, incluso extranjeros. Para ello impulsó el Programa de Estímulo a la Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Financiero (PROER).

El PROER costó cerca de 20.000 millones de dólares en aportes del Banco Central, gran parte dificílmente recuperables porque serían cubiertos por créditos y patrimonio de cobro muy dudoso.

De todos modos será "el programa de menor costo del mundo, aún en la peor hipótesis de no realización de los activos asumidos", si se lo compara con experiencias de ajuste del sector financiero en otros países, sostuvo Claudio Mauch, que como director de Fiscalización del Banco Central se encarga del asunto.

El saneamiento de los bancos estaduales, sin embargo, costará mucho más. Cálculos privados destacan la necesidad de unos 34.000 millones de dólares para la realización de esa operación.

Salvar el mayor banco estadual, el del Estado de Sao Paulo (BANESPA), ya exigió una financiación del Tesoro Nacional por 26.000 millones de reales (cerca de 23.200 millones de dólares) para que el gobierno local pagara sus débitos al banco.

En cambio, el BANESPA pasó bajo control del gobierno central, que decidió privatizarlo este año.

Negociaciones similares están en marcha con otros gobiernos estaduales para solucionar el problema de su endeudamiento y de sus bancos, que deberán ser privatizados, convertidos en agencias de fomento o en bancos comerciales estatales pero sometidos a nuevas reglas.

Un estudio de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda indica que 31 por ciento de los créditos de bancos públicos están vencidos o ya se consideran incobrables.

La cuestión ahora seráa poner fin a esa estructura, que alimentaba fuertemente el déficit público.

Pero otros factores siguen fomentando los problemas. El más grave es que las elevadas tasas de interés vigentes en el país aumentan geométricamente las deudas de los estados.

La crisis del BANESPA y de las finanzas de Sao Paulo no se debe a mala gestión sino a la política de intereses practicada por el Banco Central, responden los gobernantes anteriores, acusados de haber provocado el colapso financiero del banco y del estado.

La deuda estadual, que era de 23.000 millones de dólares en 1994, subió a 50.500 millones en mayo de 1997, monto por el cual se hizo el acuerdo de refinanciación con el gobierno central, argumentó José Fernando Boucinhas, secretario de Planificación y Gestión del estado de Sao Paulo en 1993 y 1994.

No hubo "exceso de obras ni inversiones" para justificar tal elevación, sólo los elevados intereses del Banco Central, sostuvo, añadiendo que entre 1992 y 1994 la deuda estadual ya había triplicado por la misma razón.

Las tasas de interés de Brasil, que ya eran las más elevadas del mundo, sufrieron un nuevo aumento en noviembre, a causa de los efectos de la crisis financiera asiática.

Algunos gobiernos estaduales se adelantaron al proceso y ya privatizaron sus instituciones, en acuerdo con el Banco Central. Fue el caso de Rio de Janeiro, cuyo banco estatal fue vendido el año pasado al Itaú, el segundo mayor grupo financiero privado del país.

El sistema financiero nacional conoció un ajuste "aún insuficiente" y exigirá un largo proceso de fortalecimiento para enfrentar los retos impuestos por las turbulencias internacionales, admitió José Mendonza de Barros, secretario de Política Económica. (FIN/IPS/mo/dg/ip-if/98

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