El uso de la fuerza para la expulsión de Italia de los refugiados albaneses provoca polémica dentro de la izquierda, que está en el gobierno.
Los 58 millones de italianos pudieron ver a través de la televisión a niños llorando, mujeres gritando y hombres maldiciendo cuando la policía los llevaba hasta los barcos y aviones de regreso a Albania.
Tras haber asegurado el martes pasado que no sería usada la fuerza, el miércoles comenzó la intervención de la policía, que aún continúa, para expulsar a casi 5.000 albaneses.
En marzo pasado entraron a Italia 17.000 albaneses, cuando en su país estalló una revuelta generalizada. Se les otorgó permisos provisorios, con diversas prórrogas, la última de las cuales venció el 30 de noviembre pasado.
El jefe del gobierno de centroizquierda, Romano Prodi, ordenó la expulsión de cerca de 5.000 albaneses que se encontraban en centros especiales en diversas ciudades italianas.
La mayoría de los restantes 17.000 había regresado a su país y una mínima parte había logrado un trabajo que le permitió obtener un permiso de residencia temporal en Italia.
Los refigiados albaneses iniciaron el lunes pasado una huelga de hambre, en la cual hicieron participar a sus hijos pequeños. El martes se anunció que no se usaría la fuerza, pero el miércoles la policía entró en los centros, llevándolos hasta los barcos y aviones.
No hubo violencia de parte de la policía, aunque a algunos tuvieron que cargarlo entre cuatro porque se negaban a irse.
La mayoría rechazó los ofrecimientos de dinero, 200 dólares por persona adulta y 150 por los niños para que se fueran voluntariamente, con el compromiso de que pudieran volver más adelante en forma regular.
Las imágenes fueron dramáticas, según reconoció quien había dado la orden de usar la fuerza, el ministro del Interior, Giorgio Napolitano, un importante dirigente del poderoso Partido Comunista Italiano, ahora transformado en el Partido Democrático de Izquierda (PDS), el principal del gobierno.
Pero Napolitano aseguró que "no se produjo ningún acto de violencia de parte de la policía".
El secretario del PDS, Massimo D'Alema, declaró desde México al diario Corriere della Sera que se trata de "una situación muy dolorasa", pero subrayó que los albaneses no son inmigrantes.
Los Verdes, que forman parte del gobierno de centroizquierda, Refundación Comunista, que lo apoya, e incluso un sector del PDS, criticaron la expulsión de los albaneses.
El portavoz de los Verdes, Luigi Manconi, recordó que el gobierno había dicho que los albaneses no habían sido embarcados por la fuerza, como en efecto ocurrió, y añadió que Italia "no supo tener un gesto de generosidad", permitiendo que se quedaran en el país.
Gloria Buffo, una dirigente del ala izquierda del PDS, dijo que "frente a las imágenes de dolor, no se puede permanecer indiferente".
La derechista Alianza Nacional, contraria a los inmigrantes, criticó sin embargo al gobierno. Uno de sus principales dirigentes, Mirko Tremaglia, manifestó que el "gobierno usó mano de hierro contra inermes e inocentes ciudadanos que desesperadamente imploraban quedarse en Italia".
La ministra de Solidaridad Social, Livia Turco, del PDS, dijo que los partidos que hoy se escandalizan por las medidas tomadas, se negaron a aprobar en el parlamento una ley que les permitiera quedarse.
"Con toda la opinión pública y gran parte de la izquierda que gritaba contra la invasión de los albaneses, fuimos prorrogando la hospitalidad", manifestó.
La "operación" Albania concluirá en los próximos días, pero cada noche los albaneses tratan de pasar a esta parte del mundo, donde piensan que les espera una vida mejor. (FIN/IPS/jp/ag/ip- pr/97
