Haití vuelve a convertirse en una prioridad de la política exterior de Washington tres años después de que 22.000 soldados estadounidenses ayudaron a reinstaurar en el poder al entonces presidente exiliado Jean-Bertrand Aristide.
El motivo es que la administración del presidente Bill Clinton teme que el estancamiento político de seis meses en el país caribeño ponga en riesgo la relativa estabilidad que tuvo desde la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) liderada por Estados Unidos, a fines de 1994.
Washington "desea desesperadamente una solución política", afirmó Rachel Neild, observadora de Haití de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización de derechos humanos.
Tres acontecimientos recientes agravaron la preocupación de Estados Unidos, sin contar el estancamiento que impide la instalación de un nuevo primer ministro desde el 9 de junio.
Primero, la Guardia Costera estadounidense interceptó en noviembre una embarcación de madera que llevaba a unos 417 haitianos de condición humilde a sólo 10 kilómetros de Miami. El número era tres veces superior al total de haitianos detenidos por la Guardia en los 10 meses anteriores.
"Por supuesto, debemos pensar que éste podría ser el comienzo de un nuevo éxodo desde Haití", admitió un funcionario de gobierno.
Dos días después, el presidente republicano del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Ben Gilman, se unió a su homólogo del Senado, Jesse Helms, para reclamar el retiro de Haití de unos 200 soldados estadounidenses supuestamente destinados a proteger a 100 ingenieros militares.
"La presencia de esas tropas allí es la última póliza de seguros contra un golpe de Estado o algún otro hecho violento que desestabilice el gobierno" del presidente René Préval, opinó Jim Morrell, analista del Centro de Política Internacional, de Washington.
El tercer hecho fue el retiro de Haití, el 30 de noviembre, de 1.200 cascos azules de la ONU, los últimos de la fuerza interventora que restauró a Aristide en el poder.
Aunque Estados Unidos logró que la ONU sustituya la misión por un grupo de entrenamiento policial de 300 miembros, funcionarios de Washington dudan que el nuevo equipo sea tan eficaz como el anterior en la disuasión del crimen y de los intentos de desestabilización.
El periódico The Washington Post publicó esta semana un artículo procedente de Puerto Príncipe en que supuestos ex "tonton macoutes" (paramilitares que apoyaban la dictadura de la dinastía Duvalier) anunciaban que se alzarían en armas contra el gobierno.
Pero la mayoría de los analistas dudan que los tonton macoutes tengan los medios necesarios para dar un golpe de Estado. "Creo que se trata de meras baladronadas", opinó Jocelyn McCalla, directora de la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos en Nueva York.
"Hay mucha más delincuencia ahora (en Haití). En realidad, es probable que los delincuentes comunes estén mejor equipados que los macoutes", dijo.
Sin embargo, el gobierno igualmente podría caer debido a la grave situación económica y a la desesperación de la población haitiana, que no percibe la mejora en su vida cotidiana prometida por Aristide y la comunidad internacional, puntualizó McCalla.
El Banco Mundial estima que casi 2.000 millones de dólares de los 2.800 millones prometidos por donantes bilaterales y multilaterales antes del retorno de Aristide no fueron desembolsados todavía.
El dinero fue retenido principalmente por la renuencia de Préval a aplicar las reformas económicas impuestas por las instituciones multilaterales de crédito, en especial la privatización de empresas públicas.
El impacto de la retención de los créditos ha sido devastador para un país en que 85 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza y dos de cada tres adultos están desempleados.
En realidad, gran parte de la población subsiste gracias a remesas de familiares que viven en el exterior y a programas de ayuda humanitaria patrocinados principalmente por Washington.
La crisis económica se agravó además por la crisis política, derivada de la división en el gobernante Partido Lavalas entre las fuerzas partidarias de Aristide y la Organización Política Lavalas (OPL), mayoritaria en el Senado.
La OPL, encabezada por Gérard Pierre-Charles, se niega a instituir un nuevo primer ministro hasta que las elecciones legislativas parciales del pasado abril sean anuladas.
Las elecciones, en las que sufragó sólo cinco por ciento de los votantes elegibles, dieron la victoria a la facción de Aristide, llamada Familia Lavalas, pero observadores internacionales denunciaron irregularidades y manipulación.
Préval, ampliamente criticado por su falta de liderazgo, intentó que ambas facciones solucionaran sus diferencias.
La intervención de la secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright y el ex asesor de seguridad nacional Anthony Lake también tuvo por fin formar un compromiso que permita al primer ministro designado, el economista Hervé Denis, asumir su cargo.
Analistas de Washington sostienen que el gobierno se inclina por Aristide, quien parece prepararse para competir por la presidencia en el año 2000.
"La ONU y la Organización de Estados Americanos directamente rechazaron las elecciones de abril, pero Estados Unidos no llegó a tanto", destacó Morrell.
Washington parece razonar que "la falta de solución política significa falta de reforma y deterioro económico, lo que a su vez significa nuevos inmigrantes" haitianos en Estados Unidos, señaló Neild, de WOLA. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml/ip/97
