Los parlamentarios argentinos podrían derogar la semana próxima las leyes que amnistiaron a más de mil militares acusados por la represión ilegal de los años 70, pero en conocimiento de que su resolución será vetada por el gobierno.
Los diputados se preparan para considerar el miércoles la propuesta de revocación de las leyes de amnistía, aunque se aguarda un debate abstracto, con pocas posibilidades de alcanzar el objetivo buscado de terminar con la impunidad de los culpables del secuestro y desaparición de miles de personas.
El gobernante Partido Justicialista y la Alianza de oposición, integrada por el centroizquierdista Frente País Solidario y la centrista Unión Cívica Radical, dejaron el voto librado a la conciencia de cada legislador.
Mientras, el presidente Carlos Menem advirtió que vetará la resolución, si obtuviera en la Cámara de Diputados y en el Senado la mayoría necesaria para su aprobación.
El clima de voto sin convicción que precede el debate se parece paradójicamente al que imperó en 1987, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín, presionado por dos sublevaciones militares, propuso al parlamento la amnistía.
Muchos de los legisladores que hoy integran la Alianza votaron la iniciativa del gobierno por lealtad a Alfonsín y en contra de sus principios, según declararon.
El diputado Dante Caputo, que fue canciller de Alfonsín y hoy representa al Frente País Solidario, dijo que las leyes aprobadas entonces fueron "una concesión" de un gobierno débil, que ya no tenía la fortaleza de 1983, cuando anunció la investigación que llevaría a la cárcel a los líderes de la dictadura militar (1976- 1983).
Condenados a prisión perpetua, los ex jefes militares recobraron la libertad con la amnistía.
Diputados del Frente País Solidario presentaron el 7 de este mes un proyecto para derogar las leyes llamadas de punto final y obediencia debida, con el respaldo de todos los organismos de derechos humanos de Argentina.
La propuesta tomó por sorpresa a los dirigentes políticos – incluso del Frente- y fue rechazada por "impracticable"por muchos, que la consideraron una iniciativa meramente "testimonial", sin efectos reales.
Los adversarios del proyecto sostuvieron que sería imposible dotar de carácter retroactivo a la derogación y eliminar beneficios ya otorgados a los militares.
Pero una semana después, las declaraciones del marino Alfredo Astiz reivindicando la represión ilegal provocaron no sólo su expulsión de filas militares, ordenada por Menem, sino que también determinaron a muchos legisladores a revisar su actitud contraria a la propuesta de anulación de la amnistía.
Los promotores de la derogación sostienen que las leyes de amnistía son inconstitucionales. Y otros creen ahora que ni siquiera es necesaria la derogación para procesar a los militares represores, ya que los delitos se siguen cometiendo en la medida en que los secuestrados desaparecidos permanecen en esa condición.
Los desaparecidos, unas 10.000 personas, por lo menos, no han sido declarados oficialmente muertos. Fueron secuestrados, torturados y presuntamente asesinados por agentes de la dictadura, y se ignora el destino que tuvieron sus restos.
Las organizaciones humanitarios elevan el total de desaparecidos a 30.000.
Humberto Roggero, jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, cree necesario que su grupo participe del debate del miércoles, y el ministro del Interior, Carlos Corach, anunció que se dara libertad de conciencia a los legisladores oficialistas.
Esa postura del oficialismo fue interpretada por dirigentes de la Alianza como un intento de dividir a la nueva oposición, que triunfó en las elecciones parlamentarias de octubre.
También obliga a los diputados de la coalición opositora a aceptar el debate, ponerle fecha, e inclusive, en algunos casos, cambiar del rechazo al apoyo a la iniciativa.
La diputada Graciela Fernndez Meijide, dirigente de la Alianza, consideró en principio inviable el proyecto de revocación de las leyes de 1987, a pesar de tener un hijo desaparecido y de su pasado como dirigente humanitaria.
La misma opinión tuvo el diputado Carlos Alvarez, también líder del Frente País Solidario, hasta que este jueves, luego de una reunión con defensores de los derechos humanos, anunció que tanto él como Fernández Meijide cambiarían de postura.
Los dos dirigente del Frente votarán por la derogación de la amnistía a los militares, aunque suponen que el Senado, de mayoría oficialista, bloqueará el proyecto, o que Menem hará efectiva su advertencia y le opondrá su veto.
"No queremos crear falsas expectativas", aclaró una diputada del Frente a los defensores de los derechos humanos.
Mientras, los redactores del proyecto celebraron el apoyo obtenido de su partido y señalaron que la constitución faculta el parlamento a anular el veto del presidente por mayoría especial de miembros. (FIN/IPS/mv/ff/ip hd/98
