Los albaneses que se encuentran de forma ilegal en Italia y sobre los que pesa una orden de expulsión vigente desde esta semana afirman que no se irán del país y claman que "es mejor morir".
La medida afecta a 4.789 personas, gran parte mujeres y niños, que ingresaron a Italia en marzo para escapar de la guerra civil que había estallado en Albania. Hasta ahora, solo regresaron a su país 17.
Muchos se declararon en huelgas de hambre, instalaron barricadas en diversos lugares donde fueron acogidos e incluso amenazaron con quemarse vivos si las fuerzas de seguridad intentan concretar la deportación.
El gobierno reiteró el martes que mantendrá en efecto la orden de expulsión, que debió haberse hecho efectiva a partir del lunes.
Sin embargo, las autoridades no han recurrido a la fuerza para cerrar los centros donde se ha acogido a los refugiados albaneses, constituidos en ciudades como Bolonia, Ancona, Bari, Brindisi, Trieste y Roma.
Más de 600, entre ellos 42 niños, se declararon en huelga de hambre, algunos hace tres días. Cinco menores y dos adultos que se plegaron a la medida debieron ser internados en un hospital.
El gobierno de centroizquierda constituido por ex comunistas, ex democristianos y grupos de centro informó que no aplicará medidas de fuerza.
La oposición de derecha exige la inmediata deportación de los inmigrantes albaneses, reiteró el coordinador de la derechista Alianza Nacional, Maurizio Gasparri.
"Como habíamos previsto, las medidas del gobierno se están transformando en una burla. Es incapaz de asegurar la expulsión de los emigrantes clandestinos", manifestó Gasparri.
Los "Verdes", que forman parte del gobierno, pidieron por el contrario que no se haga efectivo el regreso forzado de los 5.000 albaneses. "El gobierno italiano no debe hacer caso a las oleadas racistas que una minoría política y social alimenta en el país", declaró el partido.
Los últimos días fueron dramáticos para los albaneses, que buscan de cualquier tipo de trabajo para poder quedarse en Italia, y también para los enfermos y los que tienen parientes que inmigraron de forma legal y gozan, por lo tanto, de derecho a permanecer.
El gobierno trata de persuadirlos a los albaneses inmigrantes ilegales con alicientes económicos y con la promesa de un posible regreso legal a Italia.
Los ofrecimientos son de 170 dólares a los adultos y 85 a los menores, más otra cantidad, no determinada, que facilitaría su reingreso al mercado laboral de Albania.
Quienes acepten irse podrán además inscribirse en las listas para optar a las cuotas de emigrantes que podrán ingresar a Italia en 1998.
Esta política convenció hasta ahora a una mínima parte de los albaneses. Hasta el mediodía del martes, apenas había zarpado la noche del lunes un barco con 17 inmigrantes clandestinos del puerto de Ancona.
El primer ministro Romano Prodi afirmó que la expulsión obedece a una línea seguida por Europa. "El problema de la emigración no es solo una cuestión nacional", dijo.
El tratado de Schengen establece que "quien entra en Italia entra en Europa, y no podemos permitir que los otros países puedan decir que nuestras fronteras son débiles", agregó Prodi.
El acuerdo de Schengen fue el que abolió en el continente las fronteras para el tránsito de las personas de un país a otro.
"Hay miles de kilómetros de costa que debemos vigilar y con España somos el país más cercano al Sur del mundo, desde donde llega una verdadera emigración bíblica", recordó Prodi.
Las asociaciones que se ocupan de los emigrantes pidieron una prórroga del cierre de los centros de acogida y de las expulsiones.
El presidente de Albania, Fatos Nano, respaldó la decisión del gobierno italiano y exhortó a sus compatriotas en ese país a volver y renunciar a eventuales protestas. (FIN/IPS/jp/mj/pr ip/97
