El gobierno de México fue puesto en el banquillo por la matanza de 45 indígenas en el estado de Chiapas. Grupos humanitarios, miembros de la Iglesia, políticos y la guerrilla zapatista afirman que el crimen fue gestado en el marco de una guerra de baja intensidad, diseñada por las autoridades.
La matanza es responsabilidad del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, quien a la sombra del suspendido diálogo con la guerrilla, promovió la militarización, la división entre indígenas y el nacimiento de grupos paramilitares, rezan las acusasiones.
El crimen despertó condenas en el país y en gran parte del mundo.
La acción criminal, cuya autoría es atribuida a paramilitares vinculados al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se declaran enemigos de la guerrilla y de sus simpatizantes, fue cometido cuando los indígenas, ubicados en un campamento de desplazados, oraban.
Acribillados con balas expansivas, que explotan al entrar al cuerpo, o cortados a golpes de machete, los cuerpos de la víctimas, en su mayoría mujeres y niños, fueron sepultados este jueves.
En una homilía previa al funeral, el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, pidió parar la violencia y no "tropezar con la piedra del odio y la venganza".
Varias veces durante este año, la Iglesia de Chiapas, los políticos y los grupos humanitarios advirtieron al gobierno que la violencia en el estado sureño iba en aumento, que grupos paramilitares, protegidos por policías y militares, actuaban impunemente y que cualquier momento estallaría una guerra.
El gobierno condenó el "cruel y absurdo acto criminal", cometido el lunes, y rechazó tener alguna responsabilidad.
Como en otras ocasiones, autorides ofrecieron investigar los hechos y buscar caminos para retomar los diálogos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), suspendidos desde 1996, cuando Zedillo objetó el contenido de una reforma legal que recogía un acuerdo sobre derechos y cultura indígena.
El Vaticano, la Organización de las Naciones Unidas y varios gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos y Francia, condenaron la matanza, mientras dirigentes políticos de izquierda de algunos países europeos culparon de los hechos directamente al gobierno mexicano.
El gobierno agradece el apoyo expresado por otros países luego de la matanza, pero rechaza "cualquier manifestación de funcionarios extranjeros u organismos internacionales, en la que se pretenda exigir o demandar para que se tome decisiones que sólo competen a las autoridades", apuntó la cancillería.
La matanza quedó registrada en la historia de México como el hecho más violento cometido en Chiapas desde que en diciembre de 1994 el EZLN apareció en escena y durante dos semanas se enfrentó con el ejército federal dejando un saldo de alrededor de 150 muertos.
Aunque en los últimos cuatro año no se volvieron a repetir enfrentamientos directos con la guerrilla, sí hubo varios asesinatos de simpatizantes de los zapatistas y miles de indígenas huyeron a zonas inhóspitas tras ser perseguidos y amenazados por paramilitares.
Además, centenares de soldados llegaron a Chiapas para rodear las tropas del EZLN, hacer labores de inteligencia y controlar todos los movimientos en la zona.
Chiapas vive una guerra de baja intensidad, aseguran los portavoces de la diócesis de San Cristóbal, Chiapas, representación eclesial señalada por sectores conservadores como promotora de la guerrilla.
La comandancia del EZLN indicó que analiza los hechos, cometidos fuera de su zona de influencia inmediata, acusó a Zedillo de promover la violencia y sostuvo que el crimen difícilmente se aclarará, pues quienes investigan "son los mismos que lo planearon".
El objetivo de las autoridades está sintentizado en el "grito de guerra de los paramilitares: vamos a acabar con la semilla zapatista, es decir vamos a acabar con las comunidades indígenas", afirmó el EZLN.
La policía informó que detuvo hasta este viernes a 41 presuntos responsables del crimen, muchos de los cuales aceptaron pertenecer al PRI, partido cuya dirigencia nacional condenó los hechos y negó tener alguna culpa.
"Quienes han participado en la planeación y ejecución de este crimen deben recibir todo el peso de la ley, con independencia de su condición social, política o religiosa, ya que nada puede justificar la atrocidad que han cometido", declaró el presidente.
Partidos políticos de oposición y grupos humanitarios como Augustín Pro, dirigido por la orden de los jesuitas, afirmaron que la matanza de 45 indígenas es una de las cosechas de la guerra de baja intensidad que el gobierno de Zedillo sembró en Chiapas.
"La matanza de los indígenas desplazados es un crimen de Estado que va directo al corazón de la nación", opinó el columnista del diario La Jornada, Luis Javier Garrido. (FIN/IPS/dc/jc/ip-hd/97
