La incapacidad inmediata del mundo exterior para detener la crisis de Argelia quedó en evidencia al conocerse hoy una nueva matanza de 38 personas al menos, coincidente con la llegada de una misión de la Unión Europea (UE) al país norafricano.
La misión, encabezada por el ministro británico Derek Fatchett, se considera un inicio básico a un largo proceso de persuasión al gobierno argelino, sólo para que hable del problema.
Por el momento, es impensable que las autoridades admitan la intervención extranjera en la insurgencia de seis años, que ya se cobró cerca de 80.000 vidas.
Según informes de la prensa argelina, 15 conductores fueron degollados el lunes en un falso puesto policial de control cerca de Bouira, situada 112 kilómetros al este de la capital. Periódicos independientes informaron sobre otros 23 asesinatos.
Dos personas murieron en un atentado con bomba y 12 fueron baleadas en un café de la localidad de Boussaken, al sur de Argel, de acuerdo con el diario Liberté.
Fatchett informó este martes a la prensa que al llegar al país se reunió con el canciller argelino Ahmed Attaf. El encuentro fue "largo y fructífero", dijo, y se refirió a medidas de seguridad antiterroristas, derechos humanos y programas de cooperación entre Estados Unidos y Argelia.
Posteriormente, Fatchett y sus compañeros de misión se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes.
Los otros miembros de la llamada "troika" europea son el secretario de Estado de Luxemburgo, Georges Wohlfart, y el secretario de Estado de Austria, Benito Ferrero-Waldner. Les acompaña Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión Europea.
Fatchett debió enfatizar que la UE no pretende imponer su opinión a las autoridades argelinas, quienes se indignaron ante sugerencias de que podrían estar involucradas en las matanzas de civiles, que el gobierno atribuye exclusivamente a radicales islámicos.
"Llegamos desprovistos de prejuicios", declaró Fatchett a su llegada. "Llegamos para decir que Europa está profundamente preocupada por el sufrimiento del pueblo argelino".
Argel sostiene que la situación está bajo control y considera que los esfuerzos extranjeros para intervenir en la crisis constituyen un desafío a su soberanía.
Sin embargo, el gobierno acepta que las conversaciones se concentren en esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo y, según se prevé, exigirá a la UE que reprima a los militantes islámicos en sus respectivos territorios.
Varios activistas musulmanes se habrían refugiado en países europeos, principalmente Gran Bretaña y Alemania.
Gran Bretaña, que actualmente preside la Comisión Europea, proyecta tomar medidas para controlar las actividades de grupos con vínculos terroristas en Londres, anunció Bill Clare, portavoz de la cancillería.
Mientras, el Ministerio del Interior británico considera proyectos legislativos que prohibirían la planificación y recaudación de fondos en el país para actos terroristas en el extranjero.
De todos modos, varias ONG ya manifestaron su alarma sobre el peligro de que las leyes antiterroristas sean utilizadas para reprimir los derechos de disidentes y refugiados políticos en Gran Bretaña.
"La prohibición de actividades terrorista en Gran Bretaña puede perjudicar a los solicitantes de asilo", alertó Neil Durkin, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
John Wadham, director del grupo Liberty, afirmó que trabar a los disidentes no es una solución. "Debemos buscar el modo de que Gran Bretaña continúe siendo un refugio seguro de los perseguidos del mundo y de promover al mismo tiempo la no violencia", dijo.
El gobierno de Tony Blair tiene cuidado de contemplar la situación de varios gobiernos, entre ellos el de India y Arabia Saudita. Riyad presionó a Londres para que expulsara al disidente Mohammed al-Massari cuando se refugió en territorio británico en 1986.
Los estados árabes tienden a respaldar la óptica de Argelia, según la cual la crisis es un asunto interno, y por lo tanto exhortan a los países europeos a prohibir o mantener bajo control a los supuestos "terroristas" refugiados en sus territorios.
"La Liga Arabe está en contra de cualquier interferencia extranjera en Argelia. ¿Qué harían los países europeos si un país árabe dice que desea enviar un equipo a investigar los refugios de terroristas en sus territorios?", dijo el subsecretario de la organización regional, Ehab Muqbel.
Esa pregunta, formulada antes de la visita de Fatchett, tiene base, pues muchos activistas islámicos obtuvieron refugio en países europeos, en especial Gran Bretaña y Alemania.
Faid Essoulami, director del programa de Medio Oriente y el Norte de Africa de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, dijo en Londres que la comunidad internacional debe hacer escuchar con fuerza sus preocupaciones dentro de Argelia.
"La misión de la UE debe convencer al gobierno de Argelia de que la ciudadanía europea está preocupada por las masacres e intentar romper el obstáculo que impone Argel al no aceptar 'interferencias extranjeras"', sostuvo Essoulami.
"Si pueden aceptar eso, se abrirán las puertas. La UE no puede arriesgar su alianza con Argelia, y esta misión debe dejar claro que el bloque quiere ayudar. Pero debe expresar su preocupación sobre los derechos humanos", agregó.
Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una sesión especial para tratar la situación de los derechos humanos en Argelia.
Amnistía mencionó en ese sentido el Acuerdo Euro-Mediterráneo entre la UE y Argelia, que contiene cláusulas referidas a los derechos humanos.
La violencia estalló en Argelia cuando los militares anularon las elecciones parlamentarias de 1992, en las que triunfaron los partidos islámicos. Las ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, violaciones sexuales, desapariciones y tomas de rehenes se convirtieron en hechos cotidianos.
Mujeres, hombres, niños y ancianos fueron masacrados, decapitados, mutilados, quemados vivos en sus casas o fusilados en una escalada de violencia sin precedentes.
Muchas masacres se registraron en áreas cercanas a la capital o a cuarteles militares, lo que deja en evidencia el hecho de que las fuerzas de seguridad fueron incapaces de detener la sangría. Muchos de los peores ataques ocurrieron en comunidades conocidas por su respaldo a los fundamentalistas.
Grupos de derechos humanos sostuvieron por esta causa que los militares pueden estar haciendo la vista gorda ante las masacres o, incluso, realizándolas ellos mismos. (FIN/IPS/tra-en/xx/ns/aw/rj/ml-mj/ip hd/98
