El tribunal establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para juzgar a los presuntos autores del genocidio ocurrido en Ruanda en 1994 finalmente comenzó a detener y juzgar a sospechosos clave.
El juez Laity Kama, presidente del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR), admitió esta semana en la sede de la ONU que la corte, con sede en Arusha, Tanzania, atravesó muchas dificultades este año.
La reputación de lentitud y corrupción del tribunal llegó a tal punto que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, se vio obligado a ordenar una investigación interna que culminó con el reemplazo de dos altos funcionarios.
"Es verdad que al principio hubo un informe negativo, pero ahora somos víctimas de nuestro propio éxito", dijo Kama, y añadió que 35 sospechosos de crímenes de guerra ya fueron procesados y 23 personas están detenidas a la espera de juicio.
Incluso algunos de los ideólogos del genocidio, en el que murieron hasta un millón de tutsis y hutus moderados a manos de extremistas hutu, están bajo custodia.
El ICTR tuvo un éxito mayor en la detención de sospechosos que el tribunal creado por la ONU para juzgar a los presuntos autores de crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, con sede en la Haya, arguyó Kama.
Funcionarios del ICTR admitieron que, desde sus comienzos en 1995, recibieron varias acusaciones de administración irregular. "El tribunal adquirió cierta mala fama", admitió el nuevo encargado del registro, Agwu Ukiwe Okali.
Las acusaciones variaron desde nepotismo (contra el anterior encargado, Andronico Adede) hasta rumores de animosidad racial entre los miembros europeos y africanos del tribunal. Mientras, el gobierno de Ruanda se quejaba de la lentitud del trabajo de la corte.
Poco después de asumir la secretaría general de la ONU, Annan ordenó una revisión interna del tribunal, especialmente de las acusaciones de irregularidad contra Adede y el suplente del fiscal, Honore Rakotomanana.
Okali, un nigeriano, sustituyó al keniano Adede en febrero, mientras Bernard Acho Muna, de Camerún, reemplazó en abril a Rakotomanana, un juez de Madagascar. La fiscal de los tribunales de Ruanda y Yugoslavia es la juez canadiense Louise Arbour.
"Desde que se designaron nuevos administradores, la mayoría de los observadores coinciden en que hubo notorias mejoras", señaló Okali. "Nos complacemos en decir que las cosas volvieron a su cauce normal", agregó.
Actualmente hay en curso tres juicios. En todos los casos, se trata de ruandeses asociados con el gobierno que tomó el poder por tres meses tras el asesinato, el 6 de abril de 1994, del presidente Juvenal Habyarama.
El juicio de uno de ellos, el ex alcalde de Taba Jean-Paul Akayesu, comenzó en enero y actualmente está en la etapa de declaración de los testigos de la defensa. Los otros dos juicios comenzaron en marzo y abril.
Kama admitió que los juicios pueden demorar meses o incluso años, y como resultado, aun los juicios de los 35 sospechosos acusados podrían extenderse más allá de 1999.
Sin embargo, el ICTR tendrá que acelerar su ritmo para garantizar que "todos los detenidos sean juzgados dentro de un plazo razonable".
En ese aspecto, la reciente captura de varios sospechosos es un éxito relativo. Por un lado, algunos de los sospechosos detenidos (entre ellos el ex director de gabinete, el coronel Theoneste Bagosora, y el ex canciller Jean-Bosco Barayagwiza) se encuentran entre los "peces gordos" que presuntamente planearon el genocidio.
Por otro, el tribunal pronto podría tener hasta 35 sospechosos en sus celdas, y ello enlentecería el tiempo de reclusión sin sentencia.
No obstante, señaló Okali, el ICTR realizó grandes progresos en los últimos meses. En septiembre, el tribunal culminó la construcción de una segunda sala de audiencias, lo cual permitirá conducir dos juicios en forma simultánea. (FIN/IPS/tra-en/fah/ml/af-hd/97
