HRW
WASHINGTON, 14 dic (IPS) La tortura contra supuestos insurgentes y delincuentes comunes es "rutinaria" y está "institucionalizada" por el gobierno del presidente de Perú, Alberto Fujimori, según un nuevo informe presentado por la organización de derechos humanos Human Rights Watch/Americas.
El informe de 41 páginas, "Tortura y Persecución Política en Perú", acusa al gobierno de socavar sistemáticamente las instituciones independientes que podrían reducir la práctica como la fiscalía y el sistema de cortes, y de dar señales de estimular los ataques contra políticos y periodistas que lo denuncian.
"Episodios bien documentados de tortura han sido acompañados de una constante erosión de los poderes de cuerpos constitucionales clave encargados de la defensa de los derechos humanos", aseguró José Miguel Vivanco, director del grupo con sede en Washington.
"Además, la prensa y los políticos son atacados por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Fujimori", agrega el documento de HRW.
El informe también hace un llamado a Estados Unidos a suspender toda asistencia al Servicio de Inteligencia Nacional de Perú (SIN), y se distancia públicamente del jefe del SIN y prominente asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien, según se cree, trabajó con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
La tortura ha sido utilizada contra los propios agentes de seguridad del régimen, según el informe.
En abril, el Canal 2 de televisión conocido como Frecuencia Latina, presentó imágenes de los dedos y tobillos heridos e inflamados de Leonor La Rosa, agente de inteligencia del ejército sospechosa de filtrar a la prensa planes secretos para intimidar a periodistas y miembros de partidos opositores.
Sus heridas aparentemente fueron causadas con una llama de soldadura.
El cuerpo de una colega de La Rosa, Mariela Lucy Barreto Riofano, también sospechosa de filtrar información, fue encontrado el mes anterior a un lado de un camino, sin cabeza, manos ni pies.
Después de la emisión televisiva, el gobierno lanzó contra Frecuencia una investigación por evasión de impuestos y fraude aduanero, táctica también usada contra una estación de radio y la clínica privada que trató a La Rosa.
Además, privó al accionista mayoritario de Frecuencia, un israelí naturalizado, de su nacionalidad peruana, y forzó la venta de la estación a sus propietarios minoritarios.
El uso de la tortura por las fuerzas armadas y la policía y los asesinatos sumarios y las desapariciones fueron bien documentados durante las campañas contrainsurgentes contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), ambos responsables de serias violaciones de los derechos humanos.
Human Rights Watch destaca que gran parte de estas violaciones disminuyeron a medida que el gobierno ganó la delantera a las guerrillas en los últimos años. También considera positivo que el gobierno haya abolido las llamadas cortes sin rostro utilizadas para juzgar a los terroristas.
Sin embargo, y a pesar de estas medidas, HRW insiste en que la tortura persiste, así como otras facetas del operativo contrainsurgente del gobierno que facilita la tortura y no estimula el seguimiento judicial de los casos.
Por ejemplo, leyes antiterroristas permiten detener a los sospechosos e incomunicarlos hasta 10 días sin una orden judicial. También impiden que miembros de la policía que llevaron a cabo interrogatorios de sospechosos comparezcan ante la corte para un careo.
Human Rights Watch, que basó gran parte del informe en investigaciones llevadas a cabo por grupos de derechos humanos locales, citó un ejemplo particularmente notorio de tortura el año pasado como evidencia de que la práctica continúa siendo una parte integral de los esfuerzos contrainsurgentes.
En marzo, antes de que el ejército liberara 71 rehenes retenidos por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima, detuvo a palantadores de café en Alto Yurinaki, supuesto origen de la columna del MRTA que capturó a los rehenes.
Posteriores entrevistas con víctimas y testigos revelaron que el ejército había torturado a casi todos los detenidos, en un esfuerzo por obligarlos a declararse a sí mismos y sus vecinos como miembros del MRTA.
Los métidos incluyeron tortura, submarinos, choques eléctricos y largos períodos de pie al sol sin alimentos. Finalmente, todos excepto uno de los detenidos fueron liberados por falta de evidencias, según el informe.
El informe también concluye que Fujimori complicó la situación privando de su independencia a instituciones con las que normalmente se cuenta para reducir tales prácticas.
Los jueces civiles aún ocupan puestos provisorios en muchas partes del país, sujetos a ser retirados por un comité dominado por un funcionario designado por el gobierno.
En los últimos meses, el partido de Fujimori, Cambio 90-Nueva Mayoría, intentó mantener el control sobre agencias como el Ministerio Público, que trabaja con la fiscalía.
El intento recayó también sobre la Corte Constitucional, y tres de sus jueces que declararon inconstitucionales los planes de Fujimori de presentarse a una segunda reelección fueron destituidos por el partido gobernante, el cual tiene una mayoría sustancial en el Congreso.
Los medios, mientras tanto, encuentran cada vez más difícil llamar la atención sobre violaciones de los derechos humanos, como sugiere el caso Frecuencia. Además, periodistas individuales que cubrieron casos de tortura recibieron varias amenazas, incluyendo violencia física.
El informe urge al gobierno a iniciar "una investigación inmediata e imparcial" sobre el uso de la tortura en Alto Yurinaki y a juzgar a los responsables. También exhorta al gobierno a respaldar legislación que asegure la inclusión del delito de tortura en el Código Penal.
Aunque HRW reconoce al embajador de Estados Unidos en Perú, Dennis Jett, por hacer declaraciones cada vez más fuertes a los medios peruanos sobre el uso de la tortura y el debilitamiento de las instituciones democráticas, sostiene que Washington debería hacer más por distanciarse de tales prácticas, incluyendo el corte de un programa encubierto de ayuda contra la droga al SIN.
"Esta evidente vinculación con una unidad profundamente involucrada en violaciones de los derechos humanos socava el impacto de declaraciones hechas por Jett y el Departamento de Estado", sostiene el informe. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/hd-ip/97
