La matanza de alrededor de 45 indígenas en el estado Chiapas, sur de México, fue obra de un grupo paramilitar vinculado al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que recibe protección de autoridades y policías, denunciaron portavoces de la Iglesia.
En uno de los hechos más violentos registrados este año en Chiapas, campesinos opuestos a la guerrilla zapatista y relacionados con el PRI atacaron este lunes con armas de alto poder un campamento de indígenas desplazados.
El vicario de la diócesis de Chiapas, Gonzalo Iturarte, y el obispo Samuel Ruiz acusaron este martes a las autoridades del estado y a la policía de no evitar la matanza a pesar de contar con datos y denuncias sobre la presencia de grupos armados irregulares.
Informes procedentes de la zona indican que los indígenas que huyen de la violencia y que pertenecen al grupo pacifista "Las abejas", no vinculado a la guerrilla zapatista, recibieron disparos a quemarropa y sin mediar amenaza o advertencia alguna.
Médicos indicaron que atendieron en los hospitales a varios niños, adolecentes y mujeres heridos con balas expansivas (diseñadas para explotar dentro del cuerpo).
Entrevistado por una radioemisora local, el procurador de Justicia de Chiapas, Marco Bezares, señaló que desconoce pormenores sobre los hechos y ofreció, como en otras ocasiones, investigar "hasta la últimas consecuencias".
La presencia de campesinos armados vinculados al PRI en Chiapas viene siendo denunciada hace varios meses por la Iglesia, grupos humanitarios y partidos de oposición.
Grupos como los Chinchulines, Máscara Roja y Paz y Justicia son los responsables este año de al menos 32 asesinatos, destrucción de casas y de la expulsión de más de 4.000 indígenas hacia zonas inhóspitas de la selva.
A pesar de las evidencias que vinculan a los grupos irregulares con el PRI y demuestran que reciben protección policial, las autoridades de Chiapas aseguran que todo es falso.
La guerrilla zapatista, que mantiene en suspenso el diálogo de paz con el gobierno desde 1996, sostiene que las autoridades solapan y promueven la violencia con la intención de provocar la guerra y justificar un ataque a su comandancia.
En Chiapas se vive una guerra de baja intensidad, aseguran la Iglesia y los grupos humanitarios.
La semana pasada, cuando el el nuncio apostólico Justo Mullor visitaba la zona para conocer la situación y promover, según dijo, la paz y la tolerancia, un indígena fue asesinado por paramilitares y otros siete resultados heridos.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo afirma que hace todo lo posible por mantener la paz en Chiapas y buscar reiniciar los diálogos con la guerrilla.
Sin embargo, la violencia por asuntos políticos, religiosos y de tierras creció este año en el estado. La reactivación del diálogo de paz se proyecta como una posibilidad remota y la presencia militar en la zona aumenta en forma progresiva.
La guerrilla advierte que no reiniciará los contactos con las autoridades hasta que el gobierno acepte un proyecto de ley que recoge una acuerdo sobre derechos indígenas, disminuye la presencia militar y se pone freno a los grupos paramilitares. (FIN/IPS/dc/mj/ip/97
