La excarcelación tardía y negociada de un anciano líder sindical opositor de México puso en debate el problema de los presos de conciencia, situación en la que se encuentran más de 100 personas en este país, según grupos humanitarios.
El caso de Joaquín Hernández, dirigente sindical petrolero que permaneció preso nueve años, "demuestra que el Estado sólo está dispuesto a tolerar la liberación de opositores que prometan no realizar trabajo político", dijo a IPS el sacerdote jesuita David Fernández, director del grupo humanitario Agustín Pro.
Hernández, encarcelado en 1989 acusado de asesinato, corrupción y acopio de armas, salió libre el martes, dos años después de que un dictamen judicial y otro médico recomendaban su preliberación luego de declarar que no volverá a la actividad política.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo se opuso en varias oportunidades a la excarcelación del líder de 76 años, considerado por Agustín Pro y Amnistía Internacional un preso de conciencia. El argumento del mandatario era que Hernández no estaba "readaptado".
Hernández, quien antes de oponerse a los proyectos privatizadores del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994) en materia energética era simpatizante del gobernante Partido Revolucionario Institucional, siempre sostuvo que su encarcelamiento era una venganza política.
Con su detención, luego de un juicio que políticos y grupos humanitarios consideraron irregular y marcado por la "siembra" de pruebas, el Salinas quedó sin opositores dentro del sindicalismo del Estado.
"Como Hernández, cuya libertad se logró a través de presión y negociación política, hay decenas de personas, especialmente líderes campesinos opositores, que cometieron el único pecado de ser opositores al gobierno", señaló Fernández.
Amnistía Internacional sostuvo que en México existen 150 presos de conciencia, mientras el grupo Agustín Pro habla de 100.
Según Fernádez, durante la presidencia de Zedillo se sumron 25 presos de conciencia a las listas. Se trata en su mayoría de campesinos e indígenas que militan en organizaciones opositoras y que han sido acusados de colaborar con el guerrillero Ejército Popular Revolucionario o ser miembros de ese grupo.
El gobierno de Zedillo niega que existan en México presos de conciencia, pero promete estudiar ciertos casos denunciados.
"El tema de los presos de conciencia es grave y debe salir del olvido en el que las autoridades pretenden tenerlo", expresó Fernández. (FIN/IPS/dc/mj/hd/97
