El gobierno de Bolivia puso en vigencia esta semana un ambicioso plan para erradicar todas las plantaciones de coca destinadas a la fabricación de cocaína hasta el año 2002, y ofrecer alternativas económicas a unas 40.000 familias que se dedican a esa actividad.
El plan "Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico", presentado este martes al parlamento por el gobierno del presidente Hugo Banzer, fue rechazado por dirigentes de los campesinos cultivadores de coca, que calificaron la propuesta como una "imposición destinada al fracaso".
La nueva estrategia está basada en cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención del consumo.
Su aspecto más novedoso consiste en la eliminación paulatina de la compensación económica por destrucción de plantaciones. Desde 1988, la estrategia de erradicación voluntaria contemplaba una compensación al campesino de 2.500 dólares por cada hectárea de coca destruida en forma voluntaria.
Pero esta política fracasó. Tras una década en la que se invirtieron 85 millones de dólares en compensar a los cocaleros, los cultivos se han reducido en sólo 1,7 por ciento, ya que se comprobó que los campesinos utilizaban parte de ese dinero para sembrar coca nueva.
En Bolivia aún existen unas 38.000 hectáreas de coca excedentaria (sometida a planes de destrucción) e ilegal (cultivos recientes), que serán erradicadas a un ritmo de 8.000 hectáreas por año.
El nuevo plan contempla la compensación de 2.500 dólares al campesino hasta el 31 de marzo próximo, pero desde el día siguiente se reducirá a 1.650 dólares. Los 850 dólares restantes serán utilizados como "compensación comunitaria" para planes de desarrollo.
La disminución gradual de los pagos debe concluir el 1 de enero del año 2002, cuando toda la coca excedentaria e ilegal existente será erradicada por la fuerza y sin compensación alguna.
Si se cumplen las previsiones del gobierno, ese año Bolivia habrá abandonado el triángulo andino de países productores de coca y cocaína, en el que también se incluyen Colombia y Perú.
El mayor obstáculo que enfrenta la iniciativa gubernamental lo constituyen las 40.000 familias de campesinos productores de coca, que en los últimos años se han convertido en el sector social más combativo del país en la defensa de sus intereses.
La primera reacción de los cocaleros fue el anuncio de una masiva movilización el lunes 26 desde la central región del Chapare -donde se produce coca y cocaína- hacia la ciudad de Cochabamba, distante a 150 kilómetros.
"Los campesinos productores de la hoja de coca vamos a tomar Cochabamba ese día… Jamás permitiremos la erradicación de toda la coca", dijo Evo Morales, líder de las organizaciones sindicales del Chapare y diputado al parlamento por esa región.
Morales criticó al gobierno de Banzer por no consultar a los campesinos sobre el contenido del plan y aseguró que no aceptarán imposiciones.
El dirigente reafirmó la vigencia de una vieja consigna de los campesinos cocaleros: mientras no existan alternativas económicas con otros cultivos igualmente rentables que la coca, no destruirán sus plantaciones.
La experiencia de casi una década de políticas de desarrollo alternativo ha demostrado que ningún cultivo es tan rentable como la coca, que da a los campesinos del Chapare un nivel de ingresos tres o cuatro veces superior a los del resto del país.
En el plan antidrogas del gobierno, el desarrollo alternativo contempla reemplazar la coca por nuevos cultivos destinados a la exportación y el traslado de unas 15.000 familias que habitan en el Chapare hacia zonas de colonización aún no establecidas.
Las restantes 25.000 familias que se quedarán en el Chapare se beneficiarán con proyectos de desarrollo económico y social que serán ejecutados con los recursos de la compensación comunitaria y programas de desarrollo alternativo.
Las tierras que queden baldías por la migración serán transferidas al sector privado, para desarrollar cultivos destinados a la exportación, para lo que el gobierno implementará políticas de incentivo.
El plan tiene un costo estimado de 952 millones de dólares, de los que sólo 461 millones están asegurados. El Estado boliviano aporta 161 millones, en tanto Estados Unidos y la Unión Europea han comprometido otros 300 millones.
Banzer espera financiar los restantes 491 millones de dólares con nuevos aportes de la comunidad internacional.
Bolivia es considerado el segundo productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia, y se estima que el impacto de la actividad del narcotráfico en la economía del país fue de 3,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1996.
Según estimaciones del gobierno, la población que consume cocaína en Bolivia aumentó de 0,3 a 1,2 por ciento entre 1992 y 1996. El ministro de Gobierno (Interior), Guido Náyar, dijo que el consumo de cocaína en el país se ubica en unas cuatro toneladas métricas al año. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/98
