La influyente comunidad judía de Uruguay rompió un silencio de más de una decenio y reclamó al gobierno conocer la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura que imperó en Uruguay entre 1973 y 1985.
El pronunciamiento colocó un inesperado ingrediente en la infructuosa lucha de varias organizaciones políticas y sociales, pero de inmediato el gobierno y los militares volvieron a descartar esa posibilidad.
La demanda fue pronuciada este jueves durante un agasajo de fin de año por Pedro Sclofsky, el presidente del Comité Central Israelita (CCI) que reúne a todos los grupos de la comunidad judía, quien, sin eufemismos, apeló a una lectura bíblica.
Sclofsky recordó "los esfuerzos y preocupaciones de nuestro patriaca Abraham por conseguir un lugar donde guardar los restos de su esposa Sara. Un lugar donde poder concurrir para llorarla, recordarla y honrarla".
"Los actos de los patriarcas son señales para sus hijos" y, como "entendimos el mensaje", el CCI se une a la "preocupación que afecta a numerosas familias de nuestra sociedad que sufrieron y sufren por la desaparición de sus seres queridos", agregó.
"Reafirmamos nuestra identificación con los principios éticos de la tradición judía que consagra el respeto por los derechos inherentes al ser humano. Conocer el lugar de sepultura de seres queridos en uno de esos insoslayables derechos", dijo Sclofsky.
Durante la dictadura militar, desaparecieron en Uruguay 33 personas y otros 132 uruguayos exiliados sufrieron el mismo destino en Argentina.
Una ley aprobada un año después de la recuperación de la democracia en 1985 y refrendada en plebiscito en 1989 clausuró todos los juicios contra policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos.
Aunque esa norma faculta al Poder Ejecutivo a investigar el destino de los desaparecidos al margen de la identificación de los responsables de sus muertes, hasta ahora eso no ha sucedido.
La Iglesia Católica respalda los reclamos de los familiares de desaparecidos de ubicar los restos aun sin establecer la autoría de los asesinatos.
El reclamo de Sclofsky sorprendió a los asistentes al agasajo, entre quienes se encontraban el ex presidente Luis Lacalle, el actual secretario de la Presidencia, Elías Bluth, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia y dirigentes políticos.
Todos los partidos políticos uruguayos han procurado a lo largo de la historia captar la preferencia de la colectividad judía, no solo por los votos que representa sino también por el decisivo aporte económico de sus integrantes a las campañas electorales.
Las expresiones de Sclofsky generaron reacciones encontradas. Lacalle mantuvo silencio, aunque sus allegados mostraron malestar. Bluth, por su parte, dudó de la viabilidad política del reclamo.
"Lo saludo, pero no lo felicito", dijo al presidente del CCI Hugo Fernández, primer senador del Partido Colorado del presidente Julio Sanguinetti y aspirante a la presidencia de Uruguay en las elecciones de 1999.
El comandante del Ejército, Raúl Mermot, dijo que "no existen posibilidades de investigar" el destino de los desaparecidos. "No hay antecedentes, no hay indicios, no hay documentación", agregó.
En Uruguay hubo "una guerra muy compartimentada" con "acciones de respuesta fuera de lo estrictamente reglamentario, acciones imprevistas en una guerra irregular y en esa irregularidad están implícitas una cantidad de actitudes de tipo personal", admitió.
La mayor satisfacción ante la declaración del CCI procedió del senador Rafael Michelini, del partido centroizquierdista Nuevo Espacio, que desde marzo ha impulsado sin éxito una investigación sobre los desaparecidos.
Michelini, quien dice tener información fidedigna sobre tumbas clandestinas en dos cuarteles militares, no solo encontró oposición en el gobierno sino también en el Poder Judicial, que rechazó una denuncia en base a la ley de amnistía a los uniformados.
La organización Familiares de Detenidos Desaparecidos consideró que la declaración del CCI fue "sumamente importante" y exhortó a la comunidad judía a unirse a la Iglesia Católica en los reclamos por conocer el destino de los desaparecidos. (FIN/IPS/rr/mj/hd/97
