La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el martes 9 la violencia que sufre Colombia y el "impresionante" avance que han tenido los grupos paramilitares que, junto a miembros de las fuerzas públicas y la guerrilla, son los agentes de esa situación.
Al término de una visita de ocho días a este país, el presidente de la CIDH, John Donaldson, dijo que en esta situación de violencia que deja una secuela de 150.000 desplazados forzosos al año y 3.000 muertos, es especialmente preocupante el avance que han tenido los grupos paramilitares.
"El nivel de coordinación, de mando, de actuación y de contacto con la prensa" de esos grupos irregulares de derecha "es impresionante", afirmó el titular de la comisión humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según Donaldson, el Estado colombiano tiene el deber de detener a estar personas, "procesarlas y desmantelar todas esos grupos" que, como lo han reconocido el presidente Ernesto Samper y el comandante de las Fuerzas Armadas, Manuel Bonett, "son unos criminales".
Carlos Ayala, vicepresidente de la CIDH afirmó, a su vez, que durante la visita se recibieron informes "concretos, consistentes y fidedignos" sobre que el ejército actúa, "en algunos casos, conjuntamente con los grupos paramilitares".
Estas actuaciones combinadas se realizarían para atacar directa e indiscriminadamente a la población civil y provocar el desplazamiento forzado de personas.
El ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, respondió al pronunciamiento de la CIDH afirmando que estas informaciones no pueden aceptarse "de manera instantánea".
Indicó que la visita de la comisión se produjo por invitación del propio gobierno, que presentará su posición antes del informe oficial que debe presentar ese organismo de la OEA en febrero.
Sin llegar a descalificar las declaraciones de los representantes de la CIDH, el ministro señaló que no se hace una mención institucional al ejército sino que se acusa a algunos de sus integrantes individualmente.
Sostuvo también que el gobierno "reconoce la difícil situación que en materia de derechos humanos vive el país", pero aseguró que se está trabajando para superarla.
El comandante Bonett calificó los contenidos del informe entregado a la prensa por delegados de la CIDH como "injustos y precipitados" y dijo que las afirmaciones sobre colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas con grupos paramilitares, son "las mismas que siempre se hacen" en contra de la institución.
No obstante, el jefe militar indicó que se están investigando en el interior de las Fuerzas Armadas posibles vinculaciones de miembros de ésta con grupos paramilitares.
Señaló el caso de Mapiripan (sudeste de Colombia), ocurrido en julio de este año, en el que fueron asesinados cerca de 30 campesinos por un presunto grupo paramilitar, sin que el ejército atendiera los pedidos de auxilio que hicieron las autoridades de la población de la zona.
La comisión de la OEA expresó, a través de un comunicado, su rechazo a las últimas masacres de campesinos atribuidos a paramilitares, especialmente las ocurridas entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, que dejaron un saldo de 50 muertos.
Para ese organismo, estos hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad que generarían responsabilidad penal individual para los autores, "perseguibles en cualquier Estado donde fueren hallados.
La CIDH expresó también sus reservas sobre las Cooperativas de Vigilancia Privada (Convivir), grupos de civiles creados por el gobierno para prestar apoyo a la fuerza pública.
De acuerdo al informe, luego de las entrevistas sostenidas con miembros de las Convivir, "se pudo comprobar que al menos algunos de ellos están actuando más allá de sus deberes y realizando tareas de inteligencia para el ejército".
La comisión indicó además que recibió "denuncias fundadas de que la guerrilla sigue cometiendo violaciones al Derecho Internacional Humanitario", entre las que se cuentan ejecuciones sumarias, toma de rehenes, reclutamiento de menores y uso indiscriminado de minas terrestres.
La divulgación del documento de la CIDH coincidió este martes con la liberación del obispo de Tibú (nordeste de Colombia), Jesús Quintero, y el alcalde de esa misma población, Humberto Rangel, quienes habían sido secuestrados en noviembre por el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pese a lo negativo del informe, la comisión consideró el tono esperanzador que se percibe en sectores de la sociedad civil, que expresaron su deseo de paz el pasado 26 de octubre.
En esa oportunidad, cerca de 10 millones, de los 36 millones de habitantes, votaron por el "mandato ciudadano por la paz", expresando su protesta contra la violencia en todas sus formas y su pedido a los actores del conflicto armado buscar una solución política. (FIN/IPS/yf/dam/hd/97
