Organizaciones humanitarias y la Iglesia Católica de Perú denunciaron como una violación a los derechos humanos las 100.000 ligaduras de trompas y 10.000 vasectomías efectuadas en 1997 en las áreas rurales más deprimidas del país.
Además, condenan la espectacular reducción de embarazos obtenida en los últimos cinco años, que hizo descender la tasa de crecimientó de la poblacion a 1,7 por ciento anual, agitando el fantasma de una futura crisis de despoblamiento.
Afirman que los médicos de las postas rurales del Ministerio de Salud efectúan las ligaduras con engaños u obtienen asentimiento de las mujeres intervenidas mediante regalo de alimentos.
La denuncia motivó la intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, quién anunció este jueves que investigará la actuación del Ministerio de Salud.
Santistevan designó a la abogada Rocío Villanueva, jefa de la sección defensoría Especializada en Derechos de la Mujer, para que investigue los procedimientos del Ministerio.
"Santistevan debe detener la campaña contra la natalidad que realiza el gobierno", declaró este lunes el obispo Miguel Irizar a nombre de la Conferencia Episcopal.
"No podemos aceptar que los puestos estatales de salud cuenten con todos los recursos para incentivar el control de la natlidad pero no muestren la misma capacidad para atender otras necesidades de salud más urgentes", sostuvo el obispo.
Maita García, presidenta de la Asociación de Médicos Católicos de Perú, afirmó por su parte que los facultativos que trabajan en las postas rurales tienen que cumplir una cuota mensual de esterilizaciones, "so pena de perder sus empleos".
Otro médico vinculado al sector católico, Luis Giusti, sostuvo por su parte que las condiciones inadecuadas en las que se realizan las ligaduras de trompas han provocado varias muertes.
Mencionó por ejemplo el caso del descerebramiento de Juana Gutiérrez, ocurrido por negligencia médica.
"Las intervenciones quirúrgicas deben ser antecedidas por diversas pruebas como ecografías, hemogramas, tolerancia a la anestesia, que no se hacen", afirmó.
Miriam Schenone, ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, y Alejandro Aguinaga, viceministro de Salud, niegan que sus despachos estén impulsando un programa de esterilizaciones masivas.
Ambos reiteran que, en todos los casos, las mujeres son instruidas sobre los distintos procedimientos para controlar su natalidad y que muchas que tienen varios hijos optan por las ligaduras.
"Se proporciona a las madres de familia información sobre los distintos procedimientos anticonceptivos, incluyendo el método Billing, recomendado por la Iglesia Católica, y se les ayuda a ponerlos en práctica", dijo Schenone.
"En lugar de atentar contra sus derechos humanos estamos contribuyendo a ejercer su derecho de decidir el número de hijos que desean tener", añadió.
Aguinaga destacó por su parte que las ligaduras de trompas y vasectomías no constituyen el eje de los programas de Paternidad Responsable impulsados por el Ministerio de Salud, sino una parte menor de sus actividades.
"Se han hecho más de 100.000 inserciones de dispositivos intrauterinos, aplicado un millón de inyecciones, distribuido tres millones de tabletas anticonceptivas y regalado 10 millones de condones", dijo.
La campaña se inició el mismo día de noviembre pasado que el primer ministro Alberto Pandolfi anunció, con júbilo, que la tasa de crecimiento demográfico en Perú bajó en los últimos cinco años de 2,5 a 1,7 por ciento.
Este resultado, aplaudido por los organismos internacionales y respaldado por el Programa de Población de las Naciones Unidas, es uno de los objetivos sociales del gobierno del presidente Alberto Fujimori.
Perú tiene más de 24 millones de habitantes que se asientan sobre 1.285.000 kilómetros cuadrados, pero con escasa proporción de tierra cultivable, lo que determina el mayor rubro de importaciones corresponde a los alimentos.
Al mismo tiempo que trata de expandir la frontera agraria mediante irrigaciones, la administración de Fujimori aspira a reducir la sobrepoblación que existe actualmente en relación a la superficie de tierra cultivable bajando el índice de natalidad.
Pero sus adversarios no cuestionan únicamente los procedimientos utilizados para ello sino también los objetivos del programa, esgrimiendo el presunto riesgo de despoblación y de alteración crítica de la estructura etaria de la población.
"Se presenta la reducción de la natalidad como una forma de combatir la pobreza. Pero la pobreza no se reduce bajando el número de nacimientos de campesinos pobres. Por el contrario, con ello se hará más pobres a las familias campesinas", opinó el sociólogo Oswaldo Cava.
Ex asesor de un cardenal, Cava explicó que las familias campesinas indígenas tienen una estructura productiva basada en el trabajo de los hijos, y vaticinó un desquiciamiento de sus economías familiares. (FIN/IPS/al/dg/pr-he-hd/97
