Un clima de tensión reina en la pequeña localidad costera de Mehuín, en el sur de Chile, donde la decidida acción de los pescadores artesanales mantiene en jaque un gran proyecto de producción de celulosa.
En la ciudad de Valdivia, 835 kilómetros al sur de Santiago, grupos ecologistas pidieron al gobierno que se abstenga de usar la fuerza contra los pescadores y fustigaron la actitud ante el conflicto del gobernador provincial Jorge Vives.
Vives criticó a la Armada, que a su juicio no dispuso suficientes barcos ni efectivos para neutralizar a unos 150 botes pesqueros que el día 12 impidieron el ingreso a la bahía de Maiquillahue de dos expertos de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco).
Los expertos, que llegaron hasta el lugar en un remolcador, debían iniciar trabajos de análisis ambiental para el ducto que Celco planea tender 1.500 metros mar adentro, para descargar desechos de una planta productora de celulosa.
La planta, que procesaría maderas de la zona, tiene como emplazamiento la comuna (municipio) rural de San José de la Mariquina, a cuya jurisdicción pertenece Mehuín, aldea costera de 1.450 habitantes, situada 85 kilómetros al noroeste de Valdivia.
Celco pertenece al grupo Angellini, el segundo conglomerado empresarial en importancia de Chile, que cuenta ya con otras tres fábricas de celulosa, principal insumo en la elaboración de papel para la impresión de diarios.
La planta Valdivia se localizaría en las riberas del río Cruces y su diseño original de procesamiento y descarga de desechos fue rechazado por las autoridades debido a la cercanía de un área declarada santuario de la naturaleza.
Ante esta situación, Celco optó por cambiar el sistema de procesamiento terciario por otro, secundario, que genera más desechos, para descargarlos a través de un ducto de 35 kilómetros en la bahía de Maiquillahue.
Las autoridades regionales declararon ambientalmente viable el proyecto el 30 de mayo de 1996. Pero la iniciativa fue rechazada por las 338 familias de pescadores de Mehuín, los principales afectadas por el ducto, que se internará 1,5 kilómetros mar adentro.
El Comité de Defensa de Mehuín advierte que las descargas de desechos organoclorados del proceso de blanqueo del papel dañarán irreversiblemente la riqueza pesquera del lugar, ya que se trata de sustancias altamente tóxicas.
El comité, presidido por el pescador Jimmy Becerra, cuenta con el respaldo de otras localidades costeras, de grupos ecologistas y de indígenas mapuches-lafquenches de la vecina comunidad de Mehuín Alto.
El Instituto de Ecología Política, una organización no gubernamental (ONG), incluye la cuestión de Mehuín entre los conflictos ambientales más complejos que deberán enfrentarse en el país en el curso de 1998.
El proyecto de Celco tiene el respaldo de los gremios empresariales y del único diario de Valdivia, como asimismo de dirigentes políticos vinculados al gobierno de Eduardo Frei, como el senador democristiano Gabriel Valdés.
Los defensores de la planta tienen como principal argumento el de los réditos económicos que dejaría a San José de la Mariquina esta fábrica, cuya construcción daría empleo a unas 4.000 personas.
El grupo Angellini, surgido bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), adquirió en los últimos 20 años unas 100.000 hectáreas de bosques que hoy quiere convertir en celulosa.
El Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), la más antigua de las ONG ecologistas de Chile, pidió al gobierno de Frei que reubique la planta, que no sólo amenaza a Mehuín y su bahía, sino también al santuario natural del río Cruces.
René Monsalve, director de la filial Valdivia del Codeff, dijo a IPS que los pescadores y los grupos ambientalistas "están dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias" los trabajos de Celco en Maiquillahue.
Las palabras de Monsalve fueron corroboradas por Becerra, quien aseguró que "existen cientos de mehuinenses dispuestos a ocupar mi lugar"(de presidente del comité) en caso de que las autoridades ordenaran su detención.
Las inquietudes sobre probables represalias surgieron a raíz de declaraciones del gobernador Vives quien, tras el bloqueo de la bahía, dijo que "éste ya no es un problema medioambiental sino de orden público".
Vives sostuvo también que la Armada tuvo "una apreciación inexacta" de la situación al disponer que el remolcador "Fuy", contratado por Celco, fuera escoltado por sólo una patrullera naval, que no actuó contra el bloqueo de los pescadores.
El día 14, la empresa propietaria del remolcador anunció el término de su contrato con Celco, en lo que los grupos ecologistas interpretaron como la consecuencia del conflicto que a su juicio se desató entre la Armada y Vives.
Esto significa que, al menos en el corto plazo, la empresa no podrá efectuar los trabajos de análisis del tendido del ducto en el mar, indispensables para el estudio de impacto ambiental que deberá presentar a las autoridades.
Este retraso fue recibido como un triunfo por la localidad de Mehuín y los ecologistas, pero ambos sectores tienen claro que se ganó nada más que una batalla y que la guerra contra el grupo Angellini será de largo aliento.
El comité demandó la renuncia del gobernador Vives quien, en cambio, recibió el respaldo público de los gremios empresariales de Valdivia, según los cuales las autoridades deben intervenir en Mehuín "para que se garantice el estado de derecho". (FIN/IPS/ggr/en/97
