El gobierno de Venezuela acusó a Human Rights Watch (HRW) de falta de rigor, como respuesta su denuncia de que en el país se producen abusos policiales, ejecuciones extrajudiciales, y hay un sistema carcelario medieval.
El ministro de la Secretaria de la Presidencia, Asdrúbal Aguiar, reconoció la existencia de problemas en materia de derechos humanos, pero afirmó que no hay suficientes casos concretos para establecer "desde un despacho de Washington" una radiografía de la situación venezolana.
Aguiar, quien preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, defendió en ese sentido los reportes realizados por otras organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que puntualizan violaciones y hacen recomendaciones específicas.
En su reporte anual, dado a conocer el jueves, HRW indicó que en Venezuela "se cometieron abusos sistemáticos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y un uso desproporcionado de la fuerza letal" por parte de los organismos de seguridad.
La organización humanitaria afirma que entre enero y agosto se cometieron al menos 90 ejecuciones extrajudiciales, mientras hubo 300 denuncias de torturas por parte de diferentes policías.
Una situación que es acompañada por "la impunidad a la mayoría de los autores de estos abusos", con la ayuda de un anticuado sistema legal, que impide rápidas e imparciales investigaciones.
"Por un lado se dice que se descubrieron algunos abusos y por otro que se tuvieron noticias de abusos sistemáticos de la policía", dijo Aguiar, según el cual los pocos casos detallados en el informe "están en fase de procesamiento por la comisión".
La existencia de excesos policiales, incluidas las ejecuciones sumarias, así como la impunidad de los agentes que incurren en los excesos y la penosa situación penitenciaria, son una constante en las denuncias de los organismos humanitarios del país y del exterior.
Pero la crítica de Aguiar al informe de HRW es el que atribuya a esos hechos el carácter de "una política sistemática".
También criticó a la organización dirigida por el abogado chileno José Miguel Vivanco, por señalar en el informe que Venezuela "adoptó una actitud inquietante" y que es uno de los países remisos a su suscripción.
"Venezuela no sólo ha firmado ese tratado esta semana en Otawa, sino que lo hizo por medio del canciller Miguel Angel Burelli para darle mayor realce", detalló Aguiar, un jurista que estuvo ligado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de integrar el gobierno de Rafael Caldera.
HRW describe las prisiones del país como "hacinadas, carentes de personal, físicamente deterioradas, plagadas de corrupción oficial y abusos e infestadas de bandas y armas de todo tipo", y señala que languidecen en permanente crisis.
El informe detalla que en una sola cárcel de las 33 que tiene el país fueron asesinados, la mayoría a tiros, 29 reclusos en los primeros nueve meses del año. Ese mismo número fue el de las víctimas de una matanza por otro grupo de presos en otro penal, en agosto.
La organización humanitaria reconoce como elementos positivos la creación de la Comisión presidida por Aguiar y el de la anulación de una anacrónica Ley de Vagos y Maleantes, que servía para detener a aquellos que la autoridad de turno consideraba "indeseables", aunque no hubieran cometido un delito.
Pero HRW criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenga atribuciones ejecutivas, sino de coordinación entre ministerios oficiales y organizaciones humanitarias, y que sólo se haya reunido entre cinco y siete veces.
Aguiar aseguró que la comisión se reúne cada semana y que su falta de potestad investigadora se origina en que en Venezuela la función de procesar e investigar denuncias es un monopolio constitucional de la Fiscalía General.
El ministro dijo que la comisión, no obstante, procesa todas las denuncias que a diario le envían las organizaciones humanitarias y que se creó una subcomisión especial con ese fin.
"Pero Vivanco eso no lo dice, porque él tiene su despacho en Washington y no en Caracas", dijo el ministro, y "fríamente desde un escritorio" emite generalizaciones con base a "dos denuncias de atropellos".
Vivanco ha venido este año en dos ocasiones al país, una en febrero para presentar un informe especial sobre la situación penitenciaria y otra en julio para asistir a un foro iberoamericano sobre derechos humanos, coordinado por Aguiar.
HRW trabaja con el apoyo de datos de organizaciones humanitarias de Venezuela, en particular la Red de Apoyo, en cuya actividad se pone un énfasis especial en la actividad de los organismos policiales y en la situación de las cárceles. (FIN/IPS/eg/jc/hd/97
