CUBA: Familias de pilotos caídos ganan en EEUU juicio a Castro

Una corte de Estados Unidos halló al gobierno de Cuba culpable del "asesinato extrajudicial premeditado" de tres pilotos del grupo anticastrista Hermanos al Rescate cuyos aviones fueron derribados en el mar Caribe en 1966.

El juez federal del estado de Florida James Lawrence King ordenó el miércoles a La Habana el pago de 50 millones de dólares en compensación a los familiares de las víctimas, y a la Fuerza Aérea cubana a pagar otros 137 millones.

Se trata del primer caso en el que se aplica la nueva ley antiterrorista de Estados Unidos, rechazada por el gobierno de Cuba, entre otros, por su carácter extraterritorial.

King dictaminó que los aviones volaban sobre aguas internacionales el 24 de febrero, cuando fueron derribados por los aviones de combate MiG cubanos.

"Me siento ahora más confiado en la justicia estadounidense pero no tanto como yo quería, porque el único acercamiento que quiero con el gobierno de Cuba es verlo sentado como acusado en un juicio criminal", dijo a IPS Mario de la Peña, padre de uno de los pilotos fallecidos.

Los abogados de los familiares anunciaron que, tras el fallo de King, iniciarán juicio criminal contra los pilotos cubanos responsables del derribo y contra sus superiores, incluso el presidente Fidel Castro en su calida de comandante de las Fuerzas Armadas.

Además, abrirán otro proceso para que la compensación sea pagada de fondos del gobierno de Cuba congelados en Estados Unidos desde la década de 60.

Los familiares ya han recibido ayuda del gobierno de Estados Unidos procedente de esos fondos, estimados en miles de millones de dólares.

El veredicto del miércoles cierra un proceso iniciado en Miami a mediados de noviembre, cuando fue presentada la demanda ante la corte.

Los familiares Mario de la Peña y otros dos ciudadanos estadounidenses a bordo, Manuel Alejandre y Carlos Alberto Costa, abrieron el primer caso presentado bajo la nueva ley contra el terrorismo de Estados Unidos.

Esta legislación establece que un estado extranjero puede ser demadado por compensaciones monetarias "por lesiones personales o muerte causadas por un acto de tortura u homicidio extrajudicial".

"Cuba ha sido claramente expuesta como un país terrorista y violador de los derechos humanos", dijo el abogado Víctor Díaz.

En el jucio declararon testigos oculares del derribo, especialistas, sacerdotes y algunos familiares de las víctimas, cuyos cuerpos nunca fueron hallados después de que las avionetas se estrellaran contra el océano.

"El no estaba metido en política. Volar era su pasión y nunca hubiese dudado en ayudar a nadie que lo necesitara", dijo en la corte Michael de la Peña, hermano menor Mario. La cuarta víctima, Pablo Morales, no participó en el caso por ser ciudadano cubano residente en Miami.

Las aeronaves partieron del aeropuerto de Opa-Locka, en el noroeste de Miami, para detectar y ayudar a balseros en viaje entre Cuba y Florida, una misión que ellos definieron como de carácter humanitario.

El portavoz de la Cancillería cubana, Miguel Alfonso, dijo al comienzo del proceso que esta accion legal se basa en una ley extraterritorial que no es reconocida por La Habana y que la corte de Miami fue manipulada por opositores al gobierno de Castro.

"Es parte de un 'show' que los exiliados tratan de mantener contra la revolución", dijo a IPS el portavoz de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, Luis Fernández.

Cuba sostiene que los aviones se encontraban dentro de su territorio cuando fueron derribados e indicó que Hermanos al Rescate había sido advertida tras media docena de incursiones clandestinas, incluso un vuelo sobre La Habana para lanzar panfletos prodemócratas.

Las autoridades cubanas rechazaron el año pasado un informe recopilado por investigadores de la Organización de Aviación Civil, según el cual los pilotos anticastristas "estaban desarmados" y cumplían "labor humanitaria", recordó Aaron Podhurst, otro de los abogados de los familiares.

El repudio que este incidente desató en Estados Unidos cerró las puertas a los intentos de acercamiento que habían comenzado a gestarse entre Washington y La Habana.

La reaccin más directa fue la aprobación de la Ley Helms- Burton, que endureció el embargo estadounidense contra Cuba mediante sanciones a empresas de terceros países que comercien con la isla en propiedades confiscadas por la revolución de 1959.

Otras medidas vinculadas incluyen la cancelación de vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba y la restrucción de viajes de funcionarios cubanos al país norteamericano. (FIN/IPS/lr/mj/ip/97