La policía de la provincia de Buenos Aires, involucrada en los más graves delitos cometidos en Argentina como el atentado a una mutual judía o el crimen de un periodista, tiene desde el lunes 22 un jefe civil, resistido por los uniformados pero respaldado por el gobierno y la oposición.
El ex diputado Luis Lugones asumió este lunes como interventor de la fuerza policial más numerosa del país en reemplazo de un jefe uniformado, y también juró como responsable de la seguridad provincial. Su compromiso es llevar adelante una inédita reestructuración institucional.
En diálogo con IPS, la antropóloga Sofía Tiscornia, experta en temas de violencia policial y derechos humanos, advirtió que el proyecto es bueno, pero alertó sobre el peligro de que se imponga sin debate, como "una respuesta autoritara a una policía autoritaria".
Tiscornia, del Centro de Estudios Legales y Sociales, explicó que coincide con la necesidad de una transformación profunda como la que se plantea el proyecto pero rechaza su elaboración secreta. "Asi no se construye consenso para combatir un asunto tan serio", advirtió.
La corrupción policial coincide con el ascendente problema de la inseguridad que afrontan los argentinos, víctimas de un incremento del delito. La inseguridad es considerada en las encuestas uno de los primeros problemas que afligen a los ciudadanos junto con el desempleo.
El nuevo proyecto prevé descentralizar la fuerza con la creación de 18 departamentos, cada uno a cargo de un jefe policial que será controlado por un auditor. Se pasará a retiro a unos 200 oficiales y se desmantelarán las cuestionadas brigadas -focos de recaudación de dinero ilegal-.
También se diseñará un nuevo presupuesto ajustado a la estructura y al movimiento de cada departamento, se crearán instancias de control judiciales y de ciudadanos y se eliminará la atribución policial de confeccionar sumarios, prerrogativa que pasará a jurisdicción del juez.
La policía de la provincia de Buenos Aires es la fuerza más cuestionada por organismos humanitarios, según los cuales finalizada la dictadura militar (1976-83),la institución logró sobrevivir sin cambios, manteniendo un trato represor y antidemocrático con la sociedad civil.
La Coordinadora contra la Represión Policial lleva un registro de más de 400 crímenes perpetrados por la policía desde el advenimiento de la democracia en 1983.
En los últimos dos años, el fenómeno de criminalidad policial se agravó aún más cuando se conoció su involucramiento en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994 con un saldo de 83 muertos y centenares de heridos.
Actualmente hay cuatro policías de la provincia bonaerense detenidos en la causa AMIA y procesados como partícipes necesarios. Uno de ellos, el ex comisario Juan Ribelli, era mano derecha del jefe de la policía -el cargo que asumió Lugones-.
Ribelli está siendo investigado porque recibió una supuesta herencia anticipada de su padre de 2,5 millones de dólares. Los pesquisas sospechan que ese pudo haber sido el pago recibido por el ataque.
El periodista Juan Salinas, en su libro "AMIA, el atentado", denunció que Ribelli acumuló propiedades y negocios por unos 15 millones de dólares, y era la "mano derecha" del ex jefe de la policía Pedro Klodczyck, relevado este año y ahora investigado por enriquecimiento ilícito.
Del mismo modo, hay 15 policías investigados y otros tres detenidos en la causa en que se investiga el brutal asesinato del periodista José Luis Cabezas, ocurrido en enero de este año. El cuerpo del reportero apareció quemado, maniatado y con disparos de bala.
También hay policías de la División Nacotráfico de la provincia detenidos por venta de drogas. Uno de los que dirigía la banda tenía ocho propiedades, una de más de un millón de dólares, pero sólo cuando fue filmado por una cámara oculta de televisión comenzó la investigación.
En los últimos meses, las investigaciones judiciales permitieron conocer además que había centenares de policías de la provincia dando cobertura a capitalistas del juego ilegal, y una banda de uniformados dedicada a confeccionar sumarios fraudulentos.
La corrupción policial es el talón de Aquiles del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Eduardo Duhalde, aspirante a la presidencia por el gobernante Partido Justicialista.
Consciente de que la percepción popular de una falta de voluntad para combatir la corrupción policial fue una de las claves de la derrota electoral de su esposa Hilda Gonález en los comicios legislativos de octubre, Duhalde se propuso atacar el problema de raíz.
El diputado Federico Storani, de la nueva Alianza de oposición, advirtió que el problema de la seguridad "es gravísimo" en Argentina y hasta ahora el gobierno toleraba a la policía que se financiaba con dinero ilegal y mantenía una estructura que fomentaba la corrupción.
No obstante, reconoció que el nuevo proyecto se parece mucho al de la Alianza, aunque no cuenta con apoyo de decenas de comisarios que rechazan la conducción civil y amenazan con sublevarse. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd-pr/97)
