La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca) denunció que algunos cuerpos policiales de Costa Rica utilizan métodos de tortura, en un balance sobre la situación de los derechos humanos en la región.
El coordinador general de Codehuca, Daniel Camacho, afirmó que en América Central hay una relativa mejoría en el respeto de los derechos civiles y políticos, pero que aún persisten violaciones.
Citó situaciones como la de Guatemala, donde todavía se producen ejecuciones extrajudiciales cuyo origen se desconoce, y Honduras, donde esta violencia está afectando principalmente a ex militares.
De la misma forma, agregó, hay cuerpos de policía en Costa Rica "que están torturando" y que el organismo de defensa de derechos humanos nacional ha recibido varias denuncias en ese sentido.
Tanto el organismo nacional como el centroamericano harán una investigación al respecto, informó Camacho, quien dijo que no podía profundizar en el tema porque la investigación solo está comenzando y se necesita información muy sólida antes de denunciar a cuerpos policiales específicos.
Codehuca dio a conocer este viernes un estudio sobre las procuradurías de derechos humanos y las defensorías de los habitantes centroamericanas, según el cual las de El Salvador y Costa Rica son las más eficientes.
Luis Fernando Astorga, miembro de la organización, señaló que mientras se da un progresivo debilitamiento de la institucionalidad, las defensorías y procuradurías de América Central gozan de gran prestigio.
En Costa Rica, los sondeos muestran que la Defensoría de los Habitantes es la institución de mayor credibilidad entre la población, destacó.
No obstante, estas instituciones muestran algunos puntos oscuros, según el informe de Codehuca.
Camacho expresó preocupación por la politización de la función, a la cual no escapa ninguna de las personas que están al frente de las procuradurías y defensorías de los habitantes.
Señaló el caso de Costa Rica, donde "el mecanismo de nombramiento claramente fue politizado por un acuerdo entre los partidos políticos para nombrar a la actual Defensora" y aseguró que "lo mismo está sucediendo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombramientos se negocian".
"Esta situación es muy grave", dijo Camacho. "Por eso el cargo de Defensor debe estar libre de toda influencia política".
También indicó que el cargo de procurador o defensor es visto como un trampolín político y para evitarlo Codehuca recomienda que haya una amplia participación de la sociedad civil en su nombramiento.
Pero en general, Camacho dijo que las procuradurías de derechos humanos y las defensorías de los habitantes son un instrumento útil para la población centroamericana. (FIN/IPS/mso/ag/hd/97
