Organizaciones ambientalistas de Ecuador manifestaron el miércoles 14 su apoyo a la nueva ley de protección para el archipiélago de Galápagos, aprobada en la noche del martes por el parlamento luego de tres meses de debate.
La Ley de Régimen Especial para Galápagos, aprobada en segundo y definitivo debate por el Congreso, "debe ser el inicio de un plan de conservación" donde intervengan incluso factores culturales, dijo el director de la Fundación Natura de Ecuador, Teodoro Bustamante.
El proyecto de ley, presentado al parlamento hace tres meses por el Ministerio de Medio Ambiente, es producto de seis meses de trabajo y 10 años de investigación científica de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, como La Fundación Natura y el Fondo Mundial para la Naturaleza.
"El Congreso ha aprobado una ley sin precedentes en la historia de Ecuador", dijo la ministra de Medio Ambiente, Flor María Valverde. "Cada uno de los artículos (…) fue estudiado científicamente y contó con el consenso y la participación de la población de Galápagos".
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que en 1979 declaró a Galápagos patrimonio natural de la humanidad, concedió en diciembre seis meses de plazo al gobierno de Ecuador para que aprobara una ley especial y un plan de manejo sustentable de las islas.
En caso contrario, el archipiélago sería incluido en la lista de "patrimonios en peligro de extinción".
La UNESCO emitió en julio la primera recomendación a las autoridades ecuatorianas para que implementara medidas urgentes sobre el control del turismo, la pesca artesanal e industrial. y la migración, otorgando un año de plazo, que se prórrogó hasta noviembre de 1997 al presentarse el proyecto de ley especial.
Uno de los aspectos más polémicos de la nueva ley se refiere precisamente a la ampliación de la reserva marina de 15 a 40 millas náuticas alrededor del archipiélago, donde se prohibe la pesca. Desde la presentación del proyecto, varias organizaciones de pescadores artesanales e industriales expresaron su rechazo.
La posición de los pescadores contó con el respaldo de un grupo de parlamentarios de la costa, en especial de la provincia de Manabí, que constituyeron un bloque de oposición a la ley por considerar que las nuevas regulaciones afectarían severamente a la pesca industrial y artesanal en la región.
"La actividad pesquera es el sostén de más de 20.000 familias y representa una de las principales fuentes de recursos para el país", dijo Simón Bustamante, diputado de Manabí por el derechista Partido Social Cristiano (PSC), primera fuerza en el parlamento.
El parlamentario señaló que "hasta el momento no se han comprobado científicamente la necesidad de extender el área de protección, pero sí es un hecho que afectará a la economía nacional".
"Ya no se trata de velar por los intereses de un grupo determinado de personas sino por los intereses de toda la humanidad", dijo a IPS el diputado Alfredo Serrano, también del PSC y uno de los principales promotores de la nueva ley.
"Apostar por la conservación de las islas a largo plazo será un beneficio para nuestra economía», ya que "ahora las Galápagos representan el 60 por ciento de los recursos que el Estado obtiene por el turismo y esto se incrementará si sabemos cuidar nuestro recursos naturales", añadió.
Galápagos, una de las 21 provincias de Ecuador, se encuentra a 1.000 kilómetros del territorio continental. Su extensa y única biodiversidad es considerada por algunos especialistas como el museo viviente más grande del mundo.
En la nueva ley se contemplan también regulaciones a las actividades turísticas y agropecuarias, así como estrictos controles a la migración, que es uno de los principales problemas que afectan a las islas según los expertos.
La provincia de Galápagos tiene una de las tasas más altas de crecimiento poblacional por la migración, ya que la actividad turística ha atraído a muchas familias que buscan un mejor nivel de vida.
Según datos del Parque Nacional Galápagos, el 80 por ciento de la población insular se dedica a las actividades turísticas, y los salarios, en las islas más habitadas, son hasta 75 veces más altos que en cualquier otro lugar del país. (FIN/IPS/mg/ag/en/98