El aborto al que iba a ser sometida el miércoles 17 una brasileña de once años de edad fue suspendido por decisión de su padre, pero el tema intensificó la polémica sobre la legalización de algunos casos de interrupción del embarazo .
La niña, identificada por la prensa como M., que vive con sus padres en Sapucaia, pequeña ciudad a 200 kilómetros de Rio de Janeiro, fue violada hace cuatro meses.
En virtud de ellop y por los riesgos del parto a su edad, el juez Luiz Olimpio Mangabeira Cardoso autorizó el aborto.
La legislación brasileña en vigencia hace 50 años autoriza el aborto en esos dos casos: estupro y peligro de vida para la embarazada.
El Congreso discute actualmente una reglamentación de ese derecho para obligar a los hospitales públicos a hacer la cirugía en los casos previstos en la ley con el objetivo de reducir la cantidad de abortos clandestinos y permitir que los pobres tengan acceso a ese recurso.
La iglesia católica se opone a la ley complementaria, argumentando que el aborto equivale a un asesinato.
Una movilización de católicos intentó impedir el aborto de la niña M. El cardenal Eugenio Salles, arzobispo de Rio de Janeiro, distribuyó una nota protestando contra la autorización judicial, en la que señala que "no es facultad del juez dirimir quién debe ser asesinado, si la madre o el feto".
La arquidiócesis de Rio ofreció toda la ayuda necesaria a M. y su familia para que pueda tener el hijo, recordando que ya asiste a muchas embarazadas como consecuencia de violaciones.
Una Comisión de Defensa de la Vida de la diócesis católica de Sao Jose dos Campos, a 350 kilómetros de Rio de Janeiro, solicitó a altas instancias de la justicia impedir que se cumpliera el fallo del juez de Sapucaia.
Pero fue un médico, Altamiro Sotler, que vino de lejos y convenció a los padres de M., pobres campesinos de Sapucaia, de desistir del aborto, asegurando que no habrá ningún riesgo para la vida de la niña en el parto.
El caso enciende la polémica que opone a la iglesia y los defensores de la legalización del aborto.
La visita del Papa Juan Pablo II a Brasil, en octubre, estimuló una ofensiva de los católicos contra la nueva ley. Ciertos sacerdotes llegaron a llevar al Congreso Nacional a niños nacidos como consecuencia de estupros para fortalecer sus argumentos.
La diputada Marta Suplicy, del izquierdista Partido de los Trabjadores y una de las mayores defensoras de la legalización del aborto, condenó el uso del caso de M. por parte de los católicos en su campaña contra la ley de reglamentación.
Sería bueno que todas las madres víctimas de estupro tuvieran la asistencia que M. sólo tendrá porque su caso obtuvo gran difusión, comentó la diputada.
En Brasil no existen cifras seguras al respecto, pero se estima en millones los abortos que se realizan anualmente en la clandestinidad.
Ciertas estimaciones hablan de tres millones, basándose en la cantidad de mujeres que llegan a los hospitales por complicaciones posparto provocadas por abortos hechos en condiciones inadecuadas. (FIN/IPS/mo/dg/hd-pr-he/97
