El gobierno de Argentina intenta este mes realizar dos controvertidos proyectos que en 1997 sufrieron todo tipo de atrasos e impugnaciones: la concesión de los aeropuertos, por un lado, y de la impresión de documentos de identidad, controles migratorios y padrones electorales por el otro.
El jueves se abrirá el sobre con las ofertas económicas de los cuatro consorcios que pugnan para la explotación de todos los negocios que rodean a los 33 aeropuertos puestos en licitación, con la sola exclusión de la seguridad, que segurá bajo control de la Fuera Aérea.
El ganador, que tendrá la concesión por 30 años de todo el paquete, será el que presente la mayor oferta por el canon anual – que podría rondar los 40 millones de dólares- y se comprometa a invertir 2.000 millones de dólares para mejorar las pistas de aterrizaje y abrir nuevos negocios.
A la licitación de presentaron empresas alemanas, españolas, estadounidenses, francesas e italianas, asociadas en casi todos los casos con compañias argentinas. Lo mismo ocurrió con el concurso para la impresión de documentos, en el que compiten básicamente firmas de Estados Unidos y Alemania.
Consultoras privadas estiman que la explotación de confiterías, hoteles, restaurantes, playas de estacionamiento y otros negocios de los aeropuertos permitiría al oferente facturar alrededor de 15.000 millones de dólares en los 30 años de concesión.
Poco después, el lunes 12, se conocerán los grupos privados que siguen en carrera para renovar los documentos de identidad (DNI) de 35 millones de argentinos a un costo de 25 pesos cada uno más impuestos y gastos de envío, además de controles migratorios y padrones de votación.
La licitación permitiría al adjudicatario facturar alrededor de 1.000 millones de dólares hasta que culmine la renovación, y a cambio quedaría un sistema más seguro de identificación y migración de personas y se evitaría el fraude por doble empadronamiento.
El sistema de control fronterizo prevé informatizar 250 puestos limítrofes, crear y mantener una base de datos de migraciones y poner en marcha un sistema de control para alrededor de 25 millones de personas que entran y salen del país anualmente.
Pero tanto el negocio de los aeropuertos como el de los DNI sufrieron impugnaciones, denuncias de legisladores ante la justicia, polémicas dentro del Poder Ejecutivo, intervención de embajadores extranjeros, frenos y postergaciones hasta llegar a este mes.
En el caso de los aeropuertos, los mayores obstáculos surgieron porque la concesión no incluía la privatización de las tiendas libres de impuestos y los depósitos fiscales, presuntamente controlados por empresas del controvertido Alfredo Yabrán.
Yabrán fue acusado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo de encabezar una mafia en el correo y en los aeropuertos, dos asuntos sensibles al narcotráfico, y también se sospecha que presentó testaferros para la licitación de los DNI.
Los legisladores de la oposición denunciaron junto con Cavallo que quien interviniera en el negocio de los aeropuertos lo haría por el interés de explotar los servicios controlados por Yabrán, que representan 40 por ciento de la facturación de las terminales aéreas.
Sin embargo, un decreto presidencial dictaminó hace dos años que los depósitos fiscales y las tiendas libres de impuestos quedan bajo la órbita de los actuales concesionarios hasta el 2010, o de lo contrario se les debe abonar 500 millones de dólares de indemnización.
Los cuestionamientos de los legisladores de la oposición decidieron al Ejecutivo a recurrir a los decretos de necesidad y urgencia para avanzar en la licitación, un hecho que fue respondido con acciones judiciales por parte de los diputados.
Pero esas impugnaciones se debilitaron cuando la Corte Suprema de Justicia, integrada por una mayoría designada por el Poder Ejecutivo, rechazó en diciembre un recurso de intervención solicitado por los legisladores.
Paralelamente, un consorcio, el Exxel Group, adquirió sorpresivamente Interbaires y Edcadassa, dos empresas que se creía pertenecientes a Yabrán. El hecho abrió nuevas sospechas entre los diputados de la oposición.
En el caso de los DNI, la última impugnación tuvo origen en el propio gobierno. El Poder Ejecutivo debía identificar el próximo lunes a los grupos que seguirán en competencia, pero una presentación hecha por la Secretaría de Informática del Estado obligó a postergar la fecha.
El organismo objetó ante la Sindicatura General de la Nación que fue ignorado por el Ministerio del Interior en el proceso de revisión y control de la licitación, y el ministro decidió entonces postergar la precalificación una semana, para aguardar el pronunciamiento de la Sindicatura.
A su vez, los diputados opositores, que cuestionaban el negocio, tomaron el argumento de la Secretaría de Informática para demostrar que el proceso es irregular y debe ser suspendido.
Los impugnantes se presentaron ante la justicia con la carta enviada por la Secretaría de Informática, en una carrera contra reloj para frenar una vez más el proyecto gubernamental. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
