Las concesiones a las comunidades han resultado en Guatemala una opción eficaz para evitar la tala inmoderada en la Reserva de la Biósfera Maya, gran extensión de bosques con cientos de sitios arqueológicos.
La principal amenaza para la reserva (conocida por sus siglas, RBM) es la tala inmoderada de bosques por agricultores que tratan de allanar así tierras para la agricultura y ganadería.
El proceso de desforestación en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, comenzó en 1959 con las políticas gubernamentales de colonización que estimularon una gran inmigración.
De ese modo, la población pasó de 15.000 habitantes en 1959 a 300.000 en 1990. El área desforestada se incrementó de 10 a 44 por ciento en el mismo período. Los campesinos inmigrantes llegaron buscando trabajo y tierras para cultivo que no poseían en sus localidades.
El departamento de Petén posee más de 15.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical subhúmedo, pero las prácticas agrícolas inadecuadas, la precariedad de la tenencia de la tierra y el escaso apoyo institucional han contribuido a la degradación de la riqueza natural y cultural de la región.
Para combatir el proceso de desforestación, y a la vez promover el desarrollo sustentable de las comunidades locales, instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales han implementado concesiones comunitarias de tierras.
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) seleccionó a la comunidad La Palotada, de San Miguel, ubicada dentro del área de usos múltiples de la RBM, para poner a prueba este proyecto. Esa fue la primer concesión aprobada por el gubernamental Consejo Nacional de Areas Protegidas, en 1994.
El contrato atribuye a los pobladores locales el derecho de usufructo y la responsabilidad del manejo y protección de los recursos naturales en 7.039 hectáreas durante un período de 25 años, que pueden ser prorrogables.
Reginaldo Reyes, encargado del proyecto Conservación para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica del CATIE (Olafo), financiado por agencias de Suecia, Noruega y Dinamarca, explicó a IPS que el contrato implicó una intensa capacitación sobre manejo del bosque, tanto a nivel técnico como campesino.
A la vez, fue necesario que el proyecto iniciara la capacitación en otras áreas, como la contable, administrativa, organizativa y comercial, para que los pobladores de San Miguel pudieran consolidar la gestión interna y externa de sus recursos, dijo.
La experiencia vivida por los campesinos de San Miguel resultó interesante para comunidades vecinas, como es el caso de «La Pasadita», que a inicios de 1997 obtuvo la segunda concesión comunitaria en Petén.
Los 168 habitantes de San Miguel son en su mayoría ladinos (mestizos). La mitad procede del sudeste del país y 19 por ciento de El Salvador y México.
Estas comunidades se caracterizan por sus altos índices de pobreza y analfabetismo, servicios básicos deficientes, heterogeneidad sociocultural de la población, escasa experiencia organizativa, prácticas agrícolas no aptas para las condiciones ecológicas de la zona y actividades extractivas de recursos.
Olafo trabaja bajo un esquema de investigación para el desarrollo, lo que implica investigación, validación, asistencia técnica y capacitación en las comunidades seleccionadas.
Las concesiones en Petén son dirigidas por los Comités Pro Mejoramiento de la Comunidad, que depende jerárquicamente de una Asamblea General.
Ricardo Reyes, campesino de la Comunidad de San Miguel, dijo a IPS que el sistema de concesiones le parece bueno. «Sabemos que podemos vivir y trabajar aquí sin que nos molesten por un largo plazo», dijo.
«San Miguel es una zona muy pobre y cuando nos autorizaron la concesión ya la habían saqueado los madereros. Ya no se encuentra madera buena, pero hemos trabajado y tenido algunas mejoras. Ahora tenemos muchos arbolitos nuevos», señaló Reyes.
Antes no existía autoridad «y cada quien agarraba lo que quería». «Desde que nos dieron la concesión, cada quien sabe lo que le toca. La agricultura es individual y lo que se saca del bosque es para la comunidad», explicó.
La comunidad tiene un Comité de Vigilancia que cuida «que no se tiren los árboles y que no se queme el bosque, porque nosotros también nos beneficiamos con la extracción de xate (palma ornamental), pimienta y chicle».
Cecilio Castro, presidente del Comité Pro Mejoramiento de «La Pasadita», concesión vecina a la de San Miguel que cuenta con 18.000 hectáreas, expresó su satisfacción por haber obtenido este año la concesión por la que venían luchando hace cuatro años.
«La desforestación ha venido bajando paulatinamente. Hace cuatro años había mucha destrucción. Nosotros estamos comprometidos a cuidar y quema ya no hay», señaló Castro.
«Lo importante es que haya organizaciones no gubernamentales o países que dan el dinerito para apoyar la conservación del bosque y que piensen que se debe dar apoyo económico a los campesinos, para que el campesino apoye al bosque», agregó.
«Si los campesinos seguimos siendo abandonados, no nos queda otra más que afilar el hacha y cortar árboles porque la necesidad nos obliga», reflexionó.
Sin embargo, poco a poco la mentalidad de los campesinos que se encuentran en las concesiones va cambiando, porque la mayoría se dan cuenta de los beneficios que el bosque les otorga y quieren conservarlos.(Fin/IPS/cz/mj/en dv/97
