El gobierno argentino del presidente Carlos Menem, que lleva más de ocho años en el poder, finaliza 1997 con las mejores notas en materia económica, pero en 1998 lo esperan importantes desafíos en el plano político y social.
Estas asignaturas pendientes explican, asegún analistas, que este gobierno del Partido Justicialista, que consiguió en 1997 una inflación cero, una caída de tres puntos en el índice de desempleo y un crecimiento económico de ocho por ciento tenga tan escasa aceptación entre los argentinos.
Una encuesta de la empresa Gallup realizada este mes registra que de cada 10 personas consultadas sólo dos consideran positiva la gestión gubernamental, mientras los restantes ocho la califican de regular o negativa.
El voto favorable sube a casi cuatro de cada 10 cuando las preguntas refieren a la gestión económica.
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, cuando la baja popularidad no alteraba el equilibrio electoral, desde hace cuatro meses el gobierno enfrenta una oposición unificada.
La Alianza, integrada por el centroizquierdista Frente del País Solidario (Frepaso) y la Unión Cívica Radical (UCR), miembro de la Internacional Socialista, ganó los comicios en octubre de este año para la renovación parcial de la Cámara de Diputados y se prepara para las elecciones presidenciales de 1999.
Uno de los objetivos de la nueva oposición es combatir la corrupción a través de una comisión de notables que investigue casos paradigmáticos, como el que involucró a la transnacional IBM y a funcionarios gubernamentales, el contrabando de oro o la venta ilegal de armas.
También quieren incluir las denuncias sobre el enriquecimiento ilícito de Emir Yoma, ex cuñado del presidente Menem, y algunos cuestionados negocios entre el gobierno y el empresario Alfredo Yabrán, sospechoso de instigar el crimen de un periodista en enero de este año.
La Alianza ya anunció que podría pedir el juicio político de miembros de la Corte Suprema de Justicia acusados de fallar en favor del gobierno en la polémica privatización de 33 aeropuertos que Menem impuso por decreto.
El fantasma de un presidente que enfrenta un juicio político o que es objeto de una avalancha de demandas e investigaciones luego que pierda sus fueros fue agitado una y otra vez por miembros de la nueva oposición, causando malestar y nerviosismo en el gobierno.
Por esa cusa, se anticipa que en 1998 el gobierno enfrentará un escenario político poco favorable. Es la recta final de dos períodos gubernamentales y se definirán las fórmulas presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición ,para 1999, un hecho que quitará protagonismo a Menem.
La constitución de la Alianza fue considerada por diversos analistas como el hecho político más trascendente de los últimos años en Argentina, por su capacidad de generar una alternativa al gobernante Partido Justicialista.
La diputada aliancista Graciela Fernández Meijide, que se impuso en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión justicialista, es mencionada como posible candidata a integrar una fórmula de oposición junto con el alcalde de Buenos Aires, el radical Fernando de la Rúa.
La unión de la UCR, segunda fuerza electoral del país hasta ese momento, con el Frepaso, que era la tercera, obligó al gobierno a retroceder en varios proyectos, a acelerar programas de creación de empleo y a prometer aumentos salariales para maestros y jubilados, que luego no cumplió.
Desde este mes, con la asunción de los nuevos legisladores electos en octubre, el oficialismo ya no tiene mayoría propia en el Congreso por lo que las iniciativas del Poder Ejecutivo en los próximos dos años, últimos de gestión de Menem, tendrán mayor resistencia para ser aprobadas.
Menem deberá enfrentar no sólo a la oposición unificada sino a dirigentes y legisladores del propio justicialismo que intentan diferenciarse de un gobierno que pierde popularidad, para no quedar sin chances en los comicios presidenciales de 1999.
En esta situación se encuentra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, que, según la encuesta de Gallup, es el candidato del oficialismo con mayores posibilidades para acceder al gobierno.
Pero también el ex cantante y ex gobernador de la provincia de Tucumán Ramón "Palito" Ortega, otro de los aspirantes a la presidencia, se muestra distante de la gestión de Menem.
Duhalde fue derrotado por la Alianza en su propio distrito en octubre y sus huestes insisten en mostrar un perfil más inclinado a atender los efectos sociales negativos del modelo neoliberal impulsado por el gobierno menemista, sobre todo el desempleo, el aumento de la pobreza y la creciente brecha social.
En este terreno, el gobierno tiene las notas más bajas. El desempleo descendió de 16,1 por ciento a 13,7 por ciento entre mayo y octubre, pero a expensas de la creación oficial de empleos temporarios en infraestructura y servicios comunitarios, con remuneraciones inferiores al salario mínimo.
En cuanto a la pobreza, cuyo aumento se había frenado en los primeros años del mandato de Menem, donde el énfasis estuvo puesto en el combate a la inflación, comenzó otra vez a crecer, incorporando a sectores de la clase media que se transformaron en los "nuevos pobres" o "pobres por ingresos" insuficientes.
Según los últimos datos, la pobreza en Argentina afecta a un tercio de la población total de 34 millones de personas.
La distancia que separa a los ricos de los pobres comenzó a crecer nuevamente. Los que más ganan aumentaron su porción de la "torta" económica en tres puntos y los que menos reciben, más la franja del medio, perdieron entre uno y dos puntos en el reparto.
El aumento de la marginalidad se reflejó también en un incremento de la delincuencia que ya trascendió los límites del conurbano de Buenos Aires y entró a la capital, más concretamente a las viviendas, bancos y restaurantes identificados con los sectores más adinerados.
La falta de seguridad y el aumento de los delitos se plantean como dos temas claves para resolver en 1998.
Las autoridades reconocen que 37 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años, principales víctimas del desempleo, y que uno de cada siete argentinos porta armas, otro gran desafío que no se enfrenta con respuestas simples. (FIN/IPS/mv/dam-dg/ip-if/97
