Cuando alguien es asaltado en Venezuela, si tiene oportunidad y aliento como para dirigirse al atracador, suele proponerle que se lleve el dinero y las pertenencias pero que, por favor, le deje "los papeles", como el carné de identidad y el de conducir.
Las larguísimas colas frente a las puertas de las oficinas que entregan el documento nacional de identidad forman parte desde hace años del paisaje urbano del centro de la capital de este país, Caracas, y el terreno ha sido fértil para la corrupción y el maltrato cotidiano.
"Hace tiempo me cansé de hacer cola cada madrugada. Voy a esperar el año electoral (1998) porque como les interesa que votemos, pondrán más oficinas a entregar las cédulas", comentó a IPS Ana Cedeño, una "indocumentada" venezolana de 43 años.
Ante esta situación extrema, hasta las inversiones y negocios que el Estado asegura promover con ahínco para crear riqueza y empleo, pasan -y a veces se retiran para no pasar- por las horcas caudinas de la pesada "permisería" (conjunto de trámites).
"Empresarios que montaban un almacén de depósitos en una ciudad de provincia necesitaban para abrirlo en diciembre un certificado del cuerpo de Bomberos", narró el economista Maxim Ross. "Pues bien, esa institución cerró sus oficinas -no su cuartel antisiniestros- y habrá que esperar a enero de 1998".
Ramón Martínez, gobernador del estado de Sucre, extremo noreste del país asolado este año por un terremoto, dejó sentir su queja. "Desde que el Congreso nos aprueba un crédito adicional hasta que el dinero nos llega, hay 35 trámites".
El desmantelamiento de la "permisería" ha acompañado propuestas de reforma del Estado consideradas desde 1986. Su fortaleza es tal que un nuevo estudio, financiado por el consejo estatal de ciencia y tecnología (Conicit) y la fundación privada "Andrés Otero", lo ha puesto de nuevo sobre la mesa.
"Es verdad que ya estamos llegando al final del quinquenio del presidente Rafael Caldera (1994-1999)", pero queremos y necesitamos aprovechar el margen de conciencia abierto de que este es un problema del estado venezolano y no de un gobierno", dijo a IPS Ross, el conductor del estudio.
La investigación identificó un universo de 248 trámites, 47 de los cuales afectan a ciudadanos y 201 a empresas. De estos últimos, 75 impactan a distintas producciones en general y 126 a sectores específicos.
Aún cuando el propósito del estudio fue presentar esquemas de soluciones y no cuantificar costos, no cabe duda de que éstos son elevados. "Piénsese en las horas-hombre gastadas por cualquier persona en un trámite sencillo y la actitud frente a un Estado que para sus controles presume la mala fe del ciudadano", dijo.
La carga también es grande para los consumidores quienes deben pagar, entre 10 y 15 por ciento del precio final de cualquier artículo que se deriva del costo de su "permisería".
Los pasos a dar para contar con los muchos documentos exigidos para cualquier actividad han enriquecido el lenguaje con toda una serie de venezolanismos como permisería, permisología, el permisar o el estar permisado, o la tramitadera, todavía más despectivo que el papeleo.
Lo que se ha propuesto con el estudio, apoyado por el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, es que el Estado se aboque a un cambio de paradigmas y a un programa de reformas concretas, enmarcadas en una "ley de simplificación de trámites y procedimientos administrativos".
Primero establecer que los interesados actúan de buena fe, lo que reducirá los trámites que demuestren la veracidad de los hechos. En el caso del depósito y los bomberos, se debería suponer que los interesados conocen, respetan y aplican normas internacionales y nacionales de seguridad.
También, como contrapartida, fortalecer los controles posteriores, en vez de los previos, como ocurre actualmente, y desarrollar fuertes sanciones a quien engañe o incumpla. Menor control previo implica que el Estado cese de exigir una carga de información y documentos que el mismo sistema emite.
Se insiste, además, en la transparencia como norma que limite la discrecionalidad de los funcionarios y que se personalice la actividad adminitrativa. Ross sostiene que "el usuario debe saber quién conduce su solicitud, y ese funcionario debe ser responsable de retrasos o incumplimientos".
Se anexa a la nueva ley una "Carta de los Derechos de los Administrados", para consagrar derechos tales como los de petición, respuesta, al trato igual, a ser informado, ser oído, a presentar pruebas, a la queja y a la celeridad procesal.
También se abona la creación del ombudsman (defensor de los derechos del ciudadano), una figura que en Venezuela no existe, salvo diluida en el Fiscal General, considerado el garante de la constitucionalidad y las leyes.
El programa que Ross propone y que llevará al parlamento, a los partidos políticos y a los candidatos para las elecciones generales de diciembre de 1998, comprende la eliminación o fusión de 40 por ciento de los trámites. Para todos los demás hay propuestas de "menos papeleo".
En el área ciudadana se proponen fórmulas descentralizadoras y de disminución de pasos, ampliar la vigencia de los documentos, eliminar la gratuidad o el bajo costo monetario de varios trámites y, en algunos casos, entregar o compartir su concesión con el sector privado u organizaciones no gubernamentales.
"Ahora todo dependerá de la voluntad política que se reúna", dijo Ross mientras que Petkoff pidió, al recibir el proyecto, "que la opinión pública empuje para que lo podamos instrumentar". (FIN/IPS/jz/dam/la/97
