La idea de un tribunal internacional que juzgue crímenes de guerra y genocidio recibe cada vez más apoyo, según activistas de derechos humanos en reuniones preparatorias de la ONU para crear dicho órgano legal.
Las organizaciones de derechos humanos esperan que en 1998 quede establecido el poderoso Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para procesar las violaciones a los derechos humanos.
Un creciente número de países está apoyando las gestiones para asegurar que el Tribunal pueda realizar investigaciones sin la constante supervisión de los 15 estados del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
En los últimos meses, muchos países europeos, 14 estados de Africa austral y las naciones de América Latina que integran el Grupo de Río se inclinaron por otorgar al Tribunal amplia autoridad para juzgar casos, dijo William Pace, presidente de la Coalición para un Tribunal Internacional de Crímenes.
Entre 50 y 75 países apoyan la idea de un Tribunal "efectivo" y razonablemente independiente, añadió Pace, mientras entre 30 y 40 países pretenden que el órgano sea más débil, sujeto a la soberanía nacional o a organismos de la ONU como el Consejo de Seguridad.
Incluso los estados más poderosos del Consejo de Seguridad podrían llegar a aceptar un Tribunal más activo.
Esta semana, la delegación británica en las negociaciones preparatorias, que terminan este viernes en Nueva York, se declaró dispuesta a aceptar una fórmula que libere al Tribunal de tener que conseguir la aprobación del Consejo de Seguridad para aceptar casos, señaló Pace.
Gran Bretaña declaró que acepta la posición de Singapur, ideólogo de una fórmula por la cual el Tribunal podría aceptar cualquier caso, a menos que el Consejo de Seguridad le pida específicamente que no lo haga, informó Pace.
Por el contrario, Estados Unidos apoya una propuesta que obligaría al Tribunal a solicitar la aprobación del Consejo antes de aceptar un caso.
El aparente apoyo británico a la fórmula de Singapur constituye la primera vez que uno de los cinco miembros permanentes del Consejo desiste de imponer al Tribunal, que será creado en junio en una conferencia en Roma, el estricto control del órgano de la ONU.
Francia también indicó que está dispuesta a "considerar la fórmula de Singapur", según Pace.
De los restantes tres miembros permanentes y con poder de veto del Consejo, Rusia y China señalaron que aún tienen la intención de que el órgano de la ONU controle la autoridad del Tribunal.
Estados Unidos insiste en que el Consejo de Seguridad apruebe con anterioridad los casos que juzgue el Tribunal.
No obstante, el líder de la delegación estadounidense en las conversaciones preparatorias, David Scheffer, admitió que "el mérito de la propuesta de Singapur reside en que reconoce el papel legítimo del Consejo de Seguridad".
El debate sobre la fórmula de Singapur es sólo una de las numerosas disputas sobre el Tribunal centradas en la cuestión básica del grado de independencia que tendrá el órgano.
No existe una respuesta clara sobre el poder que los más de 100 gobiernos que participan en la creación del Tribunal están dispuestos a otorgarle.
Gran Bretaña y Estados Unidos están a favor de un enfoque sobre los crímenes de guerra por el cual este tipo de delitos no necesitan autorización previa para ser considerados por el Tribunal, según Richard Dicker, de Human Rights Watch.
Por otra parte, numerosas cuestiones sobre la autoridad del Tribunal siguen sin definirse. Jelena Pejic, coordinadora del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, afirmó que no existe un consenso claro entre los gobiernos sobre si permitirán que normas más amplias obliguen a cumplir los pedidos del órgano.
Algunos gobiernos pretenden que el Tribunal se rija por las mismas normas de extradición que las demás cortes, por lo que la captura de sospechosos de crímenes de guerra sería complicada en la mayoría de los casos.
Otros desean que el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU resuelva los casos en que las partes no cumplan con las demandas del Tribunal.
La meta máxima de las organizaciones de derechos humanos es que los gobiernos otorguen al Tribunal "al menos el mismo grado de cooperación que brindan a las cortes nacionales", arguyó Pejic. La tarea es difícil, como lo demuestran casi todas las disputas sobre las facultades del órgano.
Por ejemplo, Alemania, Italia y Rusia pretenden que el Tribunal pueda juzgar a funcionarios responsables de crímenes de agresión, como ocurrió en la Corte de Nuremberg, tras la segunda guerra mundial.
Pero Gran Bretaña y Estados Unidos creen que la responsabilidad por agresión no está bien definida por las normas internacionales.
Canadá y la mayoría de los estados europeos proponen que el Tribunal tenga libertad para examinar los casos que le presenten los gobiernos, pero Francia, Rusia y Japón pretenden que el órgano tenga la cooperación de los estados involucrados antes de proceder.
Estados Unidos se encuentra dividido sobre el Tribunal. Scheffer dejó en claro que Washington quiere que el órgano esté listo para el 2000.
Pero la preocupación del Pentágono (ministerio de Defensa) sobre el "estatuto de Estados Unidos como potencia militar mundial" hace que insista que las tropas estadounidenses en el exterior no sean "vulnerables" frente al Tribunal, señaló Dicker.
Si el tribunal internacional no puede intervenir en la mayoría de los conflictos internos, con la excepción del genocidio, violaciones como la muerte de miles de kurdos por el gobierno de Iraq en 1988 mediante ataques con gases, no corresponderían al Tribunal. "Eso es escandaloso", opinó Dicker. (FIN/IPS/tra-en/fah/aq-lp/hd-ip/97
