El deterioro de las relaciones entre el presidente Alberto Fujimori y el jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, general Nicolás Hermoza, genera inquietud sobre el futuro del político en Perú, según varios analistas.
Ambos forman parte, junto con Vladimiro Montesinos, jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), del triunvirato que, según los observadores, gobierna este país a pesar de que la Constitución establece que el Jefe de Estado es el presidente.
Desde el autogolpe de estado de 1992, concretado con ayuda del Ejército, la impresión generalizada es que Fujimori gobierna en base a una delicada estructura de compromisos de respaldo recíproco con la cúpula militar y el jefe del SIN.
El presidente modificó la reglamentación de ascensos en las fuerzas armadas, que obligaba a pasar a retiro a los generales y almirantes al cumplir 65 años y su reemplazo por el que le siguiera en la línea de mando, para mantener en el cargo a Hermoza que debía cesar en 1993.
Esta decisión se tomó bajo la premisa de que, en su carácter de jefe de Estado, Fujimori podía designar al jefe de las fuerzas armadas, inerpretación legal correcta pero nunca aplicada hasta entonces por ningún gobernante civil.
De esta manera, colocó a Hermoza en presunta condición de dependencia, pues podría removerlo cuando lo considerara conveniente.
Se estima que Montesinos colaboró con el presidente y Hermoza en el control y filtro de las lealtades en las fuerzas armadas, mediante el manejo de los ascensos y las asignaciones de destino, controlando el aparato del SIN.
Aunque ya existían indicios de agrietamiento en la relación entre ambos y Montesinos, la crisis se precipitó el jueves, cuando Fujimori comentó, casi despectivamente, el papel de Hermoza en la operación de rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón, en abril de 1997.
También admitió la posibilidad de cesar en el cargo a este general que días atrás presentó un libro sobre el rescate de los 71 diplomáticos, políticos, militares y empresarios secuestrados el 17 de diciembre de 1996 por un comando guerrillero.
La respuesta de Hermoza fue la realización el jueves de una ceremonia de respaldo a su jefatura en la Escuela de Comandos del Ejército, a la que asistieron los jefes de las regiones militares y del destacamento que realizó el operativo.
Se cree que los tres socios en el poder analizan en conjunto la forma de resolver la crisis. Los expertos estiman que, aunque legalmente tiene facultad para designar otro jefe del Comando Conjunto, a Fujimori no le será fácil separar de su cargo a Hermoza luego del acto castrense del jueves,.
"Si Fujimori nombra un nuevo jefe del Comando Conjunto reforzaría la imagen de las fuerza armadas como institución subordinada al poder civil, pero si no lo consigue quedará en situación debilitada", opina el analista Flavio Solorzano.
"Fujimori tiene que cesar a Hermoza porque es inadmisible una fisura política entre el jefe del Estado y el jefe de la fuerza armada. El país debe respaldar al presidente en esta decisión", comentó, por su parte, el ex senador izquierdista Enrique Bernales.
Se cree también que el desembarco de Hermoza aumentaría el peso político del tercer socio en el gobierno, Montesinos, una posibilidad que preocupa a los líderes de la oposición y a los observadores independientes.
Montesinos es una figura controvertida para la oposición, que lo responzabiliza de todos los ataques contra los derechos humanos atribuidos al régimen, y por la opinión pública que lo eligió como "el personaje negativo del año", según una encuesta efectuada por el instituto independiente Apoyo.
Los adversarios de Fujimori sostienen que éste necesita un respaldo comprometido de los militares para poder concretar sus planes de forzar imponer la interpretación de la Constitución que permitiría al mandatario postularse en el 2000 a una segunda reelección consecutiva.
En consecuencia, la oposición reaccionó con satisfacción ante la posibilidad de que se quiebre definitivamente la unidad de ese poder triangular.
El analista Cesar Zamalloa, de la Universidad de Lima, comentó que la crisis "podría ser una maniobra para mejorar la imagen de Fujimori, aunque hay indicios de desgaste en las relaciones entre el presidente y el general Hermoza".
Fujimori había hecho notar desde agosto que no estaba de acuerdo con algunas de las acciones lesivas a los derechos humanos y los ataques a la libertad de prensa cometidos por funcionarios del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE), entidad bajo responsabilidad jerárquica de Hermoza.
El mandatario cuestionó, aunque no pudo impedir, que se despojara de la nacionalidad peruana al empresario de origen israelí, Baruch Ivcher, para quitarle el control del Canal 2 de televisión, que había difundido información sobre algunos casos de violaciones de derechos humanos cometidos por el SIE.
Los ataques a los derechos básicos, en especial la denuncia de una agente del SIE de haber sido torturada por sus superiores, dañaron la popularidad de Fujimori y comprometieron sus expectativas de ser reelecto por segunda vez consecutiva en los comicios en el 2000.
A partir de esas manifestaciones, los analistas independientes comenzaron a pensar que en algún momento Fujimori trataría de desprenderse del lastre político que representa el general Hermoza y los grupos de acción del SIE.
El reciente indulto otorgado por Fujimori a un ex agente del SIE que acusa a esa unidad de haber asesinado a un líder sindical izquierdista fue interpretado como una iniciativa presidencial contra este servicio de inteligencia y contra Hermoza, su responsable máximo. (FIN/IPS/al/dam-mj/ip/97
