La muerte de Ana Orantes, quemada viva por su marido, hizo conocer su historia de cuatro décadas de maltratos y levantó una generalizada reacción en toda España, al finalizar 1997.
José Parejo Vivar, su marido, la empapó con gasolina y le prendió fuego, pocos días después de que Ana contara su historia ante las cámaras de televisión y las razones que la llevaron al divorcio.
La historia de Ana es similar a la de muchas mujeres en España que sufren malos tratos, pero se diferencia en dos aspectos.
Por un lado, se atrevió a denunciar los hechos, con lo que pasó a integrar el cinco por ciento de mujeres que se presentan ante la policía o la justicia. Y por otro, logró el divorcio y la separación de bienes, lo que parecía poner fin a sus sufrimientos.
Ana aceptó dar su testimonio el día 4 ante las cámaras de la televisión pública de Andalucía, en un programa orientado a alertar sobre los derechos de las mujeres.
Contó que se casó con Parejo hace 40 años, cuando contaba 19, en la ciudad de Granada, donde residían y siguieron haciéndolo desde entonces. A los tres meses recibió la primer paliza y esto siguió sucediendo, con o sin pretextos.
Los hijos fueron dejando el hogar uno tras otro al promediar la adolescencia. Y habiendo sido testigos y también víctimas de las palizas de su padre, lamentaron que, al cabo de 40 años, sus padres se separaran.
"Sienten lástima de que a los 40 años yo haya dejado a su padre, pero no les da lástima todas las veces que han visto a su madre con los ojos morados", dijo la mujer ante la televisión.
A los pocos días, una nieta de Ana encontró su cadáver en el jardín de la casa familiar. La publicidad del caso llevó a la primera plana de los diarios la información de que cada semana una mujer resulta muerta por su marido.
Ante ello, unos piden que se modifiquen las leyes, mientras otros señalan que basta con aplicarlas bien. Las organizaciones no gubernamentales reclaman que las denuncias en la comisaría sean tomadas en serio.
Aunque se han registrado progresos en los últimos años, en general la policía toma nota de la denuncia y cita al marido agresor para que declare, lo que habitualmente genera una nueva paliza.
El doble rasero en la aplicación de la justicia lo puso en evidencia el socialista José Bono, presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, quien relató en el diario El País que en 1989 en un pueblo de su Comunidad un juez mató a su esposa a golpes en presencia de toda su familia.
El juez, cuyo nombre se mantuvo en reserva, fue condenado por "imprudencia temeraria con resultado de muerte" a una pena de 15 días de arresto y luego fue trasladado a Madrid, donde sigue dictando sentencias.
En 1997 se superaron las 17.000 denuncias por malos tratos, pero fuentes oficiales y no gubernamentales afirman que sólo el cinco por ciento de las mujeres afectadas denuncian los hechos.
La falta de trabajo, el miedo, los prejuicios, una educación sexista y la falta de seguridad al hacer la denuncia explican ese bajo porcentaje. Por ello, "hay que terminar con la tolerancia y el desconocimiento", afirma la abogada Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Malos Tratos a Mujeres. (FIN/IPS/af/ag/hd-pr/97
