El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Paulo Sérgio Pinheiro, demandó el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas al país africano.
Burundi soporta un "peligroso aislamiento" de sus vecinos de la región de los Grandes Lagos y de la comunidad internacional, advirtió el experto.
Pinheiro opinó que la mediación emprendida en la región por el ex presidente de Tanzania Julius Nyerere "se encuentra en un callejón sin salida".
La inercia de los estados que tienen responsabilidad especial en la región y la ausencia de un alto el fuego entre los beligerantes "prolongan los sufrimientos de la población y provocan nuevas pérdidas de vidas".
El experto brasileño, que concluyó este sábado una visita de dos semanas a Burundi, constató los efectos del embargo regional contra el régimen del mayor Pierre Buyoya, instaurado por el golpe militar de julio de 1996.
Las condiciones de vida de la población civil se han agravado y "la situación sanitaria es desastrosa" lamentó Pinheiro.
En Burundi no existe ningún programa de cooperación internacional, "ni siquiera para combatir el sida", dijo.
Además de las 600.000 personas desplazadas por los conflictos bélicos, todo el resto de la población de Burundi sufre los efectos devastadores de la desnutrición, las epidemias y la escasez de medicamentos, describió.
Pinheiro estimó, en declaraciones a la prensa, que "ha llegado la hora de una evaluación seria de la utilidad del mantenimiento de las sanciones económicas".
El representante de la ONU opinó que el régimen de facto ha realizado esfuerzos por concertar un diálogo interno y "para iniciar un proceso de paz en el país".
El gobierno de Bujumbura, controlado por integrantes de la comunidad tutsi, soporta el asedio de guerrillas integradas por miembros de la etnia hutu, mayoritaria en ese país africano.
La inestabilidad se precipitó en Burundi en 1993, con el asesinato del presidente Melchior Ndadaye, el primer hutu en alcanzar esa magistratura, a manos de tropas tutsis.
En un informe favorable al desempeño de las autoridades de Bujumbura, Pinheiro destacó "el carácter positivo de las medidas adoptadas por las autoridades civiles y militares" para incorporar a la población en trabajos de reconstrucción.
La seguridad pública mejoró en el país y las principales carreteras han sido despejadas, dijo Pinheiro.
Sin embargo, el experto también se hizo eco de críticas por el empleo de civiles en actividades militares, como la limpieza de campos minados y el mantenimiento del orden.
Las actividades de los rebeldes hutus se encuentran en retroceso debido a que el ejército gubernamental obtiene más apoyo de la población, opinó Pinheiro.
Las guerrillas se desplazan en especial por las selvas de Kibira, en los alrededores de las provincias de Bujumbura-rural y de Bururi.
Los grupos armados secuestran niños y adolescentes, mientras concentran sus actividades en ataques a escuelas y edificios públicos, refirió el enviado de la ONU.
Durante su estada en Burundi, Pinheiro visitó las zonas donde se alojan decenas de miles de refugiados y desplazados. Sólo la provincia de Bubanza aloja a 170.000 damnificados, indicó.
El funcionario comprobó también las condiciones de las cárceles del país. En la prisión central de Mpimba, encontró a 111 condenados a muerte hacinados en dos celdas. (FIN/IPS/pc/dg/hd-pr- ip/97
