Ni la presencia de un representante del Papa Juan Pablo II pudo aplacar la violencia que se vive en el estado mexicano de Chiapas. Mientras el delegado hablaba de paz y recorría pueblos donde los templos son hoy cuarteles, paramilitares mataban un indígena y herían a otros siete.
Protegido por policías y acompañado del obispo Samuel Ruiz, a quien el Vaticano ha vigilado por su cercanía con la llamada Teología de la Liberación, el nuncio apostólico Justo Mullor visitó esta semana zonas rurales de Chiapas y realizó un ayuno con el objetivo de promover la paz y alentar la tolerancia.
Se debe "deponer las armas y sentarse en una mesa donde se pueda convivir", dijo el prelado, casi al mismo tiempo que en una zona aislada personas armadas atacaban a indígenas. Más tarde, otro grupo, en represalia, secuestraba a varios campesinos.
Escenario de batallas cotidianas por tierras y diferencias religiosas, políticas y odios raciales, Chiapas, estado que saltó a las primeras planas de los diarios en 1994 con la irrupción de la guerrilla zapatista, es uno de los candentes problemas que debe enfrentar el gobierno de Ernesto Zedillo en 1998.
"Ojalá Chiapas pueda ofrecer al Papa, quien visitará México el próximo año la paz como un regalo", dijo Mullor, el primer delegado del jerarca de la Iglesia Católica y embajador del Vaticano que viaja al estado sureño, fronterizo con Guatemala.
Mullor, a quien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acusó en noviembre de mantener cercanías con posiciones del gobierno de Zedillo y pretender desprestigiar la labor mediadora del obispo Ruiz, encontró en Chiapas pobreza, indígenas desplazados, templos cerrados y militares a granel.
Alrededor de 50 templos dejaron de ser punto de reunión de los católicos en Chiapas este año.
Actualmente son centros de operación de militares y policías o permanecen abandonados tras ser saqueados por paramilitares que se declaran enemigos del EZLN y del obispo Ruiz.
En Chiapas, donde a la sombra de la tregua armada entre guerrilla y Ejército Federal crece la violencia, la presencia militar registra un aumento exponencial desde 1994. Actualmente hay cinco cuarteles, seis campamentos, cuatro puestos militares y dos grandes destacamentos militares.
"Nuestro estado vive una guerra de baja intensidad", sostiene el obispo Raúl Vera, segundo prelado en la diócesis de San Cristóbal, que preside Ruiz.
En noviembre, los dos obispos de Chiapas, quienes varias veces han acusado a autoridades de tolerar y el algunos casos promover la violencia, fueron atacados a balazos cuando viajaban en una caravana de automóviles por una zona rural.
Los agresores, identificados con el grupo paramilitar Paz y Justicia, allegado l gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), reciben protección de militares y policías, denuncian grupos humanitarios locales e internacionales.
Meses antes del ataque a los obispos, varios sacerdotes y catequistas del equipo pastoral de San Cristóbal fueron amenazados o sufrieron agresiones.
Otros, especialmente extranjeros, fueron expulsados por autoridades migratorias y algunos acusados ante jueces de promover la violencia y las invasiones de tierras.
Mientras el gobierno de Zedillo ofrece detener la violencia y reanudar los diálogos de paz con la guerrilla, en zonas rurales de Chiapas reina la anarquía, se queman casas, secuestran personas y cientos de indígenas prozapatistas huyen a zonas inhóspitas.
"Más de 6.000 desplazados son el resultado de los (últimos) ataques de bandas paramilitares y la policía del estado (de Chiapas), dirigidas ambas por el gobierno del estado, con el beneplácito del gobierno federal", sostiene el EZLN.
Bajo árboles, sin ninguna atención médica, escasa alimentación y sometidos a las inclemencias de un crudo invierno, los desplazados sobreviven casi de milagro, señalan agrupaciones humanitarias.
Mediadores del Congreso informaron que en 1998 visitarán Chiapas para tratar de entrevistarse con la comandancia de la guerrilla y diseñar un camino para reanudar el diálogo de paz, suspendido desde 1996.
El EZLN advierte que la reactivación de las negociaciones depende del cumplimiento de un acuerdo sobre derecho y cultura indígena, que el gobierno de Zedillo dice respetar, pero cuestiona la traducción que se hizo del documento en un proyecto de ley.
En Chiapas "hay un conflicto que se ha diversificado, extendido y complicado y que ahora está fuera de cualquier control", sostiene el analista Jaime Martínez. (FIN/IPS/dc/dg/ip/97)