Ante la cada vez más escasa e insuficiente financiación que reciben de los Estados y la necesidad de adaptarse a la evolución de la demanda de las sociedades, las universidades públicas latinoamericanas intentan implementar fórmulas que les permitan sobrevivir.
En la mayor parte de los países del área, los centros de educación terciaria, a menudo desfinanciados y mastodónticos, deben también enfrentar la competencia de universidades privadas, por lo general de un funcionamiento más ágil y mantenidas por los aranceles pagados por los alumnos y la contribución de empresas.
"Vamos camino a la norteamericanización de la educación superior", sentenció recientemente la investigadora argentina Ana María García Gianelli, del Centro de Estudios del Estado y de la Sociedad Civil (CEDES) de Buenos Aires.
"Hay que ver si eso es compatible con la tradición de la universidad en América Latina y en Europa", consideró.
Lo cierto es que, a pesar del discurso que repiten invariablemente los distintos gobiernos del área de que "América Latina debe prepararse para la era del conocimiento", la educación terciaria raramente es una prioridad en los presupuestos estatales.
En promedio, de acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los países latinoamericanos invierten mil dólares por año por estudiante universitario, siete veces menos que los industrializados integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Naciones que se preciaban hasta hace muy poco de la calidad de su educación, en particular terciaria, como Uruguay, han descendido a niveles muy bajos de inversión en la materia. Actualmente Uruguay gasta 800 dólares al año en cada estudiante universitario.
Para el año 2025, la UNESCO estima por otra parte que 50 por ciento de la población de las naciones ricas contará con estudios universitarios, y sólo diez por ciento de los habitantes de los países del Sur estarán en esas condiciones.
"Será muy difícil en esas condiciones que los países del Sur puedan encarar ningún proyecto medianamente autónomo de desarrollo", estima el decano de la Facultad de Ciencias de Uruguay, Mario Wschebor.
Situar "en carrera" a las universidades públicas, mayores productoras de conocimiento en los países latinoamericanos, requiere nueva mentalidad y la adopción de fórmulas innovadoras para un contexto más difícil que en décadas anteriores, señalaron técnicos argentinos reunidos en un coloquio a fines de diciembre.
Las conclusiones de ese encuentro y los temas que allí se discutieron podrían ser extendidas a cualquier país de la región, estimó el profesor chileno Alfonso Muga.
Muga mostró en ese encuentro cómo en su país, al igual que en otros del continente, se han ido constituyendo universidades "para ricos" y otras "para pobres".
"En Chile se dio un paso rápido del Estado al mercado en 1980", cuando la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) dispuso una liberalización de la enseñanza terciaria que supuso el paso de ocho a 243 establecimientos universitarios, indicó.
"Los dos gobiernos democráticos que sucedieron a Pinochet no introdujeron cambios sustanciales en el modelo y el Estado se constituyó en un comprador de productos más que en un proveedor de recursos, como lo era antes", subrayó Muga.
En Chile, cada estudiante debe abonar en promedio unos 2.500 dólares al año para poder cursar estudios universitarios, alrededor del 50 por ciento del producto bruto interno por habitante, bastante más que en Estados Unidos.
Para ayudar a paliar ese costo, algunas universidades prestigiosas otorgan a buenos estudiantes de escasos recursos becas o préstamos.
"Una de las alternativas que se está evaluando es extender las becas o préstamos al conjunto de los establecimientos, de forma tal que no queden circunscritos a las 25 universidades tradicionales", señaló Muga.
Otro país en el que se debate la instauración del pago de la matrícula es Uruguay, donde desde principios de siglo la educación terciaria es gratuita.
El gobierno exige a las autoridades universitarias una medida de ese tipo para estudiar concederles algún tipo de ayuda suplementaria, pero la Federación de Estudiantes, la mayoría del funcionariado y parte de los profesores rechazan dejar atrás el principio de la gratuidad de la enseñanza terciaria.
Para acceder al dinero fresco que le hace falta y que ya no reciben del Estado, las diferentes facultades uruguayas deben realizar convenios con otros organismos estatales o con empresas privadas de distintas áreas. Las distintas facultades han firmado unos 700 acuerdos de ese tipo.
Paralelamente, las remuneraciones que perciben los profesores universitarios han ido cayendo en picada.
El viejo objetivo de las familias uruguayas de que sus hijos cursaran estudios universitarios para "ser alguien" hoy ya no es más que un recuerdo.
Un profesor grado cinco (el de mayor nivel), con unos 20 años de trayectoria, gana hoy menos de 1.500 dólares, cuando podría ganar dos, tres y hasta cuatro veces más en el sector privado.
En Argentina, a su vez, "la remuneración docente está por debajo del costo de oportunidad (la inversión necesaria para retener a alguien en el cargo)", señaló el economista José Delfino.
"Mientras que en el mercado el costo de un economista se cotiza en cinco, la universidad paga 1,5 y además no da señales de cambio de sus políticas de capital humano", destacó.
Por otra parte, las universidades públicas latinoamericanas se enfrentan a la necesidad de redefinir sus programas de estudios.
Ante el creciente desempleo, no son pocas las presiones que reciben (desde el poder político y desde el propio alumnado) para que den prioridad a las materias "orientadas al mercado", que permitan a los egresados, en corto tiempo, aspirar a incorporarse al mercado laboral.
Sectores universitarios rechazan dar ese viraje, aduciendo que si bien no puede "dar la espalda a la sociedad" la educación terciaria tampoco puede renunciar a formar "gente capaz de percibir críticamente el mundo", según resumió el rector de la Universidad de la República de Uruguay, Jorge Brovetto.
Para el sociólogo argentino Rodolfo Mascardi, la universidad debe "tener suficiente flexibilidad como para atender a todas las demandas, tanto de aquellos que aspiran a carreras cortas que conduzcan a una rápida inserción en el mercado, como a los que ponen el énfasis en la educación permanente".
Pero dentro de las distintas universidades latinoamericanas hay un relativo consenso para exigir al Estado que no se retire de la financiación de la educación terciaria, y la considere como una inversión y una "apuesta al futuro más que un gasto", de acuerdo a la fórmula de Wschebor. (FIN/IPS/dg/ag/ed-cr/98
